Tenerife, 8 de mayo de 2026. La asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) requiere con urgencia al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil para que se informe con exactitud, de forma inmediata y detallada, sobre el material de protección disponible para el operativo en el puerto de Granadilla de Abona. La organización exige garantías de que todos los agentes que intervendrán en el traslado y custodia de los afectados por hantavirus cuentan con el equipo técnico necesario y certificado para enfrentar una amenaza biológica de esta magnitud, cuya tasa de mortalidad, según los virólogos, oscila entre el 15% y el 50%.

Una letalidad muy superior a la del COVID-19

Desde JUCIL se advierte de que la peligrosidad de esta variante del hantavirus (cepa Andes) es extrema. Al igual que ocurrió con el COVID-19, el contagio se produce por aerosoles, con la diferencia crítica de que la letalidad de este virus es significativamente superior (la del COVID-19 es del 0,1%, llegando a estar entre el 2% y el 5% en los momentos más letales de la pandemia). Aunque el contagio entre personas requiere una carga viral más alta, el mecanismo de transmisión por aerosoles es idéntico al del coronavirus, lo que convierte cualquier interacción sin el equipo adecuado en un riesgo potencialmente mortal que la Administración no puede ignorar.

La asociación critica la falta de claridad en las instrucciones recibidas. Las informaciones contradictorias sobre qué material debe usarse y si este se encuentra realmente disponible en las unidades de Tenerife están generando una lógica preocupación entre los agentes. JUCIL reclama que se detallen las especificaciones técnicas de las mascarillas, guantes y trajes de protección para asegurar que son los adecuados para detener la inhalación de partículas virales.

Profesión de riesgo y equiparación salarial

Esta crisis sanitaria vuelve a poner de manifiesto la injusticia histórica que sufre la Benemérita. JUCIL subraya que la Guardia Civil es un cuerpo que, por su vocación de servicio, “siempre está para todo”, asumiendo las misiones más peligrosas y críticas, pero sigue sin ser reconocida oficialmente como profesión de riesgo. La asociación considera inadmisible que el Estado obligue a sus servidores públicos a actuar en escenarios de alta peligrosidad biológica sin ofrecer, a cambio, la máxima seguridad jurídica y material.

Desde el Comité Ejecutivo Nacional denuncian con firmeza esta situación: “Es intolerable que seamos el cuerpo que siempre está en primera línea ante cualquier crisis —sea el ébola, el coronavirus o ahora el hantavirus— y que, sin embargo, sigamos sin alcanzar la condición de profesión de riesgo ni la equiparación salarial total. Ni se nos cuida con los medios adecuados, ni se nos paga como a otros cuerpos policiales que enfrentan los mismos riesgos”.

Para JUCIL, la conclusión es clara: “Es hora de que el Gobierno deje de tratar a los guardias civiles como policías de segunda clase cuando las amenazas que enfrentamos son de primera magnitud”.

Exigencias inmediatas

JUCIL reitera que las informaciones contradictorias solo generan inseguridad y manifiesta que no aceptará que la seguridad de los agentes quede al azar de la improvisación. Asimismo, exige que se certifique de forma oficial que el material entregado es el correcto para esta cepa específica y que se asegure el suministro para todos los turnos de 24 horas previstos, al menos hasta el próximo miércoles, bajo una supervisión técnica rigurosa. La vida de los guardias civiles y la de sus familias depende de una gestión técnica y no de decisiones políticas o presupuestarias.