6 de mayo de 2025. JUCIL, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, reclama de forma urgente una respuesta firme por parte del Gobierno para combatir el narcotráfico. Y en este sentido insiste en que la solución a la creciente presión del narcotráfico en el interior de Andalucía pasa por la creación del primer servicio fluvial de la Guardia Civil en España, con base en Sevilla.

La desembocadura del Guadalquivir se ha convertido en una auténtica autopista para el tráfico de droga, como demuestran los últimos acontecimientos, así como el incremento de incautaciones. Solo en 2023, las incautaciones de cocaína en Sevilla crecieron un 97%, alcanzando las 30 toneladas a pesar de la baja presión policial, con el consiguiente el riesgo de convertirse en un nuevo hub logístico de la cocaína en España.

Sin embargo, en el cómputo total de Andalucía, desde la desaparición del OCON-Sur, grupo especializado en la lucha contra el narcotráfico, las incautaciones en Andalucía han descendido. Esta tendencia, sumada a la falta de medios y personal, ha facilitado que clanes criminales altamente organizados consoliden su presencia en la región.

En este sentido, advierte del error que supone el reciente traslado de la patrullera Río Ulla desde la provincia de Cádiz hasta el río Guadalquivir. “Nos parece un parche que responde más a improvisaciones que a una estrategia coordinada. Sacar una embarcación de una zona tan crítica como la costa gaditana solo contribuye a dejarla aún más desprotegida, destacan desde la asociación. También recuerda que los medios actuales en Cádiz ya son insuficientes para abordar el constante tráfico de drogas por mar, por lo que vienen reclamando la renovación inmediata de la flota marítima con embarcaciones adecuadas.

Por otro lado, la asociación urge a avanzar en la modificación del Código Penal para tipificar el “petaqueo” —el transporte y descarga de droga a pequeña escala— como delito específico, tal y como han reclamado distintas instancias judiciales y policiales. Cabe recordar que el senado lo aprobó en diciembre del año pasado y debería pasar al Congreso.

Mientras tanto, JUCIL aplaude las recientes decisiones de la Audiencia Provincial de Cádiz, que suponen un avance relevante en la lucha contra este fenómeno delictivo. Sin embargo, subraya que no es suficiente. “Es el momento de dar un paso más y blindar legalmente esta práctica con un delito tipificado en el Código Penal, que permita a los agentes actuar con mayor eficacia y a los jueces imponer penas proporcionadas”, señala la asociación.

“El narcotráfico no entiende de demoras políticas. Requiere medios, personal y una legislación eficaz. No se puede seguir parcheando una situación que lleva años desbordada”. En esta línea, desde la asociación apuntan a un aumento de la violencia y uso de armas de guerra, por lo que han solicitado a la Dirección General poder utilizar las armas largas de las que ya disponen, como elemento defensivo y disuasorio. Esto se une también a la solicitud de su reconocimiento como profesión de riesgo.