Palma de Mallorca, 7 de julio de 2026. La asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) y el sindicato Justicia Policial (JUPOL) han valorado el reciente anuncio del aumento para las Islas Baleares, una medida que afecta directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas en el archipiélago. Si bien ambas organizaciones se felicitan por la iniciativa —fruto de años de intensa reclamación—, advierten firmemente de que se trata de una solución errónea que no resuelve el grave problema de fondo y supone una nueva oportunidad perdida para acabar con el déficit crónico de las plantillas.

Una señal de la carestía de la vida y el traslado del problema a Mallorca

Para JUCIL y JUPOL, este incremento es la prueba evidente y el reconocimiento oficial del escenario de emergencia que llevan años denunciando: la extrema dificultad y el elevado coste que supone trasladar personal a Baleares debido a la carestía de la vida y a la crisis habitacional.

Sin embargo, las organizaciones alertan de que el acuerdo firmado no solo no equipara al archipiélago con Canarias —lo cual ya consideran insuficiente—, sino que además provocará un efecto dominó muy perjudicial. Según denuncian, el texto actual trasladará los problemas de cobertura que ya se sufre en las islas pequeñas, especialmente en las Pitiusas, a la isla de Mallorca, donde vaticinan que a muy corto plazo se padecerá la misma falta de agentes.

De la equiparación con Canarias a la exigencia de Ceuta y Melilla

Ambas organizaciones recuerdan que, aunque cuando iniciaron la reclamación para la actualización de este plus en 2021 integrados en la plataforma UNISEP, se solicitaba la equiparación con Canarias, la demanda varió con el tiempo. Las exigentes condiciones económicas actuales de las islas obligan a que la actualización cuente con un modelo propio que contenga unas cantidades más próximas a las percibidas en Ceuta y Melilla.

A este respecto, JUCIL y JUPOL matizan que Canarias ya no constituye un marco de comparación válido, puesto que su plus de insularidad se sufraga en gran medida con fondos europeos debido a su condición de Región Ultraperiférica (RUP). Esta diferencia en la vía de financiación introduce un factor de distorsión que hace inviable e injusta la comparación con Baleares, cuyo complemento depende exclusivamente de los presupuestos estatales y debe responder a una realidad socioeconómica completamente distinta.

JUCIL y JUPOL señalan que este diagnóstico no es exclusivo de sus siglas. Así lo entendió en su día el propio Govern Balear al aplicar la mejora a sus empleados públicos con criterios más realistas, y así lo defendían también otras organizaciones sindicales, entre las que paradójicamente, se encuentran los firmantes del actual acuerdo criticado.

Discriminación histórica y agravio económico

Para JUCIL y JUPOL, el problema de la actualización del plus no puede escudarse en motivos económicos, máxime cuando Baleares es el tercer aportador financiero al Estado. Ambas organizaciones lamentan el “maltrato sistemático” que sufren las islas, afectando directamente al servicio público que recibe la ciudadanía, y recuerdan graves precedentes de esta discriminación histórica.

Como ejemplo de este agravio, recuerdan que, en la última actualización realizada en el año 2006, el Estado destinó apenas 500.000 euros para mejorar el plus de sus empleados en Baleares, mientras que asignó 4,5 millones de euros a Ceuta y Melilla; una cantidad sustancialmente mayor a repartir entre un número mucho menor de trabajadores.

A esto se suman unos criterios claramente desiguales, utilizados para que Baleares haya sido tratada siempre de forma desfavorable en este plus. Las cuantías asignadas han sido menores, los criterios de insularidad se han aplicado de manera diferente a los de Canarias ya que nunca se ha computado el porcentaje correspondiente a los trienios. Además, el archipiélago balear es el único territorio de España donde la Administración Central y la Autonómica van por separado en la aplicación de estas medidas.

Otra de las principales críticas que JUPOL y JUCIL plantean respecto a este acuerdo sobre la insularidad en las Islas Baleares es la diferencia económica establecida en función de los distintos niveles de la Administración. Ambas organizaciones consideran que el complemento tiene como finalidad compensar la insularidad, es decir, el mayor coste de la vida derivado de prestar servicio en las islas. Por ello, rechazan que existan diferencias entre los diferentes niveles de la administración, ya que el encarecimiento de la vivienda, los bienes y los servicios afecta por igual a todos los agentes, con independencia de la escala, el empleo o el nivel funcionarial al que pertenezcan. Por ello apuestan por una insularidad lineal independiente de la escala a la que pertenezca el funcionario, ya que el nivel funcionarial y responsabilidad ya se cobra en el sueldo base y resto de complementos.

Por ello insisten en criticar que la singularidad del trato dado a las islas no haya sido utilizada para la implantación de un modelo propio y efectivo al momento, lejos de interminables promesas y negociaciones que no hacen más que retrasar soluciones efectivas, a la vez que dañan los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

Un destino rechazado por el castigo económico

A la parálisis en la actualización de la indemnización por residencia se suma la negativa rotunda del Ministerio del Interior a declarar las islas como Zona de Especial Singularidad (ZES) en complemento con la indemnización por residencia. JUCIL y JUPOL critican que el departamento de Fernando Grande-Marlaska rechace aplicar estos incentivos —similares a los que existen desde hace décadas en el País Vasco—, que son la única vía real para estabilizar las plantillas.

Como consecuencia, Baleares se ha convertido en un territorio que los guardias civiles y policías nacionales rechazan activamente debido al “castigo” económico que les supone. La consecuencia directa es que, año tras año, las islas sufren la “huida” constante de aquellos agentes que han sido enviados de manera forzosa o en prácticas, quienes abandonan el archipiélago en cuanto tienen la más mínima oportunidad de solicitar un nuevo destino en la península.