La Asociación Profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil recomienda a todos los excluidos que recurran esta decisión y que agoten las vías legales
La comisión encargada de señalar quienes han visto vulnerados sus derechos por violencia política en el País Vasco excluye las peticiones de 460 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras 50 de víctimas de ETA, el 42% del total de las presentadas
La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, califica de intolerable la nueva discriminación que han sufrido a manos de la Comisión de Valoración un total de 460 agentes y exagentes que esperaban acogerse a la Ley de Víctimas de Vulneraciones de Derechos por la violencia política en el País Vasco.
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, quien hace una semana calificaba de “intolerable” la situación de violencia que habían vivido los guardias civiles y sus familias en el entorno de asesinatos, represión y humillación provocado por ETA y sus grupos afines, ha declarado hoy en una rueda de prensa que, los solicitantes que pertenecían a la Guardia Civil o la Policía Nacional no “cumplen con los requisitos que señala esta ley aprobada por el Parlamento Vasco”. En su interpretación, solo pueden acogerse a la misma aquellos que hayan sufrido violencia y vulneración de los Derechos Humanos “por parte del Estado o de personas privadas con la aprobación del Estado”.
JUCIL aconseja recurrir y agotar las vías legales
Esta interpretación cerrada y discriminatoria de una ley que se pretende universal deja desprotegidos y segregados a parte de quienes cumplen con la condición víctimas de la “vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, tal y como refleja el título de la ley. La consejera Artolazabal ha declarado que los miembros de las FCSE tienen “otras
vías y otras leyes” para reclamar su condición de víctimas, una demostración más de la discriminación a la que se quiere someter a quienes sufrieron, durante años y aún soportan, un ambiente de segregación y de humillación constante por parte de quienes, por mandato legal, tienen la obligación de la defensa de sus derechos. Agustín Leal aconseja a todos los peticionarios que han visto rechazada su demanda que presenten el correspondiente recurso y agoten la vía administrativa antes de acudir, si fuera necesario, a la vía judicial para que se reconozcan sus derechos.

JUCIL agradece y resalta como importante que el Gobierno Vasco reconociera hace solo unos días, el 21 de enero pasado, el sufrimiento que padecieron los guardias civiles y sus familias a manos de ETA y su entorno a través de un estudio elaborado por el Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. Pero su portavoz nacional Agustín Leal, considera que la decisión de la comisión de valoración “resulta intolerable, discriminatoria y segregacionista. Ya que no acepta a estos peticionarios como víctimas de las vulneraciones de derechos a pesar de que el estudio del Instituto Pedro Arrupe lo documente y lo certifique”, manifiesta Leal.