23 de junio de 2026. JUCIL ha registrado formalmente una propuesta de enmienda al Proyecto de Ley por la que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, iniciativa legislativa procedente del Real Decreto-ley 11/2026. Con esta propuesta, la organización persigue acabar con las diferencias de trato que sufren los guardias civiles y recuperar la exención total del copago farmacéutico para los agentes pensionistas, jubilados y retirados, independientemente del régimen de protección al que estén adscritos los miembros de la Benemérita.

La enmienda presentada por la asociación plantea una modificación del artículo 102 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. El objetivo principal es restablecer el escenario previo a la reforma del año 2012, de manera que las personas retiradas de la Guardia Civil, del resto de las Clases Pasivas y del mutualismo administrativo (Muface, Isfas y Mugeju) dejen de abonar el porcentaje actual por sus medicamentos y queden exentas de cualquier aportación, situándose en un porcentaje del cero por ciento del precio de venta al público.

La organización detalla en su exposición de motivos que el sistema implantado hace catorce años ha perdido su justificación coyuntural y se ha convertido en una barrera económica que dificulta la continuidad de los tratamientos médicos, afectando especialmente a las personas con menores ingresos o con dolencias crónicas. JUCIL argumenta que no existe una motivación suficiente que justifique que un guardia civil, una vez que pasa a la situación de jubilación o retiro, deba soportar una carga farmacéutica distinta a la de otros pensionistas del Régimen General de la Seguridad Social.

Asimismo, la propuesta de la asociación profesional busca unificar los criterios para el personal en activo, fijando un porcentaje general de aportación del treinta por ciento para todos los asegurados y mutualistas en activo, con el fin de consolidar los principios de igualdad, equidad y no discriminación. La propuesta incluye un blindaje específico de exención total para colectivos vulnerables, como las personas afectadas por el síndrome tóxico, los perceptores del ingreso mínimo vital o de rentas de integración, los desempleados sin subsidio y los menores de edad con una discapacidad reconocida igual o superior al treinta y tres por ciento.

El texto de la enmienda ha sido trasladado a los diferentes grupos parlamentarios para su debate en las Cortes Generales. JUCIL hace un llamamiento a la responsabilidad de las fuerzas políticas para corregir una situación que consideran discriminatoria y reclama un tratamiento homogéneo que garantice que el régimen de encuadramiento laboral no determine el coste que un ciudadano debe asumir para acceder a una prestación sanitaria esencial.