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JUCIL solicita a la Comunidad de Madrid facilidades en el acceso a la vivienda de alquiler o compra social para los guardias civiles

JUCIL solicita a la Comunidad de Madrid facilidades en el acceso a la vivienda de alquiler o compra social para los guardias civiles

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El secretario general de la asociación profesional, Ernesto Vilariño, se reúne con la directora general de la Vivienda de esta autonomía para estudiar posibles fórmulas que faciliten la radicación de los guardias civiles en la comunidad madrileña
Las cifras del servicio del Área de Informes y Estudios de JUCIL resaltan que, en estos momentos, el 75% de la plantilla de los efectivos de la Guardia Civil en Madrid no tienen posibilidad de acceso a los pabellones de la propia Institución

Las dificultades para acceder a una vivienda, bien en alquiler y más difícilmente en propiedad en Madrid hacen que muchos compañeros con destino en localidades de esta comunidad autónoma renuncien finalmente a radicarse en ella, para intentar una aventura familiar en otros puntos de España, donde el precio de sus futuros domicilios no sea tan elevado. La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) se toma estos problemas muy en serio y, por ese motivo, el secretario general de la asociación, Ernesto Vilariño y Pedro Valentín Vital, secretario provincial de JUCIL en Madrid,  se han reunido hoy jueves con la directora general de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, María José Piccio-Marcheti Prado, para buscar con la administración autonómica fórmulas que faciliten que los guardias civiles destinados en Madrid encuentren acomodo en esta comunidad.

Según los datos aportados por la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid se dispone de un total de 3.399 pabellones, lo que supone que, del total de guardias civiles en esta comunidad, sólo el 25% de los efectivos tienen acceso a una vivienda de las que ofrece el propio Cuerpo. Lo que supone que tres cuartas partes de la plantilla no pueden acceder a este tipo de viviendas.

 

Peor para cabos y guardias

 

Pero si nos centramos en la escala de cabos y guardias, precisamente los efectivos con los salarios más bajos, la situación resulta aún más alarmante. Ya que para los 10.734 guardias que hay en Madrid sólo se dispone de 2.627 pabellones, lo que equivale a que el 78% de los efectivos, o sea, un total de 8.17 guardias y cabos no pueden acceder a los pabellones de la Guardia Civil.

Con estos datos, ante el elevado precio de la vivienda en esta comunidad autónoma y los carísimos alquileres, disparados por el incremento del precio de la vida (IPC) de los últimos años, la conclusión es que, en la actualidad, y sin ayudas por parte de la Administración pública, la posibilidad de establecerse en la Comunidad de Madrid es, en la práctica, inviable para los guardias civiles.

 

Abandono y salida hacia otros destinos

 

Así las cosas, no resulta extraño que en los últimos años numerosos compañeros ni siquiera se planteen la posibilidad de establecerse en Madrid, de manera que algunos de los que tienen este destino abandonan esta comunidad para establecerse en otros lugares más económicos para la compra o el alquiler de viviendas.

Este continuo cambio en las plantillas conlleva problemas de otra índole que afectan, en este caso, a la seguridad de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, ya que los guardias civiles que adquieren experiencia abandonan sus puestos de trabajo y con ello, los conocimientos adquiridos sobre las características concretas de las distintas localidades de esta autonomía.

 

Una alternativa válida

 

JUCIL ha propuesto a la Comunidad de Madrid, como alternativa válida para resolver este problema, el alquiler o la compra social para los guardias civiles que establezcan su residencia habitual en Madrid, y con ello, aportar la experiencia que los años de servicio brinda para mejorar la seguridad de los ciudadanos y empresas de la comunidad madrileña.

Creemos, sin embargo, que las facilidades de acceso a estas viviendas deben de regularse de forma que no provoque o genere abusos o aprovechamiento indebido por parte de los guardias civiles beneficiarios de esta iniciativa, para lograr que los únicos y auténticos beneficiarios de este posible acuerdo sean los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

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