guardia civil
JUCIL informa: aún no hay un derecho general a percibir el CES de los compañeros en la reserva en catálogos ajenos a la Guardia Civil
La asociación profesional está pendiente de la admisión por el Tribunal Supremo de un recurso de casación que, de estimarse, sí generaría efectos de carácter general para todos los guardias civiles en esta situación
La falta de una jurisprudencia del máximo tribunal sobre este tema hace que ahora distintos estamentos judiciales dicten sentencias que, en función de las circunstancias particulares de cada caso, logren el reconocimiento del complemento específico para estos compañeros en la reserva
Los servicios jurídicos de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) quieren salir al paso de algunas informaciones difundidas desde distintas asociaciones en las que se indica que se ha conseguido el abono del CES al personal en reserva destinado en puestos de trabajo de catálogos ajenos a la Guardia Civil, por allanamiento del abogado del Estado. Con el ánimo de resolver las dudas e inquietudes que puedan surgir a los compañeros en situación de reserva se puntualiza, para conocimiento e información a los asociados, lo siguiente:
- No se tiene conocimiento de la existencia de ninguna Sentencia firme que despliegue efectos generales, y que correspondería en todo caso al Tribunal Supremo, al estar reguladas las retribuciones en una norma con rango de Real Decreto (el RD 950/2005). Los comunicados difundidos por estas asociaciones aluden al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
- En las demandas ante los Tribunales Superiores de Justicia por este asunto (demandas que también plantea JUCIL en defensa de sus afiliados) se realiza un análisis particular de cada caso concreto. Los tribunales valoran cada vacante concreta con los cometidos de los interesados y los que desempeñan o pueden desempeñar sus compañeros en funciones similares. Si no son cometidos idénticos, y se suele exigir que sean exactamente iguales, no se estima la demanda.
- Entre los distintos Tribunales Superiores de Justicia, incluso en casos donde se estudia el mismo supuesto, existen en la actualidad discrepancias.
- En cada caso concreto resulta de especial y gran importancia el informe que realice el jefe de unidad. Si en este informe se reconocen dichas circunstancias, las probabilidades de éxito son mucho mayores. Desafortunadamente, no suele ser así.
- El allanamiento de la Abogacía del Estado en el caso concreto del Tribunal Superior de Madrid, algo claramente inusual, es probable que traiga causa de la existencia de estos informes favorables, en términos muy claros a favor de la realización de las mismas funciones, o de sentencias precedentes dictadas por el propio tribunal a compañeros en vacantes idénticas (no similares, idénticas). De modo que el tribunal ya se ha pronunciado claramente sobre el derecho en unas vacantes y destinos concretos, careciendo de sentido mantener el mismo criterio para obtener una sentencia en contra y las costas del proceso.
- JUCIL tiene pendiente de admisión en estos momentos un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra una de estas sentencias desestimatorias del CES en vacantes de reserva, que de admitirse y estimarse, sí podría generar efectos generales respecto de determinadas vacantes y destinos de reserva.
La conclusión: todavía no podemos hablar de un derecho general reconocido por los tribunales
JUCIL quiere de esta forma dejar claro para todos los compañeros en la reserva que podrían estar afectados por alguna de las anteriores circunstancias que, en el momento actual, y a salvo de la existencia de una sentencia que una vez sea objeto de dominio público podrá ser estudiada para confirmar lo anteriormente indicado, no cabe decir que los tribunales hayan establecido el derecho a percibir el CES de los guardias civiles en reserva destinado en catálogos ajenos a la Guardia Civil, sino que, como hasta la fecha, en algunas ocasiones se consigue que los compañeros en determinados destinos de reserva (dependiendo de las circunstancias concretas del puesto y de la documentación obrante en el expediente) lo consigan. Confiamos en que estas aclaraciones y precisiones sirvan para que se puedan resolver las dudas e inquietudes que puedan surgir a los compañeros en situación de reserva.
