La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado nuevamente la alarmante situación que se vive en las costas andaluzas tras el incidente ocurrido este pasado miércoles, 20 de noviembre en Punta Polacra, en la zona del Cabo de Gata. Allí, una patrullera de la Guardia Civil, la Río Guadiana, intentó identificar a los ocupantes de nada menos que un total de once narcolanchas que se habían refugiado del temporal, tal como pudieron observar numerosos testigos desde la costa. Sin embargo, las limitaciones técnicas de la embarcación impidieron que pudiera responder con eficacia, permitiendo que las mafias escaparan con total impunidad, incluso tras caer al agua dos tripulantes de una de las embarcaciones ilegales. La patrullera Río Guadiana se encuentra en servicio, pero con restricciones operativas debido al desgaste por uso intensivo y falta de mantenimiento adecuado.

El secretario de Comunicación y portavoz de JUCIL, Agustín Leal, ha señalado que este episodio confirma las advertencias de la asociación: “JUCIL ha denunciado una y otra vez la falta de medios y de personal de la Guardia Civil y cómo este hecho fortalece a las mafias del narcotráfico que actúan desde hace años en esta zona. La realidad es evidente: nuestras embarcaciones están desfasadas, son lentas y no pueden hacer frente a las narcolanchas modernas, rápidas y bien equipadas que emplean las mafias”.

Un dispositivo insuficiente para un problema creciente

La asociación profesional que defiende los intereses laborales de los guardias civiles subraya que este incidente refleja la debilidad estructural del dispositivo de vigilancia marítima en Andalucía, pese a la importancia estratégica de sus cerca de mil kilómetros de costa.

Esta misma semana, y tras la alerta de JUCIL de que sólo siete de las 19 embarcaciones de Andalucía se encontraban operativas, el Ministerio del Interior aseguró que no había motivos de alarma. La situación real contradice estas declaraciones. Embarcaciones como la Río Irati en Cádiz están fuera de servicio por daños graves, mientras que la Río Guadiana en Almería tiene restricciones operativas que limitan su capacidad para enfrentarse a las mafias que operan en la zona.

JUCIL advierte de que incidentes como el de Cabo de Gata, donde los guardias civiles fueron incapaces de evitar la huida de las narcolanchas, demuestra cómo las mafias actúan cada vez con mayor descaro, conscientes de que las fuerzas de seguridad carecen de los medios necesarios para enfrentarlas.

Una costa expuesta y unos guardias civiles desbordados

JUCIL dice que, meses después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate por parte de narcotraficantes, la situación en las costas andaluzas no mejora. Resaltando que el Ministerio del Interior se limita a lanzar mensajes tranquilizadores, pero los hechos desmienten sus afirmaciones. No se puede proteger nuestras costas y a los ciudadanos con embarcaciones lentas y con un personal insuficiente que está desbordado. La asociación subraya que las mafias no solo trafican con drogas, también con personas. En este caso, la imposibilidad de rescatar a dos tripulantes caídos al agua de una de las narcolanchas y que fueron recogidos por otra de las ‘gomas’ por la lentitud de nuestra embarcación pone de manifiesto un problema que no podemos ignorar. Nuestras costas corren el serio riesgo de convertirse en un corredor libre para el tráfico ilegal.

Medidas urgentes y soluciones

JUCIL reitera la necesidad de incrementar la flota operativa del Servicio Marítimo con embarcaciones modernas y rápidas que permitan combatir las narcolanchas. Asimismo, demanda la ampliación de las plantillas de la Guardia Civil en toda Andalucía y, al tiempo, mejorar las condiciones laborales y económicas de los guardias civiles para incentivar la cobertura de estas plazas estratégicas.

“JUCIL no cejará en su labor de denunciar estas carencias y de exigir medidas urgentes. La seguridad de nuestras costas y la integridad de los guardias civiles no pueden seguir siendo ignoradas. Necesitamos una acción inmediata que nos permita proteger adecuadamente a la ciudadanía y hacer frente al desafío que suponen las mafias del narcotráfico y el tráfico de personas”, concluye Agustín Leal.