• La asociación mayoritaria exige la equiparación salarial inmediata, la jubilación digna y el reconocimiento como profesión de riesgo, alertando de plantillas "insuficientes y envejecidas".
• El secretario provincial, Ángel Lezcano considera que "algo va mal cuando una asociación profesional defiende más a la Guardia Civil que sus superiores y el propio Ministerio".
Bilbao, 20 de octubre de 2025. Equiparación salarial con las policías autonómicas, implantación del turno 6×6 para todos los servicios operativos, acceso a la jubilación en condiciones equiparables a otros cuerpos policiales, reconocimiento como profesión de riesgo y más medios humanos y materiales donde la inversión debe ser urgente en infraestructuras y cuarteles son las principales reivindicaciones de JUCIL en la provincia de Bizkaia.
Estas demandas forman parte del programa con el que JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, se presenta a las elecciones al Consejo, un órgano colegiado en el que participan representantes de las personas que componen la Benemérita y de la Administración General del Estado, con el fin de mejorar tanto las condiciones profesionales de sus integrantes como el funcionamiento del propio Instituto. Actualmente el Consejo de la Guardia Civil está compuesto por 32 representantes, de los cuales seis pertenecen a JUCIL.
Ángel Lezcano, secretario provincial de JUCIL en Bizkaia, asegura: “En Bizkaia nuestros principales desafíos son atender un territorio complejo con plantillas insuficientes y cada vez más envejecidas. Como representantes de JUCIL, pedimos a la dirección general de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior que tengan en cuenta nuestras reivindicaciones, cuyo fin es reforzar y empoderar a los guardias civiles de Bizkaia para mejorar la seguridad en la zona y proteger a los ciudadanos como se merecen”.
JUCIL insiste en que las necesidades del personal en Euskadi requieren una atención urgente y especializada. “La implantación del turno 6×6, ya aplicado con éxito en unidades de la Policía Nacional, debe extenderse a la Guardia Civil. Este modelo de turnicidad es crucial, ya que permite conciliar la vida personal y familiar, mejora la eficiencia operativa y reduce el estrés laboral, factores clave para retener talento en destinos complejos como el País Vasco”, explica Lezcano.
Además, la asociación pone el foco en la inversión: “La situación de muchas instalaciones en el País Vasco es obsoleta y deficitaria. Por eso, desde JUCIL exigimos un plan de inversión inmediato que garantice la rehabilitación y modernización de acuartelamientos, así como dotaciones dignas en medios materiales, viviendas oficiales y sistemas de seguridad”.
En el ámbito competencial, JUCIL mantiene una defensa firme de las competencias de la Guardia Civil en Euskadi. La asociación ha llevado a los tribunales la pérdida de competencias y continuará esta batalla ante el Tribunal Superior de Justicia y ante la opinión pública para impedir que se vacíen de contenido las funciones de la Benemérita. “Las competencias en Fiscal y Fronteras son irrenunciables y fundamentales para mantener la unidad y eficacia del Estado en el País Vasco”, añade el delegado.
“El despliegue del Cuerpo en Euskadi no es negociable. Representa la garantía de la libertad, la seguridad y la igualdad ante la ley. JUCIL trabajará sin descanso para mantener y reforzar todas las unidades y especialidades de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma, con medios, plantilla y reconocimiento institucional”, subraya Lezcano.
Además, Lezcano recuerda que “la equiparación salarial con las policías autonómicas es una deuda histórica de cualquier gobierno con la Benemérita”. Y añade: “Un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso, y 12.000 euros menos que un ertzaina, cuando desempeñamos las mismas funciones. Como tampoco es justo que un guardia civil se jubile seis años más tarde que un policía local o autonómico, además con pérdida de poder adquisitivo”.
JUCIL también reclama un mayor respaldo institucional y jurídico. “El principio de autoridad –afirma Lezcano– está en franco retroceso. Necesitamos un respaldo jurídico más vigoroso por parte de las instituciones públicas. Es inaceptable que los agentes se sientan más protegidos por su asociación profesional que por sus representantes electos”.
El secretario provincial concluye: “Algo va mal cuando una asociación profesional, como JUCIL, defiende más institucionalmente a la Guardia Civil que sus superiores jerárquicos y políticos. Necesitamos un gobierno que defienda el papel, la autoridad y el despliegue del Guardia Civil en todo el territorio nacional”.