CONVOCATORIA DE CURSO DE ESPECIALIDAD DE TRÁFICO MODALIDAD DE DIRECCIÓN NIVEL B PARA EL EMPLEO DE BRIGADA
Muchos de nuestros asociados de la escala de suboficiales nos han hecho llegar la problemática, en torno a la ausencia de convocatorias de curso de especialidades para los empleos de brigada y subteniente, con la consecuente discriminación a efectos de continuar con su crecimiento profesional, de manera que los cursos de especialidad que no hayas realizado ostentando el empleo de sargento o sargento 1º no vas a poder realizarlos cuando asciendes, perdiendo la Guardia Civil valioso potencial humano. Tras un análisis realizado por Jucil, tomando como muestra el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2022, se han contabilizado la publicación de aproximadamente 217 cursos, de los cuales, únicamente 87 eran susceptibles de ser solicitados por brigadas y subtenientes, no obstante, entre este tipo de formación no se encontraba ningún curso que diera la titulación de una especialidad.
En el Boletín Oficial de la Guardia Civil nº37 de fecha 12 de septiembre de 2023, se ha publicado la resolución nº 773/2023 del 8 de septiembre de la jefatura de enseñanza, por la que se convoca el II curso de la Especialidad de Tráfico en la modalidad de Dirección nivel B, describiendo en su apartado 1.3.2 la disponibilidad de 20 plazas par realizar el curso, de las cuales 15 son destinadas a personal del empleo de sargento y sargento 1º, y 5 del empleo de brigada. No obstante, Jucil solicita también que este curso se amplíe para el personal del empleo de subteniente, dado que las vacantes a las que pueden ser destinados una vez se ha realizado el mencionado curso, son indistintas para los empleos de brigada y subteniente.
Esta convocatoria significa un avance en la mejora de la carrera profesional en los empleos de brigada y subteniente, disminuyendo la discriminación que sufrían en su carrera profesional, esperamos que no quede únicamente en la especialidad de tráfico y continúe esta línea para el resto de especialidades. En este sentido Jucil continuará trabajando, con previsión y planificación, solicitando desde ya que se ponga a trabajar la DGGC en el sentido de que se aumenten la plantilla de Brigadas/Subtenientes de cara al nuevo real decreto de plantilla 2026-2030.
Jucil Suboficiales
14 de septiembre de 2023
LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA
En primer lugar, se procede a la aprobación del acta anterior, a continuación, se tratan diferentes propuestas generales, entre ellas:
– Ante la solicitud de un compañero, sobre el uso y dotación de funda de pernera para el arma oficial, la Administración responde que no tiene entre sus prioridades adquirir mencionado material.
– Jucil solicita información relativa a la situación actual de los chalecos antibalas, a lo que la Administración nos trasmite lo siguiente:
La existencia de chalecos externos antibalas es de 60.852 unidades, incluyendo en esta cifra los chalecos correspondientes a la anualidad 2023. En cuanto a chalecos internos existen 8.221 unidades, incluyendo los correspondientes a la anualidad 2023. Según nos comentan, aún quedan dos anualidades más, no aportando datos relativos al número de chalecos que faltan para que cada efectivo cuente con uno.
Desde Jucil seguiremos muy de cerca este asunto para que cada Guardia Civil que se está jugando la vida en su jornada laboral y que cada vez se enfrenta a un mayor número de agresiones, disponga, como mínimo, del material de protección necesario.
Por otra parte, se recomienda que los Jefes de Unidad que cuenten con personal cuya complexión le dificulte el uso del chaleco, lo comunique por conducto reglamentario para que desde el Servicio de Armamento se estudie una solución.
– El servicio marítimo será dotado de gafas de sol que estarán incluidas en la uniformidad, así como cremas solares. Jucil solicita además que este extremo se extienda a todas las unidades que realicen servicio en la calle.
– Está pendiente la recepción de 3600 chalecos airbag para el personal de tráfico.
– Sobre la realización de trabajo en horario nocturno, Jucil solicita un procedimiento que lo regule al igual que la policía nacional cuenta con una instrucción operativa, en el que se establezca que a partir de 55 años el trabajador pueda solicitar no realizar servicios en horario nocturno.
