Barcelona, 5 de marzo de 2025.- JUCIL, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que presida la próxima reunión del pleno del Consejo de la Guardia Civil y explique en detalle las consecuencias del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts sobre la gestión de la inmigración en Cataluña.

En el escrito dirigido al gabinete del ministro del Interior, el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, pide formalmente al titular de esta cartera que no delegue, como es habitual, la presidencia del próximo Consejo de la Guardia Civil, el órgano formalmente establecido para debatir las principales cuestiones que afectan al Instituto Armado.

“JUCIL solicita expresa y formalmente que sea V.E., quien presida el próximo Consejo de la Guardia Civil, sin delegación alguna, como máxima Autoridad del Ministerio y presidente del Consejo, e informe de los extremos anteriormente mencionados”, señala la comunicación emitida en relación a la propuesta legislativa que promueve la delegación de competencias en inmigración en el ámbito de Cataluña.

La asociación profesional de la Guardia Civil considera que existen contradicciones entre las declaraciones del ministro en sede parlamentaria y la proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración registrada ayer en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios del PSOE y Junts.

En respuesta a una pregunta del diputado de Junts Josep Maria Cruset, el pasado 18 de septiembre, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que “el control de fronteras y los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Gobierno central”. Y añadió: “No son susceptibles de ser transferidos ni delegados”.

Sin embargo, en el documento firmado por ambos partidos se habla de “delegación de competencias”. Y también asegura que “en materia de inmigración Catalunya podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del estado español”.

Algunos de estos acuerdos, que se explican en buena medida por las transacciones a las que se ven abocados los gobiernos de España y Cataluña por su debilidad en los respectivos parlamentos, han sido ya recurridos en los tribunales por las asociaciones profesionales de la Guardia Civil por violentar la legislación vigente.

Tal es el caso del traspaso de competencias en protección de la naturaleza de la Guardia Civil a los Mossos d’Esquadra. De hecho, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió a trámite el recurso interpuesto por JUCIL el pasado 29 de enero contra el acuerdo de la Junta de Seguridad de Cataluña de 5 de diciembre de 2024 por el que se traspasan a los Mossos d’Esquadra las competencias sobre protección de la naturaleza y medio ambiente que actualmente ejerce la Guardia Civil. Se considera que el acuerdo adoptado es contrario a la legislación vigente y que por lo tanto es nulo de pleno derecho, debiendo retornar dichas competencias a la Guardia Civil.

Actualmente hay desplegados en Cataluña 3.000 efectivos de la Guardia Civil, a los que habría que sumar otros 600 si se cubriesen las plazas contempladas en el catálogo de puestos de trabajo. Este déficit de personal contrasta con la ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra a 26.800 efectivos aprobada el pasado 24 de febrero por la Comisión Bilateral y la Comisión Mixta de Transferencias que integran el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña. A esta ampliación se sumará otra de 1.800 efectivos para dar cumplimiento al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts. Estas cifras dejan meridianamente al descubierto la estrategia de ambos gobiernos respecto a la naturaleza del despliegue de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña.