COMUNICADO UNIDAD DE ACCIÓN ASOCIACIONES PROFESIONALES GUARDIA CIVIL EN CATALUÑA
Las asociaciones profesionales de guardias civiles firmantes del presente comunicado, constituidas de conformidad con la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, manifiestan lo siguiente:
PRIMERO.
Muestran su total y absoluta disconformidad con el posible traspaso de las competencias actualmente asumidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puertos y aeropuertos de Cataluña, que no obedece a necesidad alguna ni a razones operativas, sino a un mero intercambio político. Reservándonos el derecho al ejercicio de las acciones legales pertinentes en todo aquello que conculque la legislación vigente y las condiciones de vida de los guardias civiles.
SEGUNDO.
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone que, la competencia sobre “La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos, centros e instalaciones que por su interés lo requieran “asiste a la Guardia Civil, conforme al artículo 12.1.B. d) de dicha Ley Orgánica. El puerto y aeropuerto de Barcelona son objetivos estratégicos fundamentales para el Estado, no olvidemos que fueron objetivo de “Tsunami Democràtic” en los disturbios del 2019.
TERCERO.
En la última Junta de Seguridad celebrada el pasado día 5 del mes en curso, ya se anunció el cese de las competencias, hasta ahora compartidas, del Seprona, relegando a esta especialidad de la guardia civil, ya no solo a un segundo plano, sino a su extinción prácticamente total. Esta cesión excede las competencias del mismo que, no son otras, que las de coordinar, y no de distribución de competencias que corresponde en exclusiva al poder legislativo. Además, no conformes con ese cese, ya sumado al cierre de la unidad de Gedex de Lleida o a la unidad del Greim de la provincia de Girona, el ahora President de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia una nueva Junta de seguridad para principios del 2025 en la que pretende llegar a más acuerdos perjudiciales para el colectivo de la Guardia Civil. Esta convocatoria, y lo que en ella se acuerde, debe constreñirse a la legislación vigente en cuanto a la distribución de competencias policiales, en caso contrario, se considerará nula de pleno derecho.
CUARTO
En ningún momento parece que Salvador Illa ha reflexionado sobre el bienestar de los ciudadanos con este tipo de acuerdos, los cuales están a favor de unos pocos en perjuicio de muchos y lo que es peor, no ha considerado en la escasez de personal de la policía catalana, la cual apenas tiene suficientes efectivos para paliar los altos índices de criminalidad con los que cuenta actualmente Cataluña, particularidad criticada por los sindicatos policiales catalanes. Añadir que los puertos y aeropuertos de Cataluña perderían efectivos expertos en la materia mientras que la policía catalana, sin contar con policías suficientes, tendría que formarse para realizar las funciones necesarias en ese tipo de trabajo.
QUINTO.
Por último, lo que todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil venimos a denunciar en unidad de acción es la falta de escrúpulos a la hora de acordar que echen a miembros del cuerpo de la Guardia Civil de sus casas, de su tierra y que estos sean una y otra vez, moneda de cambio de nuestros dirigentes. Actualmente, la Guardia Civil es uno de los pocos elementos vertebradores que unen a Cataluña con el resto de España por lo que parece que lo que realmente se pretende con estos acuerdos sea la desconexión total de esta Comunidad Autónoma con nuestro país, con la consecuente desaparición de la representación del Estado.
No nos cabe ninguna duda que una vez adoptadas estas medidas, volveremos a ser moneda de cambio una vez vuelvan a necesitarlo para conseguir otros votos y así adelantar proyectos legislativos, viendo mermadas, una vez más, nuestras competencias.
El sentir de todos los guardias civiles destinados en Cataluña y el de sus familias genera frustración y preocupación ante la incertidumbre que respiran a diario. No se puede jugar más sucio con la Guardia Civil, la cual se siente rehén de los independentistas, por lo que, exigimos respeto a nuestro trabajo y certidumbre en la estabilidad de nuestras familias, no siendo utilizados en sus pactos sin ningún pudor, máxime cuando estos acuerdos no responden a razones de idoneidad, sino simplemente a un interés político de nefastas consecuencias para el ciudadano.
