El juez investiga si otros dos altos cargos de la Generalitat participaron en la demora para vacunar del Covid a los Guardias Civiles en Cataluña
La instrucción del sumario amplía el número de los posibles implicados y señala que de lo conocido “se desprenden indicios de que tuvieron intervención en la decisión de paralizar la vacunación a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado destinados en Cataluña cera
El círculo de posibles implicados se amplía y la Justicia ha decidido tomar declaración “en calidad de investigados” a quien fuera secretario general del Departament de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol Sintas y el secretario de Salud Pública del Departament de Salut. Josep María Argimón Pallás, pues según las palabras textuales del juez instructor de este caso promovido por JUCIL y JUPOL, “de lo actuado se desprenden indicios de que tuvieron participación en la decisión de paralizar la vacunación a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en Cataluña durante la pandemia provocada por el Covid-19”.
Hubo paralización y el juez quiere saber quiénes fueron los responsables
JUCIL a través de sus servicios jurídicos es parte actora en este proceso en el que ya no se dilucida si hubo o no paralización. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó claro hace ya más de año y medio en su sentencia que fue una paralización voluntaria. Lo que ahora investiga el magistrado es quién, o quiénes fueron los responsables de esa demora y si su actuación puede considerarse incluida dentro de los tipos del Código Penal.
Los servicios jurídicos han logrado que a los cuatro primeros altos cargos a los que se investiga como posibles implicados se unen ahora dos más en un proceso en el que se busca determinar también, con la declaración de los responsables del proceso de vacunación en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, a través de qué persona se recibió la comunicación de paralizar la vacunación a dichos colectivos” precisa el juez en su última diligencia.
JUCIL pretende que se conozca la verdad, que se investigue hasta el final a los posibles responsables y que los tribunales — si los hubiere — determinen la sanción para los culpables de estos hechos tan cercanos al odio.