La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) expresa su absoluta sorpresa, que espera no deba convertirse en indignación, ante las revelaciones periodísticas que vinculan al exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, con el caso de corrupción conocido como ‘caso Koldo’. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) apunta la posibilidad de que Marcos habría alertado a Koldo García, uno de los principales investigados, sobre las vigilancias y pesquisas que se llevaban a cabo en su contra.

Agustín Leal, secretario de comunicación de JUCIL, ha expresado en nombre de la asociación que, de confirmarse estas informaciones, el autor de estos hechos se haría merecedor de la máxima condena: “Resultaría intolerable que quien ha dirigido la Guardia Civil, una institución fundamental para la defensa de la ley y el orden en España, pueda verse involucrado en actuaciones que traicionan no solo a este Cuerpo, sino a la ciudadanía. Se pone en entredicho la honorabilidad de la institución junto con el esfuerzo y el sacrificio diario de miles de guardias civiles que dan lo mejor de sí mismos para proteger a la sociedad”.

JUCIL, que defiende los derechos laborales y sociales de los agentes, no puede permanecer en silencio ante este nuevo atisbo de escándalo que golpearía, de ratificarse, la integridad de la Guardia Civil. Como defensora también de la imagen del propio Cuerpo, JUCIL exige que se depuren todas las responsabilidades penales y políticas correspondientes.

Una gestión marcada por la desprotección y el olvido

Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos que han demostrado la falta de liderazgo de Leonardo Marcos durante su tiempo al frente de la Guardia Civil. En febrero de 2024, JUCIL pidió su dimisión tras el trágico asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, denunciando que no se estaban tomando las necesarias para proteger la vida de los agentes en operaciones de alto riesgo.

Ha habido una constante falta de respuesta a demandas fundamentales, como la equiparación salarial con otros cuerpos policiales o aplicación de los turnos de trabajo. “Durante el mandato de Marcos, las reclamaciones de los guardias civiles han sido ignoradas. Ahora, la imagen de nuestra institución podría verse manchada de forma inaceptable” explica Leal.

Defensa de la Guardia Civil, por y para sus agentes

JUCIL reitera así que su compromiso no es solo con los derechos de los guardias civiles, sino también con la preservación de la integridad de la institución. Los hechos recientes, en los que las informaciones recogidas parecerían implicar a Leonardo Marcos en la filtración de información a los investigados en el caso de corrupción, representan un ataque directo a la credibilidad y dignidad de la Guardia Civil. “Tendría la condición de inasumible que quienes deben ser los máximos garantes de la ley estén envueltos en actividades que socavan la confianza de los ciudadanos en nosotros, los guardias civiles. Si se confirmaran estos aspectos ahora publicados, Leonardo Marcos deberá rendir cuentas ante la justicia”, concluye Leal.

UCO sin presiones en las investigaciones

JUCIL también resalta la importancia de que la Unidad Central Operativa (UCO) trabaje en sus investigaciones, incluidas aquellas que puedan afectar a miembros de la Guardia Civil, con absoluta independencia y sin interferencias por parte de la Administración pública. Es vital que las demandas de información y de datos que reclaman los tribunales de Justicia se atiendan con total libertad de intervención y con la máxima colaboración de la Dirección General.

JUCIL reclama en este sentido a la nueva directora general, Mercedes González, que permita que estas pesquisas se lleven a cabo sin ningún tipo de presión para los encargados de estas, con el objetivo de garantizar que la Justicia actúe con plena transparencia y efectividad. “Solo de esta forma podremos asegurar que se investiguen todos los casos de corrupción de manera justa, sin importar quién esté implicado, y restaurar la confianza de los ciudadanos en la Guardia Civil como garantía del Estado de derecho”, afirma Leal. JUCIL exige por último a la nueva dirección de la Guardia Civil que adopte medidas inmediatas para restaurar la transparencia y la confianza pública en la institución.