Madrid, 20 de mayo de 2025. La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, ha manifestado su profunda preocupación y rechazo ante la nueva exigencia impulsada por Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de que la atención al ciudadano en las Islas Baleares se realice en catalán. JUCIL considera que esta medida antepone la cuestión lingüística a la seguridad ciudadana, generando un grave perjuicio para la operatividad de la Benemérita en el archipiélago.

Según JUCIL, los guardias civiles destinados en las islas mediterráneas ya cumplen con los requisitos que requiere el Ministerio del Interior a través de la Dirección General para ocupar destino en la región insular. Esta imposición idiomática y la amenaza de sanciones a los efectivos ya destinados allí restringirán significativamente el interés de los agentes por solicitar destino en Baleares y empujarán a muchos a marcharse, agravando aún más la ya precaria situación de falta de personal que sufre la Guardia Civil en la zona.

Por otro lado, la asociación recuerda que Baleares no es un destino prioritario para los efectivos debido al elevado coste de vida, al que no pueden hacer frente con sus retribuciones actuales. A esta circunstancia se suma la falta de reposición de los agentes jubilados o trasladados, afectando gravemente a puestos principales que carecen de oficiales y suboficiales suficientes, como es el caso especialmente preocupante del aeropuerto de Son Sant Joan, el más transitado de España en verano.

La falta de personal crónica en Baleares se agudiza

La situación se agrava aún más tras la reclamación al ejecutivo de Pedro Sánchez de considerar como infracción muy grave el hecho de que la Guardia Civil no atienda a los ciudadanos en la lengua cooficial de las islas, lo que podría acarrear hasta seis años de suspensión de empleo para los agentes. Para JUCIL, esta medida evidencia una clara priorización de la política lingüística por encima de la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente en una comunidad autónoma que ya adolece de una alarmante falta de medios humanos y materiales para cubrir sus múltiples funciones.

La necesidad de cubrir vacantes en las Islas Baleares es perentoria para atender a su población habitual. Solo en la escala básica se contabilizan 376 vacantes: 241 en Mallorca, 90 en Ibiza, 43 en Menorca y 24 en Formentera. Estas cifras no incluyen los diferentes puestos de la cadena de mando, lo que evidencia una carencia de personal aún mayor en todos los niveles.

La asociación también alerta sobre cómo influye esta carencia de efectivos en la preocupante tendencia al alza de los índices de criminalidad en Baleares. En 2024, la criminalidad aumentó un 2,4 %, con más de 80.300 delitos registrados, mientras que la media nacional descendió un 0,3 %. Este dato evidencia la necesidad urgente de reforzar la seguridad en la región, en lugar de imponer trabas que dificulten la llegada y permanencia de agentes.

Para JUCIL, esta decisión “supondría una amenaza y un paso más para la futura desaparición de la Benemérita”, poniendo en riesgo las numerosas funciones que desempeña la Guardia Civil en Baleares, que van desde la seguridad ciudadana hasta la vigilancia de costas, fronteras, aeropuertos y carreteras, el control del tráfico y la protección de edificios e instalaciones públicas.