Madrid, 10 de julio de 2026. JUCIL, la asociación profesional de la Guardia Civil ha mostrado su profunda preocupación y ha alertado de la “absoluta vulnerabilidad jurídica” que sufren los alumnos en prácticas de la institución. Esta situación de desamparo se ha puesto trágicamente de manifiesto tras el reciente suceso ocurrido en Gijón (Asturias), donde una intervención con una persona violenta y problemas de saludo mental, terminó con el fallecimiento de este tras el disparo defensivo de un agente en prácticas.

Un agresor con graves antecedentes violentos

El fallecido, de 52 años, padecía una grave patología mental, no se medicaba voluntariamente y acumulaba numerosos antecedentes policiales y penales por delitos contra el patrimonio y lesiones. Entre ellos destaca una condena por homicidio en grado de tentativa tras haber atacado a un vecino con una motosierra años atrás, por lo que los residentes de la zona temían un final fatal en algún momento.

El incidente se desencadenó cuando una patrulla acudió a su domicilio para trasladarlo a recibir medicación intravenosa debido a su peligrosidad. El hombre reaccionó con extrema violencia, insultó a los agentes, les agredió y, tras un forcejeo, consiguió arrebatarle la defensa (porra) a uno de los guardias para atacarles con ella. Ante esta violenta acometida, que dejó a ambos guardias heridos, se efectuó un disparo en legítima defensa.

Una situación comprometida en el primer día de servicio

La gravedad del caso aumenta al revelarse que el agente que tuvo que disparar se encontraba en su primer día de servicio, enfrentándose a una situación extremadamente comprometida y compleja para la que apenas se tiene experiencia de calle.

A pesar de la magnitud de los hechos, el joven agente se encuentra ahora completamente indefenso. La Dirección General de la Guardia Civil prohíbe formalmente a los agentes en prácticas afiliarse a las asociaciones profesionales. Esto les impide acceder a los servicios jurídicos gratuitos y especializados de organizaciones como JUCIL, dejándolos en un limbo legal frente a una investigación judicial por homicidio.

Un peligro extensible a cualquier destino de España

Aunque este trágico suceso haya tenido lugar en Asturias, JUCIL advierte de que podría haber pasado y puede pasar en cualquier otro rincón de España donde se envía cada año a miles de jóvenes alumnos a realizar sus prácticas. Por fortuna, estas desgracias solo ocurren muy de vez en cuando; sin embargo, cuando suceden, las consecuencias profesionales y personales son devastadoras especialmente para el agente en prácticas y su familia.

Por ello, la asociación insiste en que hay que proteger a todos los guardias civiles por igual. No se puede amparar únicamente a los agentes que ya cuentan con experiencia; son precisamente los más nuevos, los recién salidos de la academia, quienes se encuentran en una posición de mayor debilidad y quienes más apoyo y protección necesitan al asumir la seguridad pública desde el primer día.

Batalla legal en los tribunales

Ante la cerrazón de la Administración, JUCIL recuerda que la asociación mantiene una batalla legal abierta en la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) (Procedimiento Ordinario 111/2026) para tumbar esta restricción arbitraria.

JUCIL exige al Ministerio del Interior el cese inmediato de estas trabas, la dotación urgente de un escudo jurídico real, protocolos específicos para intervenciones vinculadas a la salud mental y el reparto de medios no letales —como los dispositivos táser, tantas veces reivindicadas por la asociación— para que ningún agente en prácticas vuelva a quedar desamparado tras defender su vida en la calle. E insiste en que seguirá luchando por que “ningún compañero tenga que luchar sólo ante la adversidad, menos aún cuando se encuentra de servicio”.