Pamplona, 8 de julio de 2026. JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, ha presentado un escrito formal dirigido al ministro del Interior, denunciando la situación de “total incertidumbre” que sufren los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) destinados en Navarra, así como sus familias. La organización critica duramente la falta de información por parte del Ministerio ante el proceso de transferencia de las competencias de tráfico al Gobierno foral, alertando de que esta medida supone, de facto, la desaparición y el desmantelamiento de la especialidad en la región.
Desde la asociación nacional se advierte de que el caso de Navarra no es un hecho aislado, sino un paso más en una estrategia de “borrado encubierto” de la Guardia Civil en todo el territorio nacional. JUCIL denuncia que este proceso comenzó en el País Vasco y Cataluña, continúa ahora en Navarra con la pérdida de esta competencia histórica, y se extiende al resto de España, donde se está llevando a cabo un reemplazo progresivo de sus funciones en diversas poblaciones en favor de la Policía Nacional o de las policías autonómicas.
JUCIL expresa su absoluto rechazo a la progresiva eliminación de la presencia de un cuerpo, como el de la Benemérita, tan reconocido y valorado por la ciudadanía en toda España. Cabe recordar que la asociación ya logró tumbar esta transferencia ante el Tribunal Supremo debido a su ilegalidad inicial, lo que obligó al Ejecutivo a rehacer la ley para poder aplicar la medida.
Falta de información y “opacidad” institucional
Según expone el secretario general de JUCIL, Ángel Lezcano, las normas que implementan el traspaso se están aprobando de espaldas a las asociaciones profesionales. A esto se suma que desde el pasado 1 de julio, mediante la Instrucción MOV 2026/20 de la Dirección General de Tráfico, se está utilizando a los guardias civiles para tramitar denuncias con boletines oficiales del Gobierno de Navarra, una práctica que los servicios jurídicos de la asociación ya están estudiando por considerar que podría no ajustarse a Derecho.
Asimismo, JUCIL califica a la Junta de Seguridad de Navarra como una figura “absolutamente opaca”. La asociación recuerda que en este órgano ya se ha procedido a “desmantelar” la operatividad de la Guardia Civil en otras comunidades, poniendo como ejemplo los casos del SEPRONA en Cataluña o la seguridad de puertos y aeropuertos en el País Vasco, ambos impugnados en vía contenciosa por la propia asociación.
“Es necesario que todo este personal conozca, a la mayor brevedad, la ‘hoja de ruta’ diseñada para el traspaso total de las competencias, de manera que puedan decidir sobre su futuro, bien si deben mantenerse en sus vacantes y esperar, pedir destino, o qué otra medida tomar respecto a su carrera profesional tanto dentro como fuera del cuerpo”, afirman desde la asociación.
Principales peticiones al Ministerio del Interior
Ante esta situación de desamparo personal y profesional, JUCIL ha formalizado una serie de requerimientos clave al Ministerio, como es el acceso a toda la documentación. La asociación exige copia de los informes, estadísticas y contactos mantenidos entre el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Guardia Civil y el Gobierno de Navarra en relación con este traspaso.
Solicita también claridad en la “pasarela” laboral, esto es, conocer los plazos y condiciones profesionales (horarios, jornada y retribuciones) para aquellos agentes que decidan integrarse voluntariamente en el Cuerpo de Policía Foral. A esto se suma la petición de concreción de garantías económicas y de destino, cuáles van a ser las medidas y derechos preferentes de vacante en toda España para el personal que decida no acogerse a la pasarela. Además, reclaman saber si el Estado asumirá las diferencias salariales si los haberes de la Policía Foral resultaran inferiores a los de la Guardia Civil de Tráfico. Asimismo, requiere formalmente transparencia en las reuniones bilaterales, que se traslade a la asociación el orden del día de las próximas Juntas de Seguridad Estado-Navarra. Y finalmente se ponen a disposición como vía de colaboración. Ofrecen la interlocución de JUCIL para colaborar en la búsqueda de soluciones conjuntas que palien el grave impacto social, personal y económico de este proceso.
JUCIL concluye su escrito con una firme petición de amparo para los guardias civiles afectados, insistiendo en que la actual desinformación afecta de manera directa a la estabilidad psicológica y familiar de los trabajadores de la seguridad pública, al tiempo que reafirma su compromiso en la defensa de la presencia y competencias de la Guardia Civil en cada rincón de España.
