Madrid, 09 de julio de 2026. La Dirección General de la Guardia Civil ha comunicado a JUCIL que las futuras adquisiciones de vehículos oficiales incorporarán, en la medida de lo posible, armeros o soportes específicos para el transporte seguro de armas largas. La respuesta llega tras el escrito presentado por la asociación el pasado 11 de junio, en el que reclamaba mejoras en la dotación de los vehículos patrulla desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales y la seguridad del personal.
En su respuesta, la Dirección Adjunta Operativa explica que los vehículos patrulla de nueva adquisición ya cuentan con rejillas de separación entre el habitáculo y la zona de carga para evitar el desplazamiento del material policial. Asimismo, aclara que algunas unidades disponen de contenedores o soportes anclados al vehículo para el transporte de armas largas, conocidos habitualmente como “armeros de vehículo”.
La respuesta oficial precisa que estos dispositivos no son armeros homologados para el depósito permanente de armas, sino elementos destinados a organizar y transportar con mayor seguridad el armamento durante el servicio. La Dirección General recuerda además que su instalación no modifica la responsabilidad individual que cada guardia civil mantiene sobre la custodia y seguridad de su arma reglamentaria.
No obstante, el aspecto más relevante de la respuesta es el compromiso trasladado a JUCIL de que, en las futuras adquisiciones de vehículos oficiales y siempre que sea posible, se tendrá en cuenta la incorporación de estos armeros de vehículo, una medida que la asociación venía reclamando para mejorar la seguridad operativa y reducir los riesgos derivados del transporte del armamento.
JUCIL valora positivamente este avance, fruto de las reivindicaciones trasladadas a la Dirección General, aunque recuerda que continuará trabajando para que esta medida se implante de forma efectiva en el mayor número posible de vehículos patrulla. La asociación considera que dotar a los agentes de medios más seguros contribuye tanto a proteger a los guardias civiles como a mejorar las condiciones en las que prestan servicio a los ciudadanos.
