Madrid, 27 de julio de 2026. JUCIL ha registrado una petición urgente ante la Dirección General de la Guardia Civil y la Secretaría de Estado de Seguridad para que se garantice la protección laboral, preventiva y económica de los guardias civiles que participan en los dispositivos relacionados con los incendios forestales de Madrid, Ávila y Toledo.

Desde la asociación, queremos en primer lugar reconocer a todos los guardias civiles, servicios de emergencia, bomberos, militares, policías, sanitarios, voluntarios y trabajadores públicos y privados que están interviniendo en la protección de las poblaciones y en la lucha contra los incendios.

E igualmente expresamos nuestra solidaridad con las personas evacuadas, quienes han perdido sus viviendas, explotaciones o propiedades, y todos los municipios afectados.

Los guardias civiles desplegados están prestando servicios de protección de poblaciones, evacuación, regulación del tráfico, vigilancia, seguridad ciudadana, investigación y apoyo a los servicios de emergencia, en condiciones de extraordinaria dificultad.

La exposición al humo y a altas temperaturas, la fatiga, las jornadas prolongadas y los desplazamientos requieren una planificación preventiva específica.

La vocación y el compromiso de los guardias civiles no pueden utilizarse para sustituir la planificación, los medios, los relevos y los derechos profesionales. Por lo tanto, exigimos lo siguiente: 

Medios de protección y vigilancia de la salud

Solicitamos que todos los agentes dispongan de agua, alimentación adecuada, zonas de descanso y equipos de protección adaptados a la exposición al humo, a las partículas, a las cenizas y el calor.

Es necesario que se realice un seguimiento sanitario de los agentes que hayan sufrido una exposición relevante o que presenten síntomas relacionados con la inhalación de humo, agotamiento, deshidratación o estrés térmico.

La excepcionalidad de una emergencia no elimina la obligación de reducir los riesgos y proteger la seguridad y la salud de quienes trabajan en primera línea.

Jornadas, relevos y descansos

Se deben controlar todas las horas de servicio realizadas y establecer relevos suficientes para evitar que la fatiga pueda poner en peligro a los propios agentes, a sus compañeros o a los ciudadanos.

Así, reclamamos que cualquier descanso suspendido o alteración de la planificación sea debidamente registrado y compensado al finalizar la necesidad operativa.

JUCIL recuerda que una compensación posterior no puede justificar la realización de jornadas incompatibles con la seguridad.

Gastos e indemnizaciones

Ningún guardia civil debería tener que adelantar de su propio bolsillo los gastos de alojamiento, manutención, combustible o desplazamiento generados por el dispositivo.

Reclamamos que todas las comisiones de servicio sean correctamente documentadas y abonadas sin demoras y que se establezca un procedimiento urgente para reintegrar cualquier cantidad que haya tenido que adelantar el personal.

Compensación extraordinaria

Solicitamos que se apliquen los incentivos al rendimiento, compensaciones por cambios de planificación, excesos de jornada y, cuando proceda, gratificaciones por servicios extraordinarios, atendiendo a la peligrosidad, penosidad, duración, exposición a riesgos y prestación de servicios durante días inicialmente previstos como descanso.

Estas compensaciones deben ser independientes del derecho al descanso y de las indemnizaciones correspondientes por desplazamiento, alojamiento o manutención.

20 de julio de 2026. JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, exige a la Dirección General de la Guardia Civil y a los ministerios del Interior y de Defensa la incoación urgente del correspondiente expediente disciplinario al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llama, tras su imputación en el caso Leire Díez, así como su inmediata separación de funciones. Del mismo modo, reclama la separación de sus funciones y el cese de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, al considerar que su permanencia en sendos cargos resulta incompatible con el desarrollo neutral de la investigación.

Según la asociación, dado que se trata de “hechos susceptibles de integrar una falta muy grave, y sin perjuicio de su ulterior concreción y de lo que resulte de la causa penal, solicita la adopción inmediata de las medidas cautelares legalmente previstas por razones de disciplina, indemnidad del servicio, protección de la investigación judicial, igualdad de trato, ejemplaridad y salvaguarda de la imagen de la Institución”.

Asimismo, justifica la medida en que “los hechos sean examinados con las garantías del procedimiento disciplinario y que, mientras se esclarecen, se neutralicen de forma proporcionada los riesgos objetivos derivados de que el máximo responsable operativo conserve mando, acceso e influencia sobre unidades, mandos y documentación directamente relacionados con la investigación penal”.

