En el día de hoy, 23 de noviembre de 2023, se ha mantenido en la Dirección General de la Guardia Civil la segunda reunión del “Grupo de trabajo sobre Elaboración Normativa”, donde se trató lo siguiente:
Por parte de la Administración se presentó el borrador de la norma tras las aportaciones de las distintas asociaciones profesionales y las de la propia Administración sobre esta.
En lo relativo a las aportaciones dadas por JUCIL, se extraen las siguientes conclusiones y resultados:
PRIMERO. – Fase de inicio. Cuenta al Director General. En lo relativo al documento que se remite con diversos aspectos al Director General para la toma en consideración de la redacción y publicación de la norma, denominado “Cuenta a D.G.”, no se incluyen apartados propuestos relativos a la conciliación de la vida personal y profesional, así como el status profesional y económico, para ello la Administración se basa en que el régimen personal y de conciliación podría quedar subsumido en el apartado 4º que prevé el eventual impacto por razón de género, teniendo como argumento lo dispuesto en el Real Decreto que regula la memoria de análisis de impacto normativo.
En lo relativo a la cuestión económica remiten al apartado 3º que regula la estimación de impacto normativo.
SEGUNDO. – Modificación artículo 8 y creación de un nuevo artículo 9. No se atiende a la petición de numerar bajo un nuevo artículo la participación de las AA.PP. tras el artículo OCTAVO, si bien, aceptan que este artículo pueda ser dividido en DOS APARTADOS, donde tenga uno de ellos como fase externa la participación de las AA.PP.
Se aceptan en este apartado diversas mejoras de redacción propuestas.
TERCERO. – Adelanto de los borradores por parte de la Admón. La DGGC entiende que la propuesta formulada no es posible por la consiguiente carga de trabajo que le podría suponer y la posibilidad de cambios sobre el propio texto enviado, pero deja la abierta la posibilidad de incluir una modificación que contemple la predisposición de la Administración para enviarlos con antelación a la celebración de los Grupos de Trabajo y así conocer la materia que se va a tratar en ellos.
CUARTO. – Disposición Adicional Segunda. Grupos de trabajo donde participen las AAPP. Se acepta una mejora en la redacción formulada por JUCIL en lo relativo a la organización y funcionamiento de los grupos de trabajo convocados, aplicando de forma supletoria lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del Sector Público.
Por parte de la Administración incluyen otra propuesta en lo relativo a la convocatoria de grupos de trabajo que, por su necesidad y no habiéndose podido convocar con anterioridad, establezca un plazo de TRES días naturales para que las AAPP puedan proveer de representantes que asistan a la convocatoria del grupo de trabajo.
Se valora, tras una reclamación de varias de las AAPP, la posibilidad de que la difusión de las reuniones de los grupos de trabajo se haga con mayor antelación de cara a una mejor planificación de los cuadrantes de servicio.
Ante todas las modificaciones presentadas, desde la DGGC se convoca a las AAPP para otra reunión el próximo día 19 de diciembre de 2023, a fin de presentar un nuevo proyecto de borrador tras todas las observaciones realizadas.
23 de noviembre del 2023
LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA
JUCIL presenta en los tribunales la demanda contra la orden del Ministerio que atribuye a la Policía competencias de la Guardia Civil
La asociación profesional continúa la tramitación del recurso contencioso-administrativo para impugnar los artículos que restan atribuciones en aeropuertos y fronteras que ahora recaen sobre los guardias civiles
JUCIL recuerda que defenderá los intereses de los guardias civiles frente a cualquier intento de limitar o de suprimir competencias del Instituto Armado
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) continúa con la tramitación del recurso contencioso-administrativo presentado contra la orden de Interior 859/2923 de 21 de julio por la que se desarrolla la estructura orgánica y las funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía. JUCIL considera que esta orden atenta contra algunas competencias que le son propias al Instituto Armado.
Los servicios jurídicos de JUCIL formalizaron la semana pasada la demanda contra esta orden ministerial. Los motivos de la demanda se centran en los preceptos que contiene la orden y que se considera que atentan contra las competencias que le han sido atribuidas a la Guardia Civil por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En el texto falta un órgano común de coordinación
JUCIL impugna varios de los artículos de esta ley. Lo hace en primer lugar en referencia al artículo 8.2.e), que integra el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. JUCIL argumenta que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras no puede depender de la Dirección General de la Policía. Por este motivo, se propone la creación de un órgano de nivel superior y jerárquicamente común a las dos fuerzas de seguridad del Estado, dado que también existen competencia sen esta materia que le corresponden a la Guardia Civil.
La asociación impugna además el inciso que contiene el siguiente texto: “y de seguridad interior de los aeropuertos cuando tuvieran su sede en los mismos” del segundo párrafo del artículo 25, que la atribuye a los puestos fronterizos en dicha circunstancia, toda vez que conforme a la Ley Orgánica 2/1986: “La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran” es competencia de la Guardia Civil.
JUCIL seguirá firme en la defensa de los intereses de los guardias civiles frente a los intentos de limitar y suprimir las competencias del Cuerpo.
