Este año ha sido uno de los más difíciles de mi vida, tanto a nivel personal como profesional. Meses de recuperación por problemas físicos me mantuvieron alejado de la actualidad diaria. Durante ese tiempo, mis pensamientos volvían una y otra vez a los problemas que enfrentan mis compañeros de la Guardia Civil, esperando que, a mi regreso, las cosas hubieran cambiado. Sin embargo, me he encontrado con una realidad desalentadora: las promesas siguen incumplidas, los problemas persisten, y los guardias civiles aún continúan olvidados por los gobernantes.

Volver no ha sido fácil. Mientras luchaba por recuperar mi salud, mis compañeros en toda España seguían enfrentándose a los mismos desafíos de siempre: agresiones, injusticias y, lo peor de todo, la falta de apoyo de quienes deben protegernos. El 12 de octubre, el Día de la Patrona, que debería ser un motivo de orgullo, lo siento como un recordatorio de lo que está mal en nuestro entorno laboral.

Un golpe personal que nunca olvidaré

De todos los momentos dolorosos de este año, ninguno me marcó tanto como el asesinato de dos compañeros en Barbate, Cádiz. El 9 de febrero de 2024, estos dos guardias civiles fueron embestidos por una narcolancha en plena operación contra el narcotráfico. He vivido muchas tragedias en esta profesión, pero esa fue especialmente dura, quizás por el regocijo con el que algunos de los testigos animaban a los asesinos, como se recogía en los vídeos de aquel crimen. Ese viernes mientras me entrevistaba en directo Aimar Bretos en la Cadena SER, no pude contener las lágrimas. Fue la primera vez que lloré en una entrevista. Un momento que aún me cuesta procesar.

Esa tragedia me recordó la vulnerabilidad a la que nos enfrentamos cada día, trabajando en condiciones peligrosas sin el apoyo que necesitamos. Poco ha cambiado. Los guardias civiles que operan en lugares como Cádiz o en toda el área del Estrecho de Gibraltar siguen expuestos al mismo peligro, sin las mejoras necesarias que podrían haber evitado la tragedia de Barbate. Mientras tanto, los responsables de la Administración ignoran nuestras peticiones de mayor seguridad y apoyo en zonas de alto riesgo.

Violencia sin castigo

En 2023 y 2024, las agresiones a guardias civiles han sido una constante. Las cifras certifican esta evidencia: decenas de agentes han sido víctimas de ataques, insultos y vejaciones, tanto físicas como verbales. Lo más doloroso no es sólo el número de agresiones, sino la sensación de impunidad que reina. La mayoría de los agresores quedan libres o con sanciones que apenas sirven como advertencia. Y ahora, con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, esto sólo irá a peor. Sus detractores la llaman ’ley mordaza’, pero con los cambios que se anuncian bien podríamos otros denominarla como ‘Ley de Odio a la Policía y Guardia Civil’.  Será modificada para convertir las faltas de respeto en algo “objetivable”. Me pregunto qué significa eso exactamente. ¿Que un insulto o una amenaza sólo serán sancionados si hay pruebas contundentes? ¿Si tenemos suerte de que haya una grabación o un testigo que quiera colaborar? Porque si de por sí era difícil que las agresiones tuvieran consecuencias serias, ahora, con esta reforma, cualquier agresor podrá salir impune con mayor facilidad.

Las sanciones por desobediencia a la autoridad se convertirán en simples faltas leves. Como si desobedecer a un guardia civil en una situación de tensión no fuera peligroso. No sé si usted ha estado alguna vez en el lugar de uno de nuestros agentes, enfrentándose a una multitud enardecida, a delincuentes violentos o a cualquier persona que decida que hoy no quiere obedecer la ley. En esas situaciones, la autoridad y el respeto son nuestras principales armas, y si esas armas se debilitan, los guardias civiles quedamos aún más expuestos.

La eterna promesa rota

Otro de los temas que más frustra a los guardias civiles es el incumplimiento de la equiparación salarial. Seis años después de que nos prometieran que tendríamos las mismas condiciones salariales que las policías autonómicas, seguimos esperando. A pesar de que se nos aseguró que la equiparación llegaría, seguimos trabajando con salarios significativamente inferiores a los de cuerpos como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza, las policías autonómicas catalana y vasca respectivamente. ¿Acaso el trabajo de un guardia civil vale menos?

