5 de marzo de 2025. Con motivo de las lluvias torrenciales que han azotado Valencia en los últimos días y que han hecho revivir a su población la pesadilla del pasado 28 de octubre, JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, denuncia una vez más los retrasos en el pago de las gratificaciones por los servicios prestados durante la DANA, así como la demora en la recuperación de los cuarteles gravemente afectados por la catástrofe.

Desde hace tres meses, los agentes de la Guardia Civil que trabajaron en las zonas afectadas no han percibido las gratificaciones correspondientes a los servicios realizados, ni la productividad por nocturnidad y festivos. Este retraso ha generado un gran malestar dentro del cuerpo, ya que el prejuicio ha sido doble para muchos agentes, pues afecta tanto a los comisionados como a los destinados en la zona.

Vicente Gómez, secretario provincial de JUCIL en Valencia, señala en referencia a estos últimos que “el que menos ha perdido el coche, por lo que hay mucho malestar”. Las gratificaciones adeudadas llegan a los cien euros brutos por turno y, pese a que el servicio especial finalizó a finales de febrero, los pagos están pendientes desde diciembre.

Junto a ello, lamenta que “las unidades de los puestos principales de Bétera y Tavernes de la Valldigna, aun encontrándose ubicados en los municipios afectados por la Dana y publicados en BOE, el personal allí destinado se ha visto excluido del cobro de las gratificaciones”.

Los guardias civiles desempeñaron un papel clave en la asistencia a las personas afectadas por la DANA, a pesar de que se les prohibió ir de uniforme, una decisión que desde JUCIL se considera “incomprensible”. Durante la emergencia, los agentes contribuyeron a garantizar la seguridad ciudadana, prevenir saqueos, atender denuncias de desaparecidos o pérdidas, y realizar levantamientos de cadáveres. “Sin embargo, cuatro meses después, seguimos trabajando en condiciones deficientes”.

El caso más evidente de esta precariedad es el cuartel de Paiporta, donde la riada se llevó el muro perimetral y la seguridad del recinto se ha visto comprometida debido a la falta de personal tras la salida de los comisionados. En este mismo cuartel fallecieron un guardia civil y un familiar en los calabozos a causa de las inundaciones.

Actualmente, las instalaciones siguen sin disponer de agentes, los relevos son más complicados, no hay vestuarios en el recinto y los sistemas con los que se atiende a la ciudadanía funcionan con lentitud.

La falta de infraestructuras adecuadas y efectivos suficientes repercute directamente en la seguridad ciudadana. “No podemos cubrir la seguridad de toda la zona. Y en el recinto, podemos estar autorizando un viaje a un niño al extranjero y, al lado, sentado un detenido, porque hay instalaciones dentro del cuartel que siguen inservibles”, denuncian desde JUCIL.

Ante esta situación, exigimos a la Dirección General que actúe de inmediato para solucionar los problemas que afectan tanto a los agentes como a la ciudadanía. Es urgente el pago de las gratificaciones pendientes y la recuperación efectiva de los cuarteles dañados para garantizar condiciones de trabajo dignas y un servicio de seguridad eficaz.