– Se va a iniciar un contrato de obra menor para dotar al servicio marítimo de 275 pares de zapatos antideslizante y esperan que se entreguen antes del final de octubre.
– Debido al elevado aumento de casos de atentado contra agentes de la autoridad, podríamos hablar de la desaparición del principio de autoridad y en este sentido y dada la virulencia y hostilidad con la que los compañeros son recibidos en los avisos en numerosas ocasiones, Jucil solicita aumentar la frecuencia de los ejercicios de tiro, al igual que el Cuerpo Nacional de Policía que lo tienen trimestralmente. Así mismo, se solicita que la realización de jornadas patio sean mensuales como mínimo, de forma que las técnicas que se enseñan por parte de los formadores sean interiorizadas para poder hacer uso de las mismas en situaciones laborales, ya que actualmente la formación en la Guardia Civil, no deja de ser un mero trámite para que la Dirección General de la Guarida Civil justifique que ha formado a su personal y así eximir responsabilidades de cara a un juzgado.
En la misma línea se solicitan pistolas taser para todas las unidades, especialmente en los puestos de seguridad ciudadana donde un binomio debe enfrentarse sin apoyo a un delincuente en numerosas ocasiones con conductas agresivas. Por parte de esta asociación también se solicita formación para su uso por todos los componentes de las unidades. Se ha solicitado dotación de defensa extensible a todo el personal ya que hasta la presente no todos los guardias civiles están dotados de la misma, por lo que parece que los guardias civiles son como una policía de segunda en cuanto a medios y derechos laborales se refiere.
Para contar con datos más precisos, Jucil ha solicitado un índice estadístico donde se recojan los atentados contra agente de la autoridad debido a que se ha observado en la televisión, que cada vez son más frecuentes los episodios en los que los agentes de la autoridad son agredidos brutalmente, a modo de ejemplo se cita lo sucedido recientemente en Cangas de Onís o la muerte accidental de un agente por el disparo de su compañero. Por tales hechos, Jucil solicita información sobre la situación de pistolas taser, a lo que la Administración contesta que actualmente existen en servicio 166 unidades operativas, de las cuáles:
- a) 156 unidades del modelo T7, las tienen adjudicadas las USECIC y el CAE.
- b) 10 unidades del modelo X2, las tienen adjudicadas la UEI y el CAE.
Se ha tramitado un expediente para la adquisición de 240 unidades de dicho material, el cual tendrá entrada próximamente en los almacenes del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial.
Se ha iniciado la tramitación de un expediente de compra cuatrienal para la adquisición de 240 pistolas taser anuales (960 unidades total), por el importe de 1.000.000 de euros al año.
– En el contexto precitado en el punto anterior se solicitan cascos y escudos antidisturbios para las unidades de seguridad ciudadana, a lo que comenta la DGGC que no está previsto, la DGGC nos comunica que no se les dotara, ya que el uso de ese material debe ser al personal especializado en manejo y uso de este material.
Actualmente hay 8500 cascos antidisturbios distribuidos, se van a distribuir otras 530 unidades anuales más del nuevo modelo hasta el año 25.
– Se van a proceder a modificar el protocolo de acoso laboral actualizándolo con la normativa vigente en cuanto al acompañamiento y comunicación de la víctima se refiere, por lo que habrá un grupo de trabajo para ello a partir del próximo mes de octubre.
– En cuanto al primer curso de formación para adquirir la especialización y habilitación de riesgos laborales para oficiales (técnico superior en PRL) y suboficiales (técnico intermedio en PRL), de 10 masters en prevención de riesgos laborales junto a la cualificación para la Guardia Civil, han sido 5 los oficiales que lo han pedido, y de 30 plazas para obtener la titulación de técnicos intermedios de la especialidad, solo ha habido 21 peticionarios.
