Madrid, 16 de julio de 2026. La asociación profesional JUCIL ha reclamado hoy de nuevo la dimisión inmediata de la directora general de la Guardia Civil y del director adjunto operativo (DAO) tras las nuevas informaciones conocidas en el marco del procedimiento judicial en el que ambos están siendo investigados por presunta prevaricación y obstrucción a la Justicia, en el que la asociación está personada como acusación.

La comparecencia judicial, que ha comenzado hoy con la declaración del DAO, dejándose para mañana la de la directora general de la Guardia Civil, se produce en un contexto de creciente preocupación por las informaciones que apuntan a supuestas injerencias políticas en el funcionamiento de la Benemérita. 

Entre ellas, destacan las declaraciones del general Fernando Mora, quien habría denunciado presiones para que no asistiera a un acto institucional organizado por la Comunidad de Madrid, un episodio que, de confirmarse, supondría un uso inaceptable de la cadena de mando con criterios ajenos a la neutralidad institucional que debe regir el Cuerpo.

A este respecto, el propio general Mora recuerda al jefe del Mando de Operaciones que la lealtad es un camino de doble sentido: debe existir de abajo arriba, pero también de arriba abajo. Es, precisamente, la misma lealtad que cualquier mando exige diariamente a los guardias civiles que se encuentran bajo su responsabilidad.

JUCIL considera que estos hechos, unidos a las diligencias judiciales ya abiertas, dibujan un escenario de extraordinaria gravedad que deteriora la imagen de la Guardia Civil y mina la confianza de los ciudadanos en la independencia de la Institución.

“Esperamos que la actuación judicial permita esclarecer unos hechos que afectan directamente a la credibilidad, la independencia y el prestigio de la Guardia Civil. Cada día se conocen nuevos indicios y nuevas informaciones sobre posibles interferencias políticas. La situación es ya insostenible”, señalan desde JUCIL.

La asociación recuerda que decidió personarse en esta causa porque entiende que lo que está en juego trasciende las responsabilidades individuales. “Se está investigando si pudieron producirse actuaciones dirigidas a interferir en investigaciones judiciales y en el funcionamiento normal de la Guardia Civil. Es una cuestión que afecta a todos los guardias civiles y a la confianza que los ciudadanos depositan en la Institución”, subraya.

JUCIL insiste en que la Guardia Civil debe permanecer al margen de cualquier utilización política y que ningún mando puede emplear la estructura jerárquica para condicionar la representación institucional o el trabajo de los investigadores. Por ello, la asociación reitera su exigencia de que la directora general y el DAO abandonen sus responsabilidades mientras se esclarecen los hechos.

“Confiamos plenamente en la Justicia y esperamos que se depuren todas las responsabilidades que correspondan, caiga quien caiga. Pero la permanencia en sus cargos de quienes están siendo investigados resulta incompatible con la gravedad de los hechos y con la necesidad de preservar la confianza en la Guardia Civil. La Institución necesita recuperar su prestigio y garantizar que nunca más pueda existir la más mínima sospecha de injerencia política en la actuación de sus profesionales”, señalan desde la asociación.

“JUCIL seguirá defendiendo la independencia de las investigaciones, la neutralidad política de la Guardia Civil y la protección de todos los agentes frente a cualquier presión o interferencia externa, al tiempo que colaborará con la Justicia para que los hechos sean plenamente esclarecidos”, insisten con firmeza Ángel Lezcano, secretario general de esta organización.