Cáceres, 29 de junio de 2026. JUCIL, la asociación profesional de la Guardia Civil, alza la voz para denunciar la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la provincia de Cáceres ante el inicio de la temporada crítica de incendios forestales. A través de una radiografía detallada de la plantilla, el material y el vestuario del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), la asociación califica de “temeridad” las condiciones en las que los agentes deben proteger el inmenso patrimonio natural cacereño, especialmente propenso a sufrir la virulencia del fuego debido a las altísimas temperaturas y los vientos secos.

Patrullas “unipersonales” y refuerzos denegados 

Los datos de la Comandancia de Cáceres revelan una falta crónica de personal, acumulando un total de 6 vacantes actuales sin cubrir (1 teniente, 1 cabo 1º y 4 guardias civiles). JUCIL denuncia con preocupación la existencia de lo que denominan “patrullas fantasma”, unidades en las que figura un solo componente destinado y cuyas vacantes no se publican desde hace años, como el PAPRONA Cáceres, que cuenta solo con un cabo 1º en plantilla, carece por completo de guardias civiles asignados y tiene que cubrir su demarcación recurriendo de forma fija desde hace años a un agente comisionado. PAPRONA Trujillo cuenta con un escenario límite similar, con un solo cabo 1º en plantilla que tiene que patrullar gracias a un guardia civil comisionado. Otro de los casos especialmente preocupantes es el PAPRONA Caminomorisco, en el corazón de una de las zonas de mayor riesgo, con un único guardia civil y una vacante de cabo 1º que la Administración mantiene oculta sin publicar desde hace varios años.

Ante este panorama, la propia Sección del SEPRONA solicitó formalmente la comisión de cuatro componentes de refuerzo específicos para afrontar la campaña de incendios forestales de este verano. La respuesta de la Administración ha sido el silencio absoluto: no se ha comisionado a un solo agente.

Opacidad en los criterios de asignación interna 

A esta asfixia operativa se suma, según denuncia JUCIL, una gestión de personal incomprensible y carente de lógica técnica. La asociación critica que, mientras se deniegan refuerzos para la protección del medio ambiente, se autorizan comisiones de servicio para puestos burocráticos y de plana asignando a componentes que carecen de la titulación o el curso específico exigido, ignorando de forma flagrante a otros agentes que sí cuentan con dicha formación y que han sido postergados.

Esta preocupante “burocratización” de la plantilla no solo merma la transparencia, sino que detrae de manera alarmante a efectivos de las labores de seguridad ciudadana y patrullaje en la calle —donde la presencia policial es ya críticamente reducida— para encuadrarlos en tareas de oficina sin un criterio objetivo.

“Trabajar en estas condiciones es insostenible y peligroso. No solo hay una falta generalizada de agentes, sino que la Administración deniega los refuerzos solicitados por los propios mandos del SEPRONA para el verano. A esto se añade una política de personal caótica, donde se detraen agentes de la calle para funciones burocráticas sin exigir la titulación necesaria, mientras los especialistas titulados quedan desaprovechados. Un año más, están dejando el monte cacereño desprotegido a sabiendas”, denuncian desde JUCIL. 

Motos de hace 15 años y uniformes que no llegan

A la escasez de personal se suma una alarmante obsolescencia del material operativo. JUCIL califica de “mínima o nula” la renovación de los medios mecánicos, denunciando que la mayoría de las motocicletas del SEPRONA en Cáceres tienen entre 10 y 15 años de antigüedad, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los agentes en terrenos abruptos.

La situación del vestuario es calificada directamente de “deficiente”. La dotación de trajes de campaña y equipación para servicios en motocicleta brilla por su ausencia. “Los agentes llevan esperando años por uniformidad básica; se han solicitado trajes de moto hace cuatro o cinco años y la Administración sigue sin dar respuesta”, lamentan desde la asociación profesional.

El miedo a repetir las grandes catástrofes de la provincia 

Esta precariedad extrema enciende todas las alarmas en JUCIL ante el temor de que la provincia vuelva a revivir episodios negros de su historia reciente. El norte cacereño sufrió especialmente el pasado mes de agosto debido a las condiciones meteorológicas extremas, cuyo peor exponente fue el incendio forestal de Jarilla, que calcinó unas 16.800 hectáreas, mantuvo en vilo a la región durante más de una semana y obligó al desalojo preventivo de varias localidades.

Lamentablemente, el historial de la provincia demuestra que no se trata de hechos aislados. JUCIL recuerda el Gran Incendio de la Sierra de Gata en agosto de 2015, el desastre más destructivo de la comarca que devoró 7.800 hectáreas de la Red Natura 2000 y obligó a evacuar a 4.000 vecinos de Acebo, Hoyos y Perales del Puerto. También el “susto” de agosto de 2022 en Santibáñez el Alto, que obligó al desalojo completo de Torre de don Miguel, o el devastador incendio de Las Hurdes y Gata de mayo de 2023, donde vientos de 60 km/h ayudaron a arrasar 10.800 hectáreas, destruyendo olivares y entornos protegidos en municipios como Cadalso, Descargamaría y Robledillo de Gata.

“La historia nos ha demostrado, con las tragedias de 2015 y 2023 además del desastre de Jarilla el año pasado, que Cáceres arde con una facilidad pasmosa cuando se alían el viento y el calor. Ir a una campaña estival con patrullas bajo mínimos, motos viejas y sin los trajes de protección adecuados es una irresponsabilidad. Exigimos un plan de choque inmediato antes de que tengamos que lamentar otra catástrofe irreversible”, concluyen desde JUCIL.