En este sentido, considera que la permanencia del investigado en su puesto “no es institucionalmente neutra” y recuerda que él depende directamente de la dirección general y es responsable del mando de operaciones, la jefatura de información y de Policía Judicial. 

Por otro lado, manifiesta que “la inacción genera un fuerte agravio comparativo y malestar en el Cuerpo. No puede haber dos varas de medir: una para los guardias civiles y otra para quienes dirigen la Institución, y más aún por fines ajenos a los policiales. Se debe actuar con la misma diligencia, sin privilegios derivados del cargo o intereses ajenos a los policiales, y preservando la imparcialidad de la Guardia Civil”.

JUCIL recuerda que el artículo 92 de la Ley de Personal de la Guardia Civil prevé la suspensión de funciones como medida cautelar cuando un guardia civil es sometido a un procedimiento penal o disciplinario por hechos de especial gravedad, siempre que ello resulte necesario para garantizar el servicio, proteger la imagen de la Institución o evitar perjuicios para el interés público.

En este sentido, JUCIL recuerda que, solo durante 2025, 1.014 guardias civiles fueron objeto de expedientes disciplinarios, de los cuales 185 fueron calificados como muy graves. Como consecuencia de estos procedimientos, 64 agentes fueron suspendidos de empleo y seis fueron separados del servicio. Estos datos reflejan, según la asociación, el elevado nivel de exigencia disciplinaria al que están sometidos los guardias civiles durante el ejercicio de sus funciones.

Los hechos que se investigan revisten una extraordinaria gravedad porque afectan, presuntamente, a la utilización de la estructura jerárquica y disciplinaria de la Guardia Civil para condicionar la actuación de unidades de Policía Judicial que desarrollaban investigaciones de especial relevancia. Cabe recordar que se les ha imputado por un delito continuado de prevaricación administrativa contra la Administración de Justicia, concretamente, obstrucción a la justicia mediante intimidación.

Madrid, 16 de julio de 2026. La asociación profesional JUCIL ha reclamado hoy de nuevo la dimisión inmediata de la directora general de la Guardia Civil y del director adjunto operativo (DAO) tras las nuevas informaciones conocidas en el marco del procedimiento judicial en el que ambos están siendo investigados por presunta prevaricación y obstrucción a la Justicia, en el que la asociación está personada como acusación.

La comparecencia judicial, que ha comenzado hoy con la declaración del DAO, dejándose para mañana la de la directora general de la Guardia Civil, se produce en un contexto de creciente preocupación por las informaciones que apuntan a supuestas injerencias políticas en el funcionamiento de la Benemérita. 

Entre ellas, destacan las declaraciones del general Fernando Mora, quien habría denunciado presiones para que no asistiera a un acto institucional organizado por la Comunidad de Madrid, un episodio que, de confirmarse, supondría un uso inaceptable de la cadena de mando con criterios ajenos a la neutralidad institucional que debe regir el Cuerpo.

A este respecto, el propio general Mora recuerda al jefe del Mando de Operaciones que la lealtad es un camino de doble sentido: debe existir de abajo arriba, pero también de arriba abajo. Es, precisamente, la misma lealtad que cualquier mando exige diariamente a los guardias civiles que se encuentran bajo su responsabilidad.

JUCIL considera que estos hechos, unidos a las diligencias judiciales ya abiertas, dibujan un escenario de extraordinaria gravedad que deteriora la imagen de la Guardia Civil y mina la confianza de los ciudadanos en la independencia de la Institución.

“Esperamos que la actuación judicial permita esclarecer unos hechos que afectan directamente a la credibilidad, la independencia y el prestigio de la Guardia Civil. Cada día se conocen nuevos indicios y nuevas informaciones sobre posibles interferencias políticas. La situación es ya insostenible”, señalan desde JUCIL.

La asociación recuerda que decidió personarse en esta causa porque entiende que lo que está en juego trasciende las responsabilidades individuales. “Se está investigando si pudieron producirse actuaciones dirigidas a interferir en investigaciones judiciales y en el funcionamiento normal de la Guardia Civil. Es una cuestión que afecta a todos los guardias civiles y a la confianza que los ciudadanos depositan en la Institución”, subraya.