– Jucil celebra la implantación del procedimiento PPRL-902 (procedimiento de coordinación y comunicación entre los servicios de sanidad, psicología, prevención de riesgos laborales y la unidad de vigilancia de la salud), pero traslada que debe ser más exhaustivo y clarificador dicho procedimiento, ya que no es de recibo que haya correos groupwise con instrucciones que ahonden más en el tema y clarifiquen más que el propio protocolo.
– Se reitera la solicitud sobre la situación de las motos eléctricas del Seprona, ya que incumplen la normativa para pasar la itv por un defecto grave, además, se interroga a la Administración sobre el incidente ocurrido recientemente, en el que una moto eléctrica ha ardido. Ante esta pregunta no trasladan datos aclaratorios.
– Se reitera que, dada la escasez del personal existente en prevención de riesgos laborales, el mismo debería realizar servicios exclusivamente de esa especialidad. Jucil traslada la necesidad de formación de los Jefes de Comandancia y personal responsable con competencia en materia de prevención de riesgos laborales, dado que en numerosas ocasiones los informes de los técnicos de prevención de riesgos laborales se queda en un cajón, y no se subsanan las deficiencias reflejadas en dichos documentos, por lo que de nada sirve el trabajo realizado por los técnicos en prevención de riesgos laborales si posteriormente se hace caso omiso a las medidas preventivas que deben adoptarse.
– Jucil comunica oficialmente en la comisión de riesgos laborales (también se trasladó hace unas semanas en una reunión al Coronel Jefe del Sector de Madrid), que, en los controles preventivos del alcohol y drogas en horario nocturno, el jefe del control ordena el apagado de los puentes de iluminación de color azul de los vehículos oficiales, cuando los mismos, según las normas de la agrupación, están obligados a estar encendidos.
Se están realizando macro controles de alcohol y drogas en autovías y autopistas, cuyos carriles son cortados en su totalidad sin ajustarse a la normativa de seguridad establecida en ese tipo de controles, ya que no se cuenta con el personal necesario, no se establecen los escalones de vigilancia ni los escalos de seguridad y reacción, poniendo en peligro la seguridad de los propios agentes que realizan el control. Son numerosas las ocasiones en las que los agentes tienen que saltar la bionda.
La Administración traslada que este tipo de sucesos va en contra de las normas de la agrupación, y que va a impartir instrucciones a todas las unidades para que traslade la obligatoriedad de encender las luces durante todo el servicio.
– Jucil reitera la necesidad de formar al personal durante la jornada laboral en conducción de motos y vehículos eléctricos, así como en caso de incendio.
– Con respecto a la situación vivida por la patrullera Rio Tajo, en la que se produjo un motín en el barco por parte de 170 inmigrantes rescatados de un cayuco, se solicita el protocolo de actuación, y si se tiene previsto implementar alguna instrucción.
– Jucil solicita un protocolo de custodia de detenidos, en el que se establezca cuanto personal debe custodiar según el número de detenidos, así como las situaciones que se producen cuando el Guardia de puertas se encuentra solo en el Acuartelamiento y se debe atender al detenido.
– En la Comandancia de Córdoba la instalación eléctrica no funciona correctamente y hay cortes a menudo que provocan que no se pueda trabajar con el ordenador, ni haya aire acondicionado en las dependencias oficiales. También, en alguna ocasión, un enchufe ha salido ardiendo o ha dado un calambrazo a algún agente, por lo que, además de no cumplir con el reglamento electrotécnico de baja tensión, es una instalación obsoleta que cuenta con más de cien años de antigüedad. Las instalaciones han sido visitadas por ingenieros eléctricos de la DGGC elaborando informes en el que se invita a su modificación completa, por lo que se pregunta si se va a proceder a su modificación, de manera que se cumpla la normativa y se subsane la situación. La DGGC traslada que se va a proceder a realizar un estudio de la instalación eléctrica con una empresa externa y proceder a presupuestarla para el posterior arreglo.
