La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL exige a Interior que frene el cierre del puesto almeriense y comparta las competencias con la Policía Nacional. Defiende que eliminar a la Guardia Civil de un municipio con elevados índices de criminalidad sería un grave error operativo y reclama un modelo que aproveche la experiencia de ambos cuerpos en beneficio de los ciudadanos. Se mantiene la movilización para el próximo 13.
9 de julio de 2026. JUCIL ha solicitado al Ministerio del Interior que paralice cualquier decisión que suponga la desaparición de la Guardia Civil en Roquetas de Mar, después de que la propia Institución haya anunciado su desmantelamiento, tras meses de incertidumbre por el anuncio de la llegada de Policía Nacional.
Para la asociación, eliminar la presencia de la Guardia Civil en una de las localidades con mayor crecimiento demográfico y mayores índices de criminalidad de Andalucía constituye un grave error estratégico que perjudicará tanto a la seguridad ciudadana como a la eficacia de los dispositivos policiales.
Frente a ese planteamiento, JUCIL defiende un modelo de competencias compartidas entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, que permita aprovechar la experiencia, el conocimiento del territorio y la capacidad operativa de ambos cuerpos al servicio de los ciudadanos. En este sentido, recuerda que en Andalucía hay 25 términos municipales donde se da esta situación.
“Roquetas de Mar no necesita menos Guardia Civil; necesita más seguridad. Eliminar un cuerpo que lleva décadas protegiendo este municipio será un error histórico. La solución pasa por sumar recursos, no por sustituir a quienes conocen perfectamente la realidad de esta localidad”, afirma Rafael Maldonado, secretario provincial de JUCIL en Almería y vicesecretario de RRII.
La asociación recuerda que el Puesto Principal de Roquetas de Mar es una de las unidades con mayor actividad de Andalucía, con más de 12.000 diligencias y más de 1.000 detenidos cada año. Sus 180 guardias civiles conocen en profundidad la realidad del municipio, sus barrios, la evolución de la delincuencia y los principales focos de criminalidad.
Para JUCIL, prescindir de ese conocimiento acumulado durante décadas supondría empezar de cero en una localidad especialmente compleja desde el punto de vista de la seguridad.
Tres años de silencio
La asociación denuncia que lleva desde marzo de 2023 reclamando información oficial sobre el futuro del Puesto Principal de Roquetas de Mar mediante escritos dirigidos a la Dirección General de la Guardia Civil, al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno en Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno en Almería, sin obtener respuestas claras.
Durante este tiempo, los agentes y sus familias han convivido con una incertidumbre permanente mientras las decisiones sobre el futuro de la unidad se conocían antes a través de los medios de comunicación que por los cauces oficiales de la Administración.
Hoy, estos agentes afrontan una situación de inestabilidad, tanto profesional como familiar, ante la falta de información sobre su próximo destino y su probable dispersión geográfica.
Concentración el 13 de julio
Ante esta situación, JUCIL mantiene la convocatoria de una concentración en unidad de acción con el resto de asociaciones para el próximo lunes 13 de julio, frente al cuartel de Roquetas de Mar, a las 11:00 horas para exigir al Ministerio del Interior que detenga el desmantelamiento del Puesto Principal de Roquetas de Mar, garantice la continuidad de la Guardia Civil en el municipio y abra un proceso de diálogo que permita implantar un modelo de competencias compartidas con la Policía Nacional.
La asociación hace un llamamiento a todos los vecinos de Roquetas de Mar para que respalden esta movilización. “Esperamos que la ciudadanía esté al lado de la Guardia Civil. Si nuestros responsables políticos no han defendido a quienes llevan décadas garantizando la seguridad de Roquetas, confiamos en que lo hagan sus vecinos. Esta concentración no solo defiende el futuro de nuestros compañeros; defiende el derecho de los ciudadanos a contar con todos los recursos policiales posibles para proteger su seguridad”, concluye Rafael Maldonado.