5 de junio de 2026. Ante las informaciones que se están conociendo en los últimos días en relación con presiones o intentos de interferencia en el trabajo desarrollado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, JUCIL traslada su máxima preocupación y exigirá que se depuren responsabilidades.

Asimismo, la asociación promoverá su personación como acusación popular en las actuaciones que se sigan, con el fin de contribuir al esclarecimiento de la verdad y defender el buen nombre de la UCO y del conjunto de la Guardia Civil a la que tenemos el honor de pertenecer y representar.

Para la asociación profesional, es imprescindible esclarecer todas las circunstancias dada la gravedad de los hechos: “deben adoptarse de inmediato todas las medidas necesarias que correspondan”.

JUCIL recuerda que, en un Estado de Derecho, la independencia de la Policía Judicial constituye una garantía esencial para todos los ciudadanos. En este sentido, advierte de que cualquier actuación que pudiera interpretarse como una injerencia, presión o intento de condicionar investigaciones judiciales debe ser analizada con el máximo rigor.

“La UCO no pertenece a ningún gobierno ni a ningún partido. Sus agentes sirven exclusivamente a la ley y a los jueces. Cualquier intento de condicionar, señalar o desacreditar a los investigadores supone un ataque directo a la independencia de la Guardia Civil”, subraya Ángel Lezcano, secretario general JUCIL.

La asociación pone en valor el trabajo que está realizando la UCO, una unidad de referencia en investigaciones complejas, lucha contra la corrupción y delincuencia organizada. “Están demostrando que la Guardia Civil cuenta con profesionales capaces de desarrollar investigaciones con absoluto respeto a la ley, incluso en términos como los actuales”.

En este sentido, exige que “los agentes de la UCO deben poder desarrollar su labor con plena autonomía profesional, bajo la dirección de jueces y fiscales y con estricto sometimiento a la ley, sin que ninguna circunstancia externa pueda condicionar su función investigadora”, añade.

JUCIL destaca que la fortaleza de la Guardia Civil reside precisamente en la profesionalidad y neutralidad de sus integrantes. “Los guardias civiles han demostrado siempre su vocación de servicio público y su compromiso con el Estado de Derecho, independientemente de la sensibilidad de las investigaciones o de las personas afectadas por ellas”.

La asociación considera urgente que se tomen decisiones al respecto, para evitar que se trasladen a la imagen y prestigio de una institución formada por miles de profesionales que cada día garantizan la seguridad de los ciudadanos.

JUCIL recuerda, además, que esta situación se produce en un momento en el que los guardias civiles continúan reclamando mejoras profesionales, laborales y retributivas pendientes desde hace años. Entre ellas, el reconocimiento efectivo de la profesión de riesgo y una equiparación salarial real, total y completa con otros cuerpos policiales que desempeñan funciones equivalentes.