– Jucil traslada la falta de autonomía de algunas oficinas de prevención de riesgos laborales, en las que son los Jefes de Comandancia quienes firman los correos electrónicos que se mandan desde las mismas. La Administración responde que está prevista una reunión de jefes de Comandancia para darles una charla informativa y acercar a los órganos de prevención de riesgos laborales, recordando el cometido de los órganos de prevención a tales mandos.
– Se trata la dotación de chalecos de equitación como medida preventiva a raíz de los accidentes ocurridos en el escuadrón de caballería (caídas del caballo) que han ocasionado lesiones en la columna vertebral. La DGGC comunica que ya se les ha dotados de ellos.
– Se ha tenido conocimiento de comida en mal estado suministrada por la empresa de catering en la central de Almaraz, por lo que Jucil presentó denuncia, por tanto, se interroga sobre las medidas adoptadas por la Guardia Civil. A raíz de ello, la Administración traslada que se ha establecido un canal de comunicación y trabajo entre la Guardia Civil, el catering y la central nuclear.
– Jucil pregunta por las medidas que se van a adoptar en la Comunidad Valenciana para la solución ante la falta de presupuesto económico para la compra de los equipos de climatización.
La DGGC traslada que hay 2 expedientes abiertos en Castellón para adquirir 16 aparatos, y hay otro abierto que afecta a Alicante y Valencia para instalar un total de 22 aparatos.
– Jucil interroga por la instalación de armeros individuales, a los que la DGGC traslada que hay distribuidas 3964 cajas fuertes y que se han comprado 2.971 unidades más que serán adjudicados este año. Se prevé la misma cantidad para el próximo año.
– Jucil traslada que la Usecic de Barcelona cuenta con chalecos antitrauma que se deshacen posiblemente por la antigüedad, informando la DGGC que, durante los años 2024, 2025 y 2026 van a adquirirse 1500 chalecos antitrauma.
– Se trata el problema de la estructura del cuartel de Cartagena, acerca de que se ha desalojado a las familias de manera urgente y actualmente hay personal trabajando aun en dicho centro de trabajo hasta noviembre.
7 de septiembre de 2023
LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA
RESUMEN GRUPO DE TRABAJO MODIFICACIÓN ORDEN GENERAL ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMANDANCIAS
- Se inicia el grupo de trabajo a las 10.15 horas del día 05 de setiembre de 2023, por parte del Presidente del Grupo de trabajo se nos explica que va a ver mas grupos de trabajo, ya que se quiere introducir en esta Orden General, una homogeneidad entre las diferentes Comandancias, en relación a las Compañías de Plana Mayor, ya que se nos presenta un borrador con datos con un organigrama de las diferentes Comandancias observando como cada Comandancia lo tiene estructurado de una manera diferente, por lo que dicho documento se va trasladar a las asociaciones para introducir mediante diferentes propuestas un Organigrama único de las Planas Mayores para todas las comandancias.
- Posteriormente se aborda, las OPC, ya que las mismas están reguladas en una orden general del año 98 ( O.G 8/98), se nos presenta otro organigrama desglosado por Comandancias, en el cual se puede observar como cada Comandancia tiene una estructura, dependencia y personal diferente, sin un catálogo de puestos de trabajo.
- Se procede a dar el turno de palabra a las diferentes asociaciones. Desde Jucil se plantea la necesidad de homogeneizar las Compañías de Planas Mayores ya que no puede ser que en cada Comandancia dependan unas unidades de dicha unidad y en otras no, por lo que se requiere un consenso y un orden en las mismas. Sobre las OPC se solicita que a medida que se vaya trabajando en el borrador se aborde la posibilidad de introducir la Orden General que regula las OPC en la de Comandancias. Solicitando también que exista un catálogo de puestos de trabajo de las diferentes OPC, ya que a día de hoy no existe, y que dichas funciones sean reguladas y las vacantes mediante unos méritos para ejercer las funciones de OPC.
- Se finaliza el grupo de trabajo a las 11:40 horas, informando que nos remitirán la documentación y habrá diez días para enviar las propuestas.
