La asociación solicita documentación oficial y garantías de alojamiento para las 14 familias afectadas, denunciando la vulnerabilidad generada por una orden verbal que contraviene las normas

Valencia, 26 de noviembre de 2024- JUCIL ha instado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a suspender de manera inmediata la orden verbal de desalojo de 14 pabellones y unidades en el Cuartel de Utiel (Valencia). Esta medida afectaría tanto a los agentes destinados en esa base como a sus familias, dejándolas en una situación de vulnerabilidad extrema.

“Nos enfrentamos a una decisión que no solo incumple las normas legales al carecer de documentación escrita y motivada, sino que además pone en riesgo la estabilidad laboral, educativa y social de las familias de los guardias civiles. Exigimos que se reconsidere esta decisión y que se actúe con transparencia y respeto hacia quienes sirven a todos los ciudadanos”, explicaba Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL.

JUCIL ha remitido un escrito formal solicitando que se deje sin efecto la orden verbal y que, de ser necesario, se emita una orden escrita y motivada, acompañada de toda la documentación justificativa requerida por la normativa vigente. Además, se ha pedido que se proporcione acceso al informe del arquitecto del Ayuntamiento de Utiel o cualquier otro dictamen pericial que sustente la declaración de ruina, en caso de existir.

La asociación también ha exigido que se informe sobre las gestiones realizadas para garantizar alojamientos alternativos adecuados tanto para las unidades operativas como para los agentes y sus familias.

“Es imprescindible que, de no existir una solución inmediata, se habiliten instalaciones provisionales dignas y seguras para las familias afectadas, preferiblemente en viviendas aptas y listas para su ocupación inmediata. Si esto no es viable, deberían considerarse opciones como alojamientos en hoteles o ayudas económicas para alquilar viviendas cercanas”, comentaba Vilariño.

Desde JUCIL se destaca que no se puede permitir que las familias de los guardias civiles queden desamparadas en un momento tan crítico.

“Pedimos que se proteja a las familias afectadas y asegurar que se respete el marco legal y la transparencia”, finalizaba Vilariño.