JUCIL insiste en que la Guardia Civil debe permanecer al margen de cualquier utilización política y que ningún mando puede emplear la estructura jerárquica para condicionar la representación institucional o el trabajo de los investigadores. Por ello, la asociación reitera su exigencia de que la directora general y el DAO abandonen sus responsabilidades mientras se esclarecen los hechos.

“Confiamos plenamente en la Justicia y esperamos que se depuren todas las responsabilidades que correspondan, caiga quien caiga. Pero la permanencia en sus cargos de quienes están siendo investigados resulta incompatible con la gravedad de los hechos y con la necesidad de preservar la confianza en la Guardia Civil. La Institución necesita recuperar su prestigio y garantizar que nunca más pueda existir la más mínima sospecha de injerencia política en la actuación de sus profesionales”, señalan desde la asociación.

“JUCIL seguirá defendiendo la independencia de las investigaciones, la neutralidad política de la Guardia Civil y la protección de todos los agentes frente a cualquier presión o interferencia externa, al tiempo que colaborará con la Justicia para que los hechos sean plenamente esclarecidos”, insisten con firmeza Ángel Lezcano, secretario general de esta organización.

Madrid, 2 de julio de 2026. La asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) exige la dimisión inmediata e irrevocable de la directora general de la Guardia Civil (DGGC), Mercedes González, así como del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Para la organización, la permanencia de ambos en sus respectivos cargos públicos resulta completamente insostenible y compromete gravemente el prestigio y la neutralidad de la institución.

Una imputación intolerable y una cúpula judicializada

La reciente imputación judicial de la directora general de la Guardia Civil, así como la del Director Adjunto Operativo (DAO), supone, a juicio de JUCIL, la gota que colma un vaso ya rebosante de escándalos y casos bajo sospecha que han salpicado la gestión de la Benemérita en los últimos tiempos. Esta situación no puede seguir así más. Mercedes González no puede mantenerse ni un minuto más al frente de una institución cuya principal seña de identidad es la ejemplaridad y el estricto cumplimiento de la ley.

“Quien debe liderar a los guardias civiles en la persecución del delito no puede estar bajo la lupa de los tribunales como investigada. Como máxima responsable de la institución, está obligada moralmente a cumplir con el principio que rige a este cuerpo, ‘el honor es mi divisa’, y dejar el cargo. Por dignidad institucional, su salida debe ser inmediata”, señalan desde la secretaría nacional de JUCIL.

El reflejo de los guardias de calle frente a los despachos y el impecable trabajo de la UCO 

Desde JUCIL se quiere recalcar de forma contundente que el preocupante escenario que se vive en los despachos de la cúpula no refleja en absoluto la imagen real del cuerpo ni de sus integrantes.

La realidad de la Guardia Civil es la que demuestra diariamente la Unidad Central Operativa (UCO), cuyo impecable y riguroso trabajo de investigación es el reflejo de la verdadera esencia de la institución: la búsqueda de la verdad y la justicia caiga quien caiga, con independencia y profesionalidad. Esa misma excelencia es la que comparten los miles de agentes que se juegan la vida a diario en la calle para proteger a los ciudadanos. JUCIL lamenta profundamente que el sacrificio y el prestigio de estas unidades se vea empañado por el descrédito de unos dirigentes que se aferran a sus puestos estando investigados por la Justicia.

Marlaska debe asumir la responsabilidad política

Asimismo, JUCIL dirige su exigencia de dimisión hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La asociación tacha de “inadmisibles y contradictorias” las explicaciones ofrecidas por el ministro no solo el pasado martes, en su comparecencia ante la comisión de investigación en el Senado, sino durante las últimas semanas.

“Es inadmisible que, a pesar de la gravedad de los indicios judiciales y de las imputaciones que cercan a la dirección del cuerpo, el ministro volviese a manifestar su ‘plena confianza’ en la directora general”, aseveran desde la asociación.

El propio ministro confirmó en el Congreso de los Diputados que la elección de Mercedes González era una decisión estrictamente suya y afirmó textualmente que asumía toda la responsabilidad política. Desde JUCIL se le insta a que demuestre esa asunción de responsabilidad no con palabras vacías, sino con su renuncia inmediata.

Limpieza institucional

Para JUCIL, la única vía posible para que se esclarezca la situación y se devuelva la calma a la Benemérita es que tanto el ministro como la directora general abandonen sus puestos sin más dilación. La Guardia Civil y sus agentes no pueden seguir siendo rehenes de la erosión política y judicial de sus máximos responsables.