Creo que está claro para todo el mundo que los guardias civiles no pedimos lujos ni privilegios. Sólo queremos que nuestro trabajo, que es igual de arriesgado y de exigente, sea valorado de la misma manera. Nos enfrentamos a narcotraficantes, a terroristas y a criminales todos los días, y lo hacemos con el mismo compromiso y responsabilidad que cualquier otro cuerpo policial. Sin embargo, cuando llega el momento de recibir nuestro salario, la diferencia es abismal.

Este incumplimiento de la equiparación salarial afecta nuestra economía y tiene efectos evidentes sobre nuestra moral. Cada guardia civil que arriesga su vida para proteger a los ciudadanos merece ser tratado con el mismo respeto y con la misma dignidad que cualquier otro agente del Estado. Hasta que esta promesa se cumpla, seguiremos sintiéndonos menospreciados.

La rendición

Es fascinante comprobar cómo Bildu, un partido que en su día apoyó y aún apoya las mismas propuestas e iniciativas que los terroristas de ETA se ha convertido en un actor clave en la política española, hasta el punto de ser el socio preferente para reformar una ley que afecta directamente a los cuerpos de seguridad del Estado. La Ley de Seguridad Ciudadana será reformada para contentar a Bildu y asegurar su apoyo en la aprobación de los Presupuestos de 2025.

Y, ¿qué implica esta reforma? Además de convertir las faltas de respeto y la desobediencia en infracciones leves, se prohibirá el uso de pelotas de goma en situaciones de alteración del orden público. Sí, esas pelotas de goma que tantas veces han salvado vidas y que han permitido controlar disturbios sin poner en peligro a los agentes ni a los manifestantes. Ahora, esas pelotas de goma serán sustituidas por medios “menos lesivos”, aunque aún no sabemos exactamente qué significa eso. Quizás un “por favor” educado logre controlar a una multitud enardecida.

Lo que es claro es que esta reforma nos deja aún más desprotegidos. Los guardias civiles y los agentes de la Policía Nacional trabajan en situaciones difíciles, pero ahora deberán hacerlo con menos herramientas para defenderse y con menos margen de acción. Y todo por un acuerdo político que mantiene a Bildu en el tablero y asegurará su voto en los Presupuestos.

El asalto a la memoria

Este año también hemos sido testigos de uno de los mayores asaltos a la memoria de nuestros compañeros caídos: la excarcelación anticipada de terroristas condenados. Criminales que fueron juzgados y condenados por asesinar a guardias civiles están siendo liberados antes de cumplir la totalidad de sus condenas, todo por acuerdos políticos que pretenden mantener ciertos equilibrios de poder.

Ver cómo los responsables de estos crímenes salen de prisión antes de tiempo es un golpe directo a la memoria de los compañeros que perdieron la vida defendiendo este país. Es un quite a la justicia y una burla a sus familias, que aún cargan con el dolor de su pérdida. No puedo evitar sentir una profunda indignación al ver cómo se sustituye la justicia por la política de esta manera.

Transparencia y soluciones

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) exige de la Administración, de nuestros gobernantes que tienen la obligación y el mandato constitucional de gobernar para todos, que tomen medidas inmediatas para restaurar la confianza de los guardias civiles en las instituciones. Exigimos que se cumplan las promesas de equiparación salarial, que se revise la Ley de Seguridad Ciudadana para proteger adecuadamente a los agentes, y que se ponga fin a las excarcelaciones anticipadas de terroristas.

También demandamos transparencia en la gestión del sistema ISFAS. En estos momentos peligra la asistencia sanitaria de miles de guardias civiles y sus familias. Durante este año, hemos solicitado en repetidas ocasiones información clara sobre la situación de ISFAS, pero la respuesta ha sido siempre la misma: “toda la información se canaliza a través de las comisiones informativas”. Esta falta de transparencia es inaceptable cuando lo que está en juego es la salud y el bienestar de tantos compañeros y de sus familias.

Y mi conclusión:

A pesar de todo lo que hemos vivido este año —las agresiones, los asesinatos de compañeros, las promesas incumplidas, y las cesiones políticas— sigo queriendo ser guardia civil. Lo digo con orgullo, porque sé que el trabajo que hacemos es vital para la seguridad de este país. Y lo digo con respeto, pero con firmeza: pese a TODO, aún quiero ser guardia civil. Porque esta profesión, a pesar de todos los obstáculos, sigue siendo mi vocación y mi orgullo.

Agustín Leal

Secretario de Comunicación de la Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL