Madrid, 2 de julio de 2026. La asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) exige la dimisión inmediata e irrevocable de la directora general de la Guardia Civil (DGGC), Mercedes González, así como del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Para la organización, la permanencia de ambos en sus respectivos cargos públicos resulta completamente insostenible y compromete gravemente el prestigio y la neutralidad de la institución.

Una imputación intolerable y una cúpula judicializada

La reciente imputación judicial de la directora general de la Guardia Civil, así como la del Director Adjunto Operativo (DAO), supone, a juicio de JUCIL, la gota que colma un vaso ya rebosante de escándalos y casos bajo sospecha que han salpicado la gestión de la Benemérita en los últimos tiempos. Esta situación no puede seguir así más. Mercedes González no puede mantenerse ni un minuto más al frente de una institución cuya principal seña de identidad es la ejemplaridad y el estricto cumplimiento de la ley.

“Quien debe liderar a los guardias civiles en la persecución del delito no puede estar bajo la lupa de los tribunales como investigada. Como máxima responsable de la institución, está obligada moralmente a cumplir con el principio que rige a este cuerpo, ‘el honor es mi divisa’, y dejar el cargo. Por dignidad institucional, su salida debe ser inmediata”, señalan desde la secretaría nacional de JUCIL.

El reflejo de los guardias de calle frente a los despachos y el impecable trabajo de la UCO 

Desde JUCIL se quiere recalcar de forma contundente que el preocupante escenario que se vive en los despachos de la cúpula no refleja en absoluto la imagen real del cuerpo ni de sus integrantes.

La realidad de la Guardia Civil es la que demuestra diariamente la Unidad Central Operativa (UCO), cuyo impecable y riguroso trabajo de investigación es el reflejo de la verdadera esencia de la institución: la búsqueda de la verdad y la justicia caiga quien caiga, con independencia y profesionalidad. Esa misma excelencia es la que comparten los miles de agentes que se juegan la vida a diario en la calle para proteger a los ciudadanos. JUCIL lamenta profundamente que el sacrificio y el prestigio de estas unidades se vea empañado por el descrédito de unos dirigentes que se aferran a sus puestos estando investigados por la Justicia.

Marlaska debe asumir la responsabilidad política

Asimismo, JUCIL dirige su exigencia de dimisión hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La asociación tacha de “inadmisibles y contradictorias” las explicaciones ofrecidas por el ministro no solo el pasado martes, en su comparecencia ante la comisión de investigación en el Senado, sino durante las últimas semanas.

“Es inadmisible que, a pesar de la gravedad de los indicios judiciales y de las imputaciones que cercan a la dirección del cuerpo, el ministro volviese a manifestar su ‘plena confianza’ en la directora general”, aseveran desde la asociación.

El propio ministro confirmó en el Congreso de los Diputados que la elección de Mercedes González era una decisión estrictamente suya y afirmó textualmente que asumía toda la responsabilidad política. Desde JUCIL se le insta a que demuestre esa asunción de responsabilidad no con palabras vacías, sino con su renuncia inmediata.

Limpieza institucional

Para JUCIL, la única vía posible para que se esclarezca la situación y se devuelva la calma a la Benemérita es que tanto el ministro como la directora general abandonen sus puestos sin más dilación. La Guardia Civil y sus agentes no pueden seguir siendo rehenes de la erosión política y judicial de sus máximos responsables.