Palma, 10 de junio de 2026. JUCIL ha logrado una importante victoria judicial en defensa de los derechos de los guardias civiles destinados en la Agrupación de Tráfico. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló la creación de las Unidades de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) ha adquirido firmeza después de que la Administración no haya interpuesto recurso de casación contra la resolución judicial.

La sentencia, obtenida gracias al trabajo de los servicios jurídicos de JUCIL, estima el recurso presentado por la asociación contra la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de 5 de junio de 2023, mediante la cual se creaban las denominadas UNIS de Tráfico. El tribunal concluye que la Administración no siguió el procedimiento legalmente establecido para poner en marcha estas nuevas unidades y que la medida se adoptó sin las garantías exigibles para una modificación organizativa de tal alcance.

Desde el inicio del procedimiento, JUCIL sostuvo que la creación de estas unidades se llevó a cabo sin la necesaria publicidad, sin la correspondiente modificación normativa y sin la participación de las asociaciones profesionales representativas de los guardias civiles. La primera constancia que tuvieron muchos agentes de la existencia de las UNIS fue, precisamente, la asignación de destinos a las mismas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza los argumentos planteados por la Dirección General de la Guardia Civil y afirma de forma contundente que las UNIS constituyen una unidad de nueva creación, por lo que no podían implantarse mediante una simple comunicación interna. Los magistrados consideran insuficiente la difusión realizada a través de la intranet corporativa y destacan que no consta publicación oficial de la resolución ni la tramitación necesaria para una medida que afecta a la estructura de la Agrupación de Tráfico.

Asimismo, la resolución judicial señala que la creación de estas unidades trascendía claramente el ámbito de una mera reorganización interna, puesto que tuvo efectos directos sobre los destinos de los agentes y supuso, de facto, una modificación de la estructura prevista en la normativa que regula la especialidad de Tráfico. Por todo ello, el tribunal acuerda la anulación de la resolución impugnada.

Para JUCIL, esta sentencia firme supone un nuevo respaldo judicial a las reivindicaciones de la asociación y pone de manifiesto la importancia de respetar los procedimientos legales, la transparencia y la participación de las asociaciones profesionales en aquellas decisiones que afectan a la organización y a las condiciones de servicio de los guardias civiles.

La asociación valora especialmente el trabajo desarrollado por sus servicios jurídicos durante todo el procedimiento y reitera su compromiso de seguir defendiendo los intereses de los guardias civiles frente a cualquier actuación administrativa que pueda vulnerar sus derechos o apartarse de los cauces legalmente establecidos.