• La asociación que falta aproximadamente el 20% de la plantilla en la comunidad debido a bajas no cubiertas, jubilaciones y traslados, dejando patrullas con un solo agente frente a intervenciones de alto riesgo. • La falta de efectivos obliga a los guardias veteranos a realizar tareas burocráticas en lugar de vigilar el terreno, tras un 2025 catastrófico con casi 8.000 hectáreas quemadas y un inicio de 2026 que ya suma 4.767 en solo cuatro meses. • Roberto Estrada, secretario provincial advierte: "La naturaleza y el turismo son el motor económico de Asturias; si no cuidamos los montes ni cubrimos las plazas de quienes los protegen, estamos dejando morir nuestra mayor fuente de ingresos".
Oviedo, 19 de junio de 2026. JUCIL denuncia que la riqueza cinegética, piscícola y forestal de Asturias, un ecosistema único con una altísima concentración de espacios naturales protegidos, se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en el Principado está operando bajo mínimos críticos. De una plantilla teórica de 60 efectivos para la comandancia de Asturias, actualmente falta aproximadamente un 20% del total de los agentes debido a bajas de larga duración, retiros, ascensos y vacantes sin cubrir.
Esta alarmante falta de personal está provocando que patrullas que operativamente deberían contar con un mínimo de un cabo y tres guardias civiles se encuentren desiertas o bajo mínimos severos. La situación en los puestos territoriales (PACPRONAS) roza el colapso. En las zonas rurales, hay equipos con una sola persona en activo -o dos en el mejor de los casos- debido a la falta de reposición de agentes. En las grandes urbes el escenario de la Benemérita no es mejor, el equipo de Gijón cuenta de manera insólita con un solo guardia civil, y la comandancia de Oviedo carece de teniente al mando, recayendo toda la carga en un subteniente.
Un territorio hostil sin vigilancia
Asturias cuenta con una geografía abrupta, de accesos complejos y grandes distancias donde la presencia de la Guardia Civil es, en muchos casos, la única garantía de seguridad y orden. El desmantelamiento encubierto del servicio está obligando al personal existente —en su mayoría veterano— a suprimir patrullas de vigilancia y control medioambiental para asumir asfixiantes tareas burocráticas (informes, investigaciones de delitos, denuncias, etc.) El SEPRONA, cuya misión histórica desde su creación en 1988 es perseguir el furtivismo en la caza y la pesca, proteger el suelo y prevenir e investigar incendios, se ve atado de pies y manos en los despachos mientras el monte queda desprotegido.
Esta falta de personal no solo desampara el ecosistema, sino que dispara el riesgo físico de los propios guardias civiles. Enfrentarse en solitario o en binomios aislados a redes de furtivos, a delitos medioambientales o a la investigación a pie de campo de incendios forestales provocados eleva exponencialmente la peligrosidad de un servicio ya de por sí extremo.
Datos devastadores: un paraíso en llamas
La ausencia de patrullas preventivas coincide con una de las peores rachas de incendios forestales de la década. Durante el año 2025, el fuego devoró un total de 7.958 hectáreas en Asturias, lo que supuso un repunte histórico del 84,8% respecto al año anterior y el peor dato registrado desde 2020.
Desde JUCIL denuncian que, lejos de dar una tregua, la tendencia continúa de forma alarmante, y sólo durante el primer cuatrimestre de este año, los incendios registrados ya han calcinado 4.767 hectáreas de terreno, afectando gravemente a la biodiversidad del matorral y el monte bajo asturiano.
Roberto Estrada, secretario provincial: “Hay que cuidar el monte como se cuida a la población”
Roberto Estrada, secretario provincial de la asociación en Asturias ha mostrado su rotundo malestar ante la pasividad de la Administración, “el año pasado vivimos una auténtica catástrofe con casi 8.000 hectáreas calcinadas, y este año el ritmo es escalofriante. Llevamos más de la mitad en cuatro meses y ni siquiera ha llegado la temporada fuerte, en la que estamos entrando ahora. No podemos pretender proteger un patrimonio natural único en España con patrullas fantasma de un solo hombre o comarcas enteras sin vigilar. La geografía de Asturias no perdona, si la Guardia Civil no está en el monte persiguiendo el delito y previniendo el fuego, nadie más va a llegar a esos accesos”. Añade además que “el Principado de Asturias se vende al mundo como el ‘Paraíso Natural’, y el turismo verde es una de nuestras principales fuentes de riqueza y empleo. Es una hipocresía absoluta presumir de turismo y descuidar el motor que lo genera. Exigimos que las plazas vacantes se cubran de inmediato. A la población estable de Asturias se la cuida garantizando su seguridad, y cuidar de Asturias es, de manera indisoluble, cuidar de sus bosques y de los agentes que los defienden. El SEPRONA está exhausto y los parches ya no sirven”.
Estrada también lanza una dura crítica al Gobierno central por el agravio comparativo que sufren los agentes: “resulta sangriento que los guardias civiles del SEPRONA se metan en lo más profundo del monte asturiano, asumiendo intervenciones peligrosas, rescates y persecuciones en zonas de difícil acceso, y que el Ministerio del Interior siga negándonos la declaración de profesión de riesgo. Pero la humillación es doble: realizamos este trabajo vital cobrando considerablemente menos que cualquier policía autonómica gracias a una equiparación salarial real que el Gobierno mantiene guardada en un cajón. Mismo trabajo, mayor riesgo, menor sueldo. Es insostenible”, concluye el secretario provincial.
Reivindicaciones urgentes
JUCIL exige al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil un plan de choque urgente para cubrir las vacantes actuales en el SEPRONA asturiano, frenar la sangría burocrática que aparta a los guardias del terreno y dignificar las condiciones laborales del Cuerpo. La asociación recuerda que la protección del medio ambiente en Asturias no es un capricho, sino una cuestión de supervivencia económica y ecológica que debe ser defendida por agentes justamente retribuidos, reconocidos y con el respaldo operativo necesario.