Madrid, 6 de mayo de 2026. La asociación profesional JUCIL (Justicia para la Guardia Civil) manifiesta su más enérgico rechazo ante la decisión de la Dirección General de obligar a más de 2.500 agentes de la 130ª y 171ª promociones a desplazarse este verano a Baeza y Valdemoro para la entrega de los Reales Despachos. Este evento, que se celebrará por primera vez bajo este formato, supone un despilfarro de recursos públicos y un ataque directo a la operatividad de la Guardia Civil en plena campaña estival.

Indignación entre los afectados.

Los guardias civiles afectados se encuentran profundamente indignados ante una planificación que consideran carente de lógica operativa, pues el cronograma oficial marca el 18 de junio como último día en la unidad de prácticas, conociendo ya para esa fecha su nuevo destino definitivo. JUCIL señala que lo más eficiente sería que el 19 de junio comenzaran directamente sus días de incorporación al nuevo destino, pero en su lugar la Administración les impone un viaje de retorno a las academias para un acto de “autobombo”, retrasando de forma absurda su llegada a las unidades definitivas hasta después del 29 de junio y complicando gravemente su conciliación familiar.

Un gasto inútil que merma la seguridad estival

Históricamente, los agentes recibían su documentación por correo tras actos sencillos, sin necesidad de traslados masivos posteriores. Sin embargo, la nueva medida obliga a los agentes de la Benemérita a estar comisionados durante tres días, lo que implica el pago de dietas – en este caso reducido al 40% de su importe – que, como la asociación ha denunciado reiteradamente, suelen pagarse tarde y no cubren las necesidades mínimas.

Este capricho protocolario tiene consecuencias graves para la seguridad ciudadana al detraer a miles de guardias civiles de sus puestos en una época en la que ya escasean los refuerzos en zonas turísticas debido a las vacaciones y permisos. Además, se denuncia el caos operativo que implica este desplazamiento al obligar a muchos agentes a interrumpir cursos de formación, descansos o incluso permisos de paternidad para acudir a un acto de apenas unas horas. JUCIL considera que se incurre en un gasto superfluo e innecesario que debería destinarse a necesidades críticas como la equiparación salarial, la compra de chalecos antibalas o medios materiales para combatir el narcotráfico y la delincuencia.

Precariedad frente a festejos

La asociación considera un insulto a la plantilla que la Administración alegue falta de fondos para mejorar las infraestructuras —recordando que este invierno los alumnos sufrieron falta de calefacción y agua caliente en Baeza—, pero encuentre financiación para un acto innecesario de tres días.

“Es indignante que aparezca presupuesto para tres días de festejos y autobombo, pero que el pasado mes de enero los alumnos de Baeza tuvieran que soportar temperaturas bajo cero sin calefacción ni agua caliente en las instalaciones de la Academia, o que nuestros compañeros estén expuestos al crimen organizado por carecer de los medios más básicos para hacerle frente”, denuncian desde la asociación.

Por todo ello, JUCIL exige la suspensión inmediata de este desplazamiento obligatorio y que los certificados sean enviados, como siempre se ha hecho con total eficacia, a los domicilios o comandancias de destino, priorizando la seguridad ciudadana y el respeto a la conciliación de quienes ya están ejerciendo como guardias civiles de pleno derecho.

Barcelona, 4 de mayo de 2026. La asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) agradece y valora positivamente la propuesta de resolución presentada por el Partido Popular ante la Mesa del Parlament, la cual insta al Gobierno de la Generalitat a hacer efectiva la integración de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en el sistema de emergencias CAT-112. Esta iniciativa parlamentaria recoge una demanda histórica del colectivo y recuerda que esta medida ya fue presentada como un gran acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat en diciembre de 2024 para luchar contra la criminalidad.

Especialidades en riesgo por la falta de integración

Desde la asociación se recuerda que esta exclusión, que persiste a pesar de las promesas, no supone solo un retraso administrativo, sino una barrera que impide a la Guardia Civil desempeñar sus funciones con la celeridad necesaria.

Además, subrayan que carece de sentido que la Guardia Civil continúe fuera de este sistema de emergencias. Esta situación afecta directamente a la operatividad de unidades críticas como el Servicio Marítimo, los especialistas en actividades subacuáticas (GEAS), los expertos en desactivación de explosivos (GEDEX) o el SEPRONA. Al no recibir los avisos en tiempo real a través del 112, estas unidades ven mermada su capacidad de respuesta inmediata ante emergencias críticas, perjudicando seriamente la coordinación y la seguridad ciudadana.

El “limbo” informativo como estrategia de exclusión

JUCIL recalca que, al no estar integrados en el CAT-112, la Guardia Civil queda relegada a un “limbo” donde la información no fluye de manera automática. La asociación denuncia que este aislamiento informativo es utilizado a menudo de forma deliberada para justificar la exclusión del cuerpo en operativos clave, bajo la falsa premisa de una falta de presencia que es, en realidad, provocada por el propio sistema.

Una promesa incumplida desde 2024

Casi un año y medio después del acuerdo anunciado entre el Gobierno de España y la Generalitat, han transcurrido diecisiete meses sin que la integración sea efectiva. JUCIL coincide con la propuesta parlamentaria en que la falta de espacios adecuados en las sedes de Reus y Barcelona es una excusa que debe resolverse antes de finalizar 2026 para garantizar que los agentes trabajen en igualdad de condiciones que el resto de cuerpos.

“Es hora de pasar de los anuncios a los hechos. La seguridad de los catalanes no puede depender de un bloqueo que nos deja sin información técnica. Integrar a la Guardia Civil en el 112 es la única vía para garantizar una coordinación eficiente y real con los Mossos d’Esquadra y el resto de fuerzas de seguridad”, concluyen desde la asociación.