• JUCIL exige aplicar al alto mando el mismo régimen que se aplica a cualquier guardia civil. La asociación profesional recuerda que en 2025 más de 1.000 agentes fueron expedientados, de los cuales 185 por falta muy grave. • La asociación profesional denuncia que no hacerlo implica un trato privilegiado. En este sentido, solicita igualdad de trato, ejemplaridad y salvaguarda de la imagen de la institución, mediante la adopción inmediata de las medidas cautelares legalmente previstas. • Considera que la permanencia de los investigados en sus puestos “no es institucionalmente neutra” y que existe el riesgo de que continúen ejerciendo su autoridad sobre las mismas unidades que llevan la investigación judicial. • Recuerda que ha solicitado la dimisión de ambos mandos y califica de "desacertadas" las declaraciones del DAO, quien afirmó que "me debo a quien me designa". Para JUCIL, la lealtad de los mandos de la Guardia Civil debe estar siempre al servicio de la institución y del interés general, y no de las personas que ocupan temporalmente cargos de responsabilidad.
20 de julio de 2026. JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, exige a la Dirección General de la Guardia Civil y a los ministerios del Interior y de Defensa la incoación urgente del correspondiente expediente disciplinario al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llama, tras su imputación en el caso Leire Díez, así como su inmediata separación de funciones. Del mismo modo, reclama la separación de sus funciones y el cese de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, al considerar que su permanencia en sendos cargos resulta incompatible con el desarrollo neutral de la investigación.
Según la asociación, dado que se trata de “hechos susceptibles de integrar una falta muy grave, y sin perjuicio de su ulterior concreción y de lo que resulte de la causa penal, solicita la adopción inmediata de las medidas cautelares legalmente previstas por razones de disciplina, indemnidad del servicio, protección de la investigación judicial, igualdad de trato, ejemplaridad y salvaguarda de la imagen de la Institución”.
Asimismo, justifica la medida en que “los hechos sean examinados con las garantías del procedimiento disciplinario y que, mientras se esclarecen, se neutralicen de forma proporcionada los riesgos objetivos derivados de que el máximo responsable operativo conserve mando, acceso e influencia sobre unidades, mandos y documentación directamente relacionados con la investigación penal”.
En este sentido, considera que la permanencia del investigado en su puesto “no es institucionalmente neutra” y recuerda que él depende directamente de la dirección general y es responsable del mando de operaciones, la jefatura de información y de Policía Judicial.
Por otro lado, manifiesta que “la inacción genera un fuerte agravio comparativo y malestar en el Cuerpo. No puede haber dos varas de medir: una para los guardias civiles y otra para quienes dirigen la Institución, y más aún por fines ajenos a los policiales. Se debe actuar con la misma diligencia, sin privilegios derivados del cargo o intereses ajenos a los policiales, y preservando la imparcialidad de la Guardia Civil”.
JUCIL recuerda que el artículo 92 de la Ley de Personal de la Guardia Civil prevé la suspensión de funciones como medida cautelar cuando un guardia civil es sometido a un procedimiento penal o disciplinario por hechos de especial gravedad, siempre que ello resulte necesario para garantizar el servicio, proteger la imagen de la Institución o evitar perjuicios para el interés público.
En este sentido, JUCIL recuerda que, solo durante 2025, 1.014 guardias civiles fueron objeto de expedientes disciplinarios, de los cuales 185 fueron calificados como muy graves. Como consecuencia de estos procedimientos, 64 agentes fueron suspendidos de empleo y seis fueron separados del servicio. Estos datos reflejan, según la asociación, el elevado nivel de exigencia disciplinaria al que están sometidos los guardias civiles durante el ejercicio de sus funciones.
Los hechos que se investigan revisten una extraordinaria gravedad porque afectan, presuntamente, a la utilización de la estructura jerárquica y disciplinaria de la Guardia Civil para condicionar la actuación de unidades de Policía Judicial que desarrollaban investigaciones de especial relevancia. Cabe recordar que se les ha imputado por un delito continuado de prevaricación administrativa contra la Administración de Justicia, concretamente, obstrucción a la justicia mediante intimidación.
