JUCIL reclama en los tribunales las competencias retiradas por Interior a los guardias civiles en localidades afectadas por la DANA en Valencia
La asociación profesional que defiende los intereses de los guardias civiles solicita medidas cautelares para suspender la decisión adoptada por el Ministerio al considerarla injustificada y perjudicial para los miembros de la Guardia Civil
JUCIL subraya que la reasignación de competencias se ha llevado a cabo sin la suficiente transparencia y se ha ejecutado sin los correspondientes procesos oficiales de publicación y de notificación
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio del Interior que busca la anulación de la reciente decisión de reasignar competencias de la Guardia Civil a la Policía Nacional en varias localidades de Valencia afectadas por la DANA. Estas localidades incluyen La Torre, Horno Acedo, Sedaví, Benetússer, Alfafar (incluido el centro comercial MN4) y Massanassa. Según JUCIL, esta modificación no solo carece de justificación, sino que también vulnera el derecho administrativo al haberse realizado sin notificación oficial ni publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Agustín Leal, secretario de Comunicación de JUCIL, destaca la preocupación de la asociación ante una “decisión que se ha tomado sin una base jurídica sólida, ignorando tanto las competencias propias de la Guardia Civil como los principios de transparencia y de legalidad que deben regir en cualquier actuación administrativa”. La asociación denuncia que la modificación de competencias, comunicada sólo a través de una nota de prensa del Ministerio, ha puesto en riesgo la seguridad de los guardias civiles y la operatividad de sus unidades en las áreas afectadas.
Un proceso opaco y sin justificación
La asociación considera que el proceso de reasignación ha sido opaco y precipitado, puesto que no existe constancia de un acuerdo formal publicado en medios oficiales, como exige la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, JUCIL señala que, según la normativa vigente, la Guardia Civil debe encargarse de estas zonas, al no tratarse de una capital de provincia.
JUCIL argumenta que la Guardia Civil dispone de los recursos humanos necesarios para cubrir adecuadamente estas localidades y que además cuenta con una gran cantidad de efectivos voluntarios que estaban disponibles para reforzar su trabajo en la zona. “Es innecesario e injustificado relevar a nuestros compañeros en estas funciones, especialmente cuando estaban plenamente operativos y preparados para hacer frente a las necesidades de seguridad tras la DANA”, ha señalado Agustín Leal.
Solicitud de medidas cautelares para proteger las competencias de los guardias civiles
JUCIL ha solicitado la adopción de medidas cautelares que suspendan la decisión del Ministerio del Interior hasta que el recurso sea resuelto en los tribunales. La asociación argumenta que esta reasignación genera perjuicios de difícil reparación y que hay una “apariencia de buen derecho” en su demanda, fundamentada en que la resolución no cumple con los requisitos de publicidad y procedimiento establecidos en la Ley 39/2015. Según Leal, “no hay justificación ni en términos de operatividad ni de personal para esta reasignación, y es fundamental que se respeten las competencias históricas y legales de la Guardia Civil en su ámbito territorial”.
JUCIL ha subrayado el impacto que esta decisión tiene en la estructura de la Guardia Civil, ya que, al retirar a los guardias civiles de sus funciones en estas localidades, se alteran los despliegues territoriales y se dificulta la organización del cuerpo en la provincia. La asociación recuerda que sus miembros han cubierto estas áreas de manera continuada y con gran esfuerzo durante la emergencia causada por la DANA.
Decisiones sin la suficiente base legal
Leal asegura que JUCIL seguirá vigilante ante cualquier cambio que afecte a las competencias de sus compañeros y que continuará defendiendo la importancia de la transparencia en todas las decisiones que impacten a la seguridad nacional. “No podemos permitir que decisiones de este calado se tomen sin base legal y sin una comunicación formal. La seguridad y el respeto a la normativa deben prevalecer sobre cualquier otra consideración, especialmente en momentos de emergencia como el actual”, afirma el portavoz de JUCIL.
JUCIL confía en que la Audiencia Nacional admita el recurso y suspenda la efectividad de la decisión hasta que se resuelva definitivamente, permitiendo así que los agentes de la Guardia Civil sigan desempeñando sus funciones en las localidades afectadas en las mejores condiciones y con total respaldo institucional.
