Zaragoza, 16 de julio de 2026. JUCIL, Asociación Profesional de la Guardia Civil, ha alzado la voz para denunciar públicamente la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en Aragón. La organización califica el escenario de “dramático”, coincidiendo con un verano extremadamente agresivo en el que la comunidad ya acumula más de 13.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año (frente a las cerca de 339,53 hectáreas registradas en todo 2025).

La gravedad de la situación queda patente con el devastador incendio forestal activo en Orés (Zaragoza), en la comarca de las Cinco Villas, que ya ha arrasado más de 4.500 hectáreas, obligado a desalojar cuatro municipios y movilizado a la UME. A este complejo escenario se suman el incendio ya estabilizado de Sigüés o el persistente fuego de subsuelo en el vertedero de Bailín (Sabiñánigo). En este contexto de emergencia, la escasez de guardias civiles especializados en medio ambiente resulta insostenible.

El desierto de personal en Zaragoza y Huesca

JUCIL califica la gestión de los recursos humanos de “irresponsable”. El trabajo de investigación, control y prevención del SEPRONA se ha multiplicado por diez en los últimos años, mientras que el número de efectivos disponibles se ha reducido a la mitad.

En la provincia de Zaragoza, de las 6 patrullas operativas (Calatayud, Caspe, Tarazona, Ejea, Casetas y Zaragoza capital) y el equipo de investigación, que deberían sumar un total de 27 efectivos sobre el papel, únicamente hay 17 agentes en activo. Es decir, falta casi el 40% de la plantilla.

“Caspe y Tarazona están funcionando con un solo agente, Casetas cuenta con dos, y la oficina de Calatayud tiene tres. El equipo de investigación está bajo mínimos con solo tres componentes y una vacante sin cubrir. Para colmo, nos enfrentamos a una plantilla severamente envejecida, donde casi la mitad de los operativos activos son agentes reenganchados. Es una situación límite provocada por el bloqueo de vacantes derivado de una restructuración que nunca debió iniciarse”, denuncian desde JUCIL.

La situación en la provincia de Huesca es igualmente desoladora y refleja el desmantelamiento progresivo de la especialidad. En Fraga, Ordesa y Monzón, los catálogos oficiales contemplan entre 3 y 5 guardias, pero las plantillas reales apenas cuentan con dos agentes en cada una de ellas; una situación agravada en el caso de Ordesa, un punto de máxima afluencia turística, donde uno de los efectivos dispone de reducción de jornada al 50%.

Por su parte, la unidad de Jaca cuenta con un catálogo actual de únicamente un cabo y un guardia, pero la realidad operativa es que se encuentra bajo mínimos y funciona con un solo guardia civil en activo. En una línea similar, la oficina de Graus cuenta con un catálogo oficial también limitado a un cabo y un guardia; aunque la unidad se encuentra formalmente completa sobre el papel, esto se debe a que previamente se recortó un segundo guardia para ser trasladado a la capital oscense.

En general, la pérdida de potencial humano en estas comarcas limita gravemente la capacidad de reacción y el patrullaje preventivo sobre el terreno. Al mismo tiempo, las oficinas de Monzón, Jaca y Graus se perfilan como unidades abocadas a la extinción al no publicarse nuevas vacantes para ellas, lo que en la práctica supone una lenta condena de desaparición para esta especialidad en territorios clave del Pirineo y el Prepirineo aragonés.

Aragón: un paraíso turístico desprotegido

Desde JUCIL recuerdan que Aragón es un tesoro geográfico, histórico y cultural de primer orden a nivel europeo. Desde los majestuosos Pirineos hasta los sistemas montañosos de Teruel y Zaragoza, la comunidad autónoma sostiene un motor económico crucial basado en el turismo de naturaleza, tanto de invierno con sus estaciones de esquí como de verano con el turismo de aventura y patrimonio.

“Aragón no se merece esta desidia. No podemos vender al mundo nuestros parques nacionales, nuestras rutas medievales y nuestros bosques pirenaicos si luego dejamos bajo mínimos a quienes tienen la misión constitucional de vigilar que no ardan o no se degraden. El valor ecológico del Matarraña, de la Sierra de Alcubierre o de la comarca de Calatayud —que ya sufrió el infierno en 2022 con las 14.000 hectáreas calcinadas en Ateca— exige una protección real, no parches sobre el papel”, señalan desde la asociación.

Exigencias a la Dirección General de la Guardia Civil

JUCIL exige la paralización inmediata del proceso de reestructuración del SEPRONA y la publicación urgente de todas las vacantes bloqueadas. Hace meses que la Dirección General de la Guardia Civil se comprometió a poner sobre la mesa la orden para desbloquear esta situación, pero hasta la fecha impera el silencio administrativo.

“Nuestros agentes están asumiendo una carga laboral inasumible por pura vocación, pero no podemos apagar fuegos ni investigar delitos ecológicos con promesas vacías. Exigimos que se dote a Aragón del personal del SEPRONA que legalmente le corresponde antes de que sea demasiado tarde”, concluyen desde JUCIL.