El comunicado conjunto denuncia la cesión de funciones como una moneda de cambio político que compromete la seguridad y la estabilidad de los guardias civiles y sus familias
Barcelona, 27 de diciembre de 2024 – Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil en Cataluña han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su oposición al posible traspaso de competencias actualmente asumidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puertos y aeropuertos en Cataluña. Las asociaciones, entre las que se incluye JUCIL, consideran que esta medida no responde a necesidades operativas, sino a intereses políticos, y advierten de las graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad de sus miembros.
Según refleja el comunicado conjunto, la Guardia Civil ostenta legalmente competencias sobre la custodia de vías de comunicación terrestres, costas, fronteras, puertos y aeropuertos, conforme a la Ley Orgánica 2/1986. La posible transferencia de estas funciones a la policía catalana, planteada en la Junta de Seguridad celebrada el pasado 5 de diciembre, es calificada como “injustificada y perjudicial”, dado el carácter estratégico de infraestructuras como el puerto y el aeropuerto de Barcelona. Además, recuerdan que estas instalaciones fueron objetivos de disturbios significativos en 2019 por parte de “Tsunami Democràtic”.
En el comunicado, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil denuncian que en la última Junta de Seguridad, celebrada el 5 de diciembre, se anunció “el cese de las competencias, hasta ahora compartidas, del Seprona, relegando a esta especialidad de la Guardia Civil, ya no solo a un segundo plano, sino a su extinción prácticamente total.” Según indican, esta decisión excede las competencias del órgano convocante, que “no son otras que las de coordinar, y no de distribución de competencias que corresponde en exclusiva al poder legislativo.”
Además, critican que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, “anuncia una nueva Junta de seguridad para principios del 2025 en la que pretende llegar a más acuerdos perjudiciales para el colectivo de la Guardia Civil.” Alertan que cualquier decisión que contravenga la legislación vigente en cuanto a la distribución de competencias policiales “se considerará nula de pleno derecho,” exigiendo respeto al marco normativo y a las funciones propias de la institución.
En el comunicado, las asociaciones critican que “en ningún momento parece que Salvador Illa haya reflexionado sobre el bienestar de los ciudadanos con este tipo de acuerdos, los cuales están a favor de unos pocos en perjuicio de muchos.” Señalan que estas medidas no solo desatienden las necesidades operativas, sino que además ignoran “la escasez de personal de la policía catalana, la cual apenas tiene suficientes efectivos para paliar los altos índices de criminalidad con los que cuenta actualmente Cataluña,” un problema que ya ha sido denunciado por los sindicatos policiales de la comunidad.
Asimismo, advierten que los puertos y aeropuertos catalanes “perderían efectivos expertos en la materia” si se materializa el traspaso de competencias. Esto implicaría que la policía catalana, además de enfrentarse a la falta de personal, “tendría que formarse para realizar las funciones necesarias en ese tipo de trabajo,” algo que podría comprometer la seguridad de infraestructuras estratégicas en el corto plazo.
El comunicado también denuncia la falta de consideración hacia los guardias civiles destinados en Cataluña, quienes, junto a sus familias, enfrentan una creciente incertidumbre. Las asociaciones critican que estos acuerdos políticos utilizan a los agentes como “moneda de cambio”, afectando directamente su estabilidad laboral y personal.
“Actualmente, la Guardia Civil es uno de los pocos elementos vertebradores que unen a Cataluña con el resto de España por lo que parece que lo que realmente se pretende con estos acuerdos sea la desconexión total de esta Comunidad Autónoma con nuestro país, con la consecuente desaparición de la representación del Estado”, subraya el texto.
Asimismo, las asociaciones expresan su preocupación por el sentimiento generalizado entre los agentes y sus familias, que “genera frustración y preocupación ante la incertidumbre que respiran a diario.” Denuncian que la Guardia Civil “se siente rehén de los independentistas” y exigen “respeto a nuestro trabajo y certidumbre en la estabilidad de nuestras familias,” rechazando ser utilizados como parte de pactos políticos que, lejos de responder a razones de idoneidad, obedecen a intereses políticos de consecuencias nefastas para los ciudadanos.
