Sólo en los ocho primeros meses de 2024 se han suicidado 16 guardias civiles y policías, tantos como en todo el año pasado

Madrid, 10 de septiembre de 2024 – JUCIL ha alzado la voz en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio y ha recalcado la urgencia de abordar el suicidio, uno de los problemas más graves y silenciados que afectan a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en España. En lo que va de 2024, las cifras de suicidios en la Guardia Civil han alcanzado niveles alarmantes, con 11 casos reportados hasta septiembre. Si esta tendencia continúa, se podría superar el total de 13 suicidios registrados en todo el 2023.

Los factores de riesgo en este entorno son múltiples: la alta presión laboral, la exposición constante a situaciones de riesgo y estrés emocional y la falta de acceso adecuado a recursos de apoyo psicológico son algunas de las causas identificadas.

“Los guardias civiles estamos sometidos a una gran presión. Es necesario implementar medidas concretas para prevenir estas tragedias que impactan a las familias de las víctimas, a los compañeros y a la sociedad en su conjunto”, explicaba Sonia Valverde, Secretaria Nacional de Igualdad de JUCIL.

Entre las propuestas que JUCIL plantea desde hace tiempo, destacan la creación de un plan específico y continuo de prevención del suicidio, la mejora del acceso a apoyo psicológico especializado y confidencial, y la formación de redes de apoyo internas entre los propios agentes.

JUCIL también ha insistido en la importancia de mejorar las condiciones laborales, abordando cuestiones como los traslados forzosos, las largas jornadas y los horarios excesivos, para crear un entorno de trabajo más estable.

“La salud mental es una prioridad. Es importante eliminar el estigma asociado a la salud mental y normalizar el acceso a los recursos psicológicos sin afectar la carrera profesional de los agentes”, comentaba Valverde.

Un estudio reciente indica que el número de suicidios entre los guardias civiles triplica la tasa general de la población española.

“Es necesario un mayor compromiso institucional y una asignación adecuada de recursos para implementar medidas efectivas que frenen esta alarmante tendencia. Se debe proteger la salud mental de quienes están dedicados a la protección de los ciudadanos“, finalizaba Valverde.