JUCIL denuncia por delito de odio a los promotores de un cartel de las fiestas de Bilbao que trata de prostitutas a las guardias civiles
La asociación profesional pide que se tome declaración al alcalde de Bilbao para que aclare cómo se ha permitido y apoyado una convocatoria de conciertos en la que se ejerce con absoluta claridad la violencia machista frente a las mujeres
JUCIL confía en que las fiscalías especializadas en violencia de género y también en delitos de odio actúen de oficio ante estas evidentes pruebas de delito y añade una denuncia por injurias a la que ha invitado a sumarse como directas perjudicadas a las dos compañeras cuya fotografía aparece en el cartel
Los servicios jurídicos de nuestra asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha interpuesto el 31 de agosto pasado una denuncia por delito de odio e injurias contra los promotores de un concierto de las fiestas de Bilbao en cuyo cartel aparece la fotografía de dos compañeras guardias civiles junto a las palabras en inglés ‘We are all prostitutes (Todas somos prostitutas)”, en un claro ejemplo de violencia machista por parte de los autores de esta convocatoria.
JUCIL, en su denuncia ante los juzgados de instrucción de Bilbao califica estos hechos como un delito de odio, porque “la foto en si misma y el texto que la acompaña discrimina a todas las mujeres que ejercen de guardias civiles, desprestigiándolas y dejándolas en evidencia por su condición de mujeres. El cartel propicia la discriminación y el odio hacia la Guardia Civil y hacia la mujer. “El mensaje que transmite la publicación, en todo caso, es una ofensa para todas las guardias civiles, puesto que representa que todas las mujeres guardias civiles son prostitutas con el único fin de ofenderlas por su carácter de mujeres y desprestigiar su labor profesional”, asegura el texto de la denuncia elaborada bajo la asistencia letrada del abogado Marco Antonio Navarro.
En defensa de nuestras compañeras
JUCIL resalta que una de las compañeras de la fotografía es asociada, “pero la asociación vela no sólo por los derechos de los que estamos asociados, lo hace también por los de todos los integrantes de la Guardia Civil”, ha precisado el secretario nacional jurídico de JUCIL, Alberto Álvarez Arranz. “No es lógico, ni tiene sentido, que se subvencione desde las instituciones públicas este tipo de iniciativas en las que se denigra a las mujeres” ha dicho Álvarez.
En su denuncia, JUCIL quiere que se tome declaración al alcalde de Bilbao, el nacionalista José María Burto, y que el Ayuntamiento aporte toda la documentación relativa a la autorización que tuvieron que presentar en el citado consistorio, “y donde constaran los datos de los que la solicitaron para que sean citados también a declarar”.
Un lugar habitual de homenajes a etarras
JUCIL reclama además en su denuncia la ayuda del Servicio de Información de la Guardia Civil para que acredite la titularidad de los promotores de este festival que se esconden a través de una cuenta anónima de Instagram. Este festival se ha promocionado en paralelo al programa oficial de las fiestas de Bilbao con conciertos de música punk-rock de grupos muy poco conocidos y que tiene lugar, según indica el cartel, junto la ‘txozna’ Kaskagorri, una caseta habitual por sus homenajes a etarras, ya que muchos de ellos pertenecen a dicha comparsa.
Violencia machista
Por la clara violencia machista contra las mujeres debe declarar el alcalde de Bilbao, el nacionalista y jurista José María Burto, y explicar qué razones han permitido que el Ayuntamiento colabore y subvencione una actividad en la que se denigra a las mujeres y se ejerce sobre ellas una más que evidente violencia, afirma el secretario general jurídico de JUCIL. “El cartel, su contenido y sus promotores, responden a la categoría de machos trasnochados que consideran a todas las féminas como prostitutas. Iremos hasta el fondo de este asunto y esperamos a la Fiscalía y las áreas encargadas de la persecución de los delitos de género en las audiencias no se deje pasar este flagrante delito de odio y violencia machista”, afirma Alberto Álvarez Arranz.