JUCIL espera que sigan en prisión los detenidos por los asesinatos de Barbate ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas
La asociación profesional considera que la puesta en libertad de estas personas causaría desasosiego tanto entre los guardias civiles como en la sociedad española
JUCIL se une a la petición expresada por el Ministerio Fiscal para que se mantengan las medidas de prisión preventiva para todos los vinculados con los hechos que acabaron en la muerte violenta de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez el 9 de febrero en el puerto de Barbate
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) quiere compartir con todos sus asociados su posición sobre un asunto de gran relevancia y que ha generado una profunda preocupación entre todos los guardias civiles y también en la sociedad española. Recientemente ha surgido la posibilidad de que los detenidos vinculados con los hechos en los que resultaron asesinados nuestros compañeros Miguel Ángel González y David Pérez, el pasado 9 de febrero en Barbate, puedan ser puestos en libertad, si bien la juez ya ha denegado esta posibilidad a uno de ellos.
JUCIL quiere expresar su firme convicción de que la liberación de estos individuos generaría un fuerte desasosiego, no sólo entre los guardias civiles, sino también en toda la sociedad española. De esta forma, esta asociación profesional, como acusación particular en este caso, se une al criterio del Ministerio Fiscal en la solicitud de que estos detenidos permanezcan en prisión provisional.
JUCIL es consciente del contenido del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) que asegura que ninguno de los ahora detenidos formaba parte de la tripulación de la narcolancha que arrolló a la embarcación de nuestros compañeros. Sin embargo, JUCIL considera que los hechos en los que están vinculados resultan suficientemente graves. Los delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal y su vinculación con los autores del asesinato de nuestros compañeros justifican plenamente las medidas preventivas aplicadas por el juzgado.
Debe evitarse una percepción de impunidad
JUCIL destaca que respeta y valora la objetividad y la profesionalidad de nuestros compañeros de la UCO en su trabajo. Mantenemos, sin embargo, nuestra postura de que los detenidos deben de continuar en prisión debido a la gravedad de los delitos, el elevado riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas, que no puede mitigarse con medidas de control judicial.
La puesta en libertad de los detenidos no sólo aumentaría la incertidumbre sobre estos hechos, sino que también generaría y mayor desasosiego entre los guardias civiles y la población en general. La percepción de impunidad de aquellos vinculados con estos actos criminales es algo que no se puede permitir.
JUCIL continuará trabajando para asegurar que se haga justicia y que se mantenga la tranquilidad y la seguridad que los ciudadanos demandan.
