La asociación solicita medidas cautelares para frenar el traspaso de competencias en varias localidades de Valencia

Valencia, 24 de noviembre de 2024 – JUCIL ha expresado su preocupación por la reciente reasignación de competencias policiales en varias localidades y pedanías de Valencia, como Benetússer, Sedaví, Massanassa, Alfafar, Aldaia, La Torre y Horno Alcedo. El traspaso, anunciado el pasado 4 de noviembre, supone que la Policía Nacional asuma las competencias que previamente correspondían a la Guardia Civil en estas zonas.

“Nos encontramos ante una decisión que no tiene ni la justificación operativa ni la transparencia necesarias para garantizar su efectividad. Exigimos al Ministerio del Interior que suspenda de forma cautelar este traspaso hasta que se aclaren todos los aspectos relacionados con la medida, y hasta que se dé una respuesta formal y razonada que respalde dicha decisión”, explicaba Alberto Álvarez, Secretario Nacional Jurídico de JUCIL.

La asociación ha señalado que, hasta el momento, no ha recibido información suficiente sobre los motivos de esta reasignación ni sobre si se trata de una medida temporal o definitiva.

“Los guardias civiles han estado siempre al pie del cañón en estas localidades, siendo los primeros en actuar ante cualquier emergencia o incidente. Su experiencia y conocimiento del terreno son fundamentales, y esta reasignación no solo menoscaba su labor, sino que también genera incertidumbre entre los agentes y la ciudadanía”, afirmaba Álvarez.

La asociación explica que el Ministerio del Interior ha informado públicamente sobre las medidas adoptadas para apoyar a las víctimas, indicando que la Policía Nacional asumirá competencias en las zonas mencionadas, incluida la actuación en puntos estratégicos como el Centro Comercial MN4.

“La ciudadanía y los agentes tienen derecho a conocer los fundamentos de decisiones que afectan directamente a su seguridad y a su trabajo diario. Las medidas que se tomen deben basarse en criterios operativos sólidos, no en decisiones apresuradas que no aporten garantías”, finalizaba Álvarez.

JUCIL reitera su compromiso con la defensa de los derechos y funciones de la Guardia Civil en todo el país y solicita al Ministerio del Interior que tome medidas urgentes para aclarar la situación.