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JUCIL reclama la aplicación del permiso parental remunerado

JUCIL reclama la aplicación del permiso parental remunerado

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JUCIL exige información sobre la implementación del permiso parental remunerado

La asociación ha enviado escritos a los Ministerios de Función Pública, Defensa e Interior solicitando la aplicación de la Directiva Europea que garantiza la remuneración en permisos parentales

 

Madrid, 13 de septiembre de 2024 – JUCIL ha remitido escritos oficiales a los Ministerios de Función Pública, Defensa e Interior exigiendo información detallada sobre la implantación del permiso parental retribuido, tal como lo exige la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo. En agosto de 2024 venció el plazo otorgado por dicha normativa europea para implementar las disposiciones necesarias que garanticen el derecho a este permiso remunerado.

 

“Desde el 2 de agosto de 2024, los guardias civiles están viendo vulnerado su derecho a la conciliación familiar, ya que no se ha implementado la normativa que les asegura un permiso parental remunerado, algo que es esencial para muchas familias”, explicaba Sonia Valverde Diego, Secretaria Nacional de Igualdad de JUCIL.

 

La Directiva europea establece que los Estados miembros deben garantizar una remuneración o prestación económica para el disfrute de las últimas dos semanas del permiso parental, cuestión que aún no ha sido concretada en España.

 

JUCIL recuerda que la situación de los guardias civiles, en su calidad de funcionarios públicos con un régimen laboral particular, se ve agravada debido a sus condiciones de movilidad geográfica, disponibilidad para el servicio y las limitaciones en la conciliación familiar.

 

Pedimos que se proceda a dar cumplimiento a la Directiva y se establezcan con urgencia las actuaciones legales necesarias para garantizar que este permiso parental cuente con la remuneración que corresponde, en línea con lo previsto por la normativa europea”, comentaba Valverde.

 

Desde JUCIL se considera este retraso como un incumplimiento del derecho fundamental a la conciliación de la vida familiar y profesional.

 

“Esperamos una respuesta rápida para evitar que los guardias civiles sigan siendo perjudicados por la falta de implementación de esta normativa”, finalizaba Valverde.

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