La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha interpuesto en los juzgados de Barbate una denuncia por un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves por imprudencia contra el General Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. JUCIL basa la denuncia en las declaraciones de los cuatro compañeros supervivientes de los trágicos acontecimientos en los que perdieron la vida asesinados otros dos guardias civiles, Miguel Ángel González y David Pérez, cuando en la tarde noche del 9 de febrero pasado intentaban identificar, en un día de muy mala mar, a los tripulantes de varias narcolanchas que se habían refugiado del mal tiempo en el puerto de Barbate. Según los términos en los que JUCIL ha presentado esta denuncia, la intervención policial se realizó bajo condiciones extremadamente peligrosas y sin los medios adecuados para enfrentar la situación. Y lo que para JUCIL es todavía más grave: Los superiores jerárquicos, a pesar de conocer los riesgos, ordenaron realizar una intervención para la que los guardias civiles que participaron no estaban preparados ni contaban con los recursos necesarios.

Un constante aviso de que no tenían medios

JUCIL detalla en el escrito de la denuncia que la embarcación de la que se disponía en ese momento era claramente insuficiente para enfrentarse a las potentes narcolanchas con las que se trafica con drogas y con personas en el Estrecho de Gibraltar. Pero la denuncia va más allá, y resalta que además los guardias civiles asignados no estaban adecuadamente preparados ni equipados para una operación de este tipo, lo que aumentó el riesgo para sus vidas.

Así, los compañeros del equipo GEAS no están preparados para estas intervenciones policiales, mientras que los dos integrantes del GAR que se les añadió como refuerzo, carecían de los medios necesarios, por ejemplo, cascos, y esto último es importante porque los dos fallecidos sufrieron contusiones en la cabeza provocados por el paso sobre ellos de la narcolancha que los arrolló. 
La denuncia menciona además las difíciles condiciones meteorológicas del momento de la intervención.

Alertaron en varias ocasiones de que con aquellos medios no se podía intervenir

JUCIL basa su denuncia también en el testimonio prestado por el jefe del equipo de los GEAS en su declaración ante el juzgado de Barbate, el 10 de mayo último. El Sargento que dirigía el equipo recibió una llamada del Coronel Jefe de Cádiz en la que se le indicó que el superior jerárquico, el General Jefe de la Zona de Andalucía requiere al equipo GEAS para que acuda al puerto de Barbate. En esa llamada se comunica al Coronel “que no pueden salir con la lancha de la Guardia Civil, ya que es muy pequeña y hay riesgo de que les pasen por encima con las narcolanchas” Esta afirmación, precisa JUCIL, “se comunica al superior incluso en dos ocasiones, entre otros comentarios, dado que no es posible realizar lo que es solicitado por los superiores ahora denunciados, por el riesgo sobre la vida de los agentes si salieran con la lancha” narra el texto de la denuncia.

JUCIL añade además que la lancha con la que la Guardia Civil cuenta en ese momentos es un equipo antiguo, con unas medidas inadecuadas para el fin que se encomendaba al equipo “ya no solo hay que fijarse en la diferencia abismal entre las lanchas, lo cual se dejó constancia al superior que ahora se denuncia, y el riesgo de muerte que existía, la facilidad con la cual podían pasarles por encima y causar daños trágicos e irreparables (como sucedió), sino que la preparación de los agentes no era acorde a la intervención otorgada a los mismos por los superiores”, ahonda la denuncia. Así, mientras los GEAS no están preparados para estas intervenciones, los GAR carecen de entrenamiento en el ámbito náutico. “Y aunque tuvieran algo de conocimiento, fueron asignados sin medios de protección. Fueron destinados a dicha intervención sin casco, sin chaleco protector antibalas, sin armas largas, portando una simple arma corta como los demás agentes. Fue el GEAS quien tuvo que otorgar un casco y neopreno para la actuación policial, casco que no sirvió de nada dado que los dos fallecidos tuvieron contusiones fatales en la cabeza, como se pueden observar de las autopsias contenidas en el atestado policial” narra la denuncia presentada en Barbate.

Un delito castigado con penas de uno a cuatro años de cárcel

JUCIL afirma en su denuncia ante el juzgado de Barbate la mala calidad de los medios, la falta de preparación de los guardias civiles y las malas condiciones meteorológicas “eran conocidas por los ahora denunciados, quienes obligaron a realizarla, al ser superiores y los agentes no poderse negar, para que salieran. Y el destino de los agentes fue fatal, pudiendo haber sido incluso peor”.

JUCIL conoce por supuesto de la apertura de una causa en el Juzgado número 1 de Barbate por un posible delito de prevención de riesgos laborales cometidos por los ahora denunciados, si bien considera que esa posible calificación se queda corta, ya que entiende “que no solo se ha producido la comisión del mismo, sino que los superiores denunciados tenían constancia plena de que los medios de la Guardia Civil eran insuficientes, y aun así, obligaron a los agentes a salir y realizar una intervención policial fuera de sus capacidades y aptitudes, sin lo necesario, a sabiendas del riesgo de muerte, siendo los mismos completamente afines a que se realizar la intervención, sin importar el resultado, dada la situación ‘política’ acaecida con anterioridad”, afirma JUCIL. 

“Por los hechos expuestos, esta parte, como calificación provisional, considera que nos encontramos ante dos delitos de homicidio por imprudencia grave del artículo 142 de nuestro Código Penal, así como cuatro delitos de lesiones graves por imprudencia del artículo 152.1.2 del Código Penal” concluye JUCIL. El artículo 142 castiga con penas de uno a cuatro años de prisión los casos de muerte por imprudencia.

JUCIL solicita en su denuncia al juzgado que se inicien las correspondientes diligencias previas para esclarecer estos hechos y que se investigue bajo estos criterios la responsabilidad de los superiores jerárquicos en este suceso y propone las siguientes pruebas:

1. Que se oficie a la UOPJ de la Guardia civil de Cádiz para que aporte copia de las Diligencias 13/2024.
2. Que se oficie al Juzgado Mixto nº 1 de Barbate para que aporte copia de las Diligencias Previas 44/2024.
3. Que se tome en declaración a los agentes supervivientes de la embarcación de la Guardia civil, citados en este escrito,
4. Que se tome declaración en calidad de investigados a los superiores denunciados mediante el presente escrito.