JUCIL exige de Marlaska, quien continúa al frente, un cambio de rumbo en Interior que despeje el futuro de los guardias civiles
La asociación profesional reclama una reunión urgente con el titular del Ministerio para insistir en la equiparación salarial y retomar el resto de las demandas que se plantearon en el único encuentro mantenido hasta ahora, hace casi dos años, y que no han sido atendidas
JUCIL espera conocer qué planes existen ante la posible salida de la Guardia Civil del País Vasco o Cataluña, un anuncio que genera mucha incertidumbre entre los guardias civiles y ante el que defenderemos, siempre desde le ley y el respeto a la Constitución, los derechos de todos los afectados y de sus familias
Fernando Grande Marlaska continuará al frente del Ministerio del Interior en el nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez. La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil, mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, reclamará del titular de esta cartera una reunión con la mayor urgencia posible para conocer cuáles son los planes de este Ejecutivo para la Guardia Civil. Un encuentro con el que lo que pretendemos es que se despejen las incertidumbres que ahora atenazan a miles de guardias civiles que desconocen cómo y cuál será su suerte en los próximos años.
JUCIL espera que Grande Marlaska explique cuáles son sus planes, qué programas y cuántas iniciativas se prevén para el futuro de miles de guardias civiles. Una petición que reclamamos tras una legislatura en la que los integrantes de este Instituto armado han visto cómo aumentaban las diferencias salariales con respecto a los cuerpos de policía autonómicos y, además, se vislumbra la salida de la Guardia Civil de las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña. Nos hallamos al inicio de una legislatura con numerosas incertidumbres para los guardias civiles y, como asociación mayoritaria representativa de este colectivo, esperamos que el titular del Ministerio aclare el futuro de la Guardia Civil.
Inflexibles en la demanda de la equiparación salarial
JUCIL pretende recordar al ministro en el encuentro que solicitaremos las reivindicaciones que esta asociación mantiene desde su creación, en 2018, y que forman parte del programa con el que logró el mayor apoyo de los guardias civiles en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil de finales de 2021.
De esta forma, mantenemos nuestro empeño y seremos tenaces en el logro de alcanzar el objetivo de la equiparación salarial con los cuerpos policiales autonómicos, una reclamación que lejos de haberse corregido en estos últimos cuatro años, ha visto cómo aumentaban las diferencias. Tanto los sueldos, pero sobre todo las condiciones laborales en las policías autonómicas son ahora aún más elevadas y divergentes con relación a las que percibe y disfruta un guardia civil. Y se anuncian, consecuencia de los acuerdos para la investidura, aún mayores cantidades presupuestarias para estas policías autonómicas.
Una policía para el siglo XXI
No nos olvidaremos, por supuesto, de algunos de las más importantes exigencias de los guardias civiles que se han negociado en estos últimos meses y siguen pendientes de una resolución, como la aplicación del turno 6×6 a los efectivos de la Guardia Civil, al igual que ya lo tienen los policías nacionales. O de que de una vez por todas se acabe con la penalización que supone para los guardias civiles el sometimiento a las normas del Código Penal Militar fuera de sus actividades profesionales.
JUCIL espera que este encuentro sirva, no solo para resolver las dudas e incertidumbres que ahora acechan el porvenir de los guardias civiles, sino también para recordar las cuestiones que el 12 de enero de 2022, hace menos de dos años, se plantearon en la anterior reunión con el ministro Marlaska y que, pese a las promesas y seguridades ofrecidas, terminaron en papel mojado, como por ejemplo la petición de que Cataluña fuera declarada Zona de Especial Singularidad. Pese a que se anunció que esa declaración se hallaba muy adelantada y que se produciría ese mismo año 2022, lo cierto es que, ni eso, ni del resto de cuestiones de las que se afirmó que se estudiarían, han tenido avances.
JUCIL solicita una reunión con la Presidencia y Consejería de Salud de la Junta de Extremadura
Solicitamos una reunión urgente con la Presidente y la Consejería de salud y servicios sociales en Extremadura
El secretario de riesgos laborales de JUCIL, Jose Antonio Gallego, solicita una reunión urgente con la Presidencia y la Consejería de salud y servicios sociales de la Junta de Extremadura debido a las quejas recibidas por compañeros y familiares pertenecientes a ISFAS debido a que se les niega la atención sanitaria primaria, realización de análisis clínicos, consultas de enfermería y cualquier otra atención medica en poblaciones pequeñas, siéndoles informados de que deben desplazarse a una localidad en donde exista cobertura de su mutualidad, teniendo que desplazarse a distancias de hasta 80 kilómetros.
El motivo no es otro que la no aplicación o inexistencia del convenio rural que se establece en la resolución 4B0/38457/2021, de 21 de diciembre, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas para poder ser atendidos en municipios de hasta 20.000 habitantes.
Desde JUCIL solicitamos una reunión urgente con la Excma. Sra. Presidente de la Junta de Extremadura asi como la Excma. Sra. Consejera de salud y servicios sociales al objeto de poner en conocimiento dichos hechos e instar a la realización del citado convenio rural.
