28 de mayo de 2025. Las organizaciones sindicales de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil en Cataluña se han unido en la plataforma unitaria P.N. & G.C. S.O.S Cataluña, para llevar a cabo una respuesta coordinada y legal ante el acuerdo político alcanzado entre el Gobierno del PSOE y JUNTS per Catalunya, que pone en riesgo la unidad del Estado y la legalidad vigente con la práctica expulsión de estos cuerpos de esta comunidad.

JUCIL, JUPOL, CEP, AEGC, AUGC, IGC, SPP, SUP, UFP y Unión de oficiales son los promotores de esta iniciativa y quienes señalan que el acuerdo registrado en el Congreso de los Diputados el pasado 4 de marzo, que propone una Ley Orgánica para delegar competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña, supone “un ataque frontal al marco constitucional, al Estatuto de Autonomía catalán y al sistema nacional de seguridad pública. La cesión planteada invade competencias exclusivas del Estado y vulnera la estructura institucional española”, denuncian desde la plataforma.

Desde hace meses, los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de Guardia Civil han solicitado formalmente una reunión urgente con el Delegado del Gobierno en Cataluña. “La respuesta ha sido un silencio absoluto, ningún acuse de recibo, ninguna convocatoria de reunión y ningún gesto de respeto institucional”.

Para la plataforma, este abandono representa “una anomalía democrática intolerable y una falta de respeto hacia quienes garantizan la seguridad del Estado en Cataluña”.

El análisis técnico realizado por los impulsores de P.N. & G.C. S.O.S Cataluña identifica graves irregularidades constitucionales y legales en la propuesta de Ley:

• Constitución Española (Art. 149.1.2ª y 150.2): El Estado tiene competencia exclusiva en materia de inmigración. La delegación de estas funciones a una comunidad autónoma excede los límites constitucionales.
• Estatuto de Autonomía de Cataluña (Art. 138): La Generalitat puede colaborar en políticas de integración y acogida, pero no asumir competencias ejecutivas en control de fronteras, expulsiones o documentación.
• Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Las funciones de control de fronteras, expulsión de extranjeros y custodia de los CIE son exclusivas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. No pueden ser asumidas por los Mossos d’Esquadra sin vulnerar la ley.
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Por lo tanto, considera que esta cesión no solo vulnera la legislación nacional, sino también compromete la cooperación internacional con organismos como Europol, Interpol o Frontex y desnaturaliza el modelo único de seguridad del Estado, creando una ruptura operativa y legal.

Cataluña sólo podría establecer colaboración con el Estado Español es aspectos sociales, culturales de primera acogida, nunca en control de fronteras, autorizaciones legales o políticas migratorias. El límite legal ya está establecido, la Generalidad puede gestionar el cómo acoger, pero no decidir el quién entra ni con qué derechos jurídicos. Este acuerdo colocaría en una ilegalidad jurídica a España, a la Generalidad Catalana y también ante cualquier actuación de los propios Mossos d’Esquadra frente a las policitas europeas en materia de inmigración, dada la inconstitucionalidad y contrariedad del derecho la Unión Europea.

Concentraciones

Como primer paso del plan de acción, la plataforma convoca una concentración pública el próximo viernes 30 de mayo, frente a la delegación del Gobierno en Cataluña. Será la primera de una serie de movilizaciones organizadas para defender el marco legal y la permanencia del Estado en Cataluña.

El objetivo es exigir la suspensión inmediata del trámite legislativo, una convocatoria urgente con el Delegado del Gobierno, el reconocimiento legal, institucional y retributivo similar al del País Vasco y el refuerzo operativo de Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña.

“No aceptaremos ser expulsados. No permitiremos que se rompa la unidad del Estado. Rechazamos el silencio como respuesta. P.N. & G.C. S.O.S Cataluña nace para defender lo que es de todos: la legalidad, la seguridad de los ciudadanos y la soberanía de España.”