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Tras la firma del acuerdo de falsa equiparación firmado por Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil y Sindicatos de Policía con representación en los distintos consejos asesores, suscrito por Resolución de 19 de marzo de 2018 y publicado en el BOE de en fecha 20 de marzo de 2018, se aprueba el ingreso de 807 millones de euros para garantizar la falsa equiparación salarial efectiva en el periodo comprendido en los ejercicios 2018 a 2020.
Transcurrido el plazo para hacer efectivo dicho acuerdo, en JUCIL junto a los servicios jurídicos, entendemos que el acuerdo no se cumplió en los términos en que se firmó el mismo.
Por ello el pasado día 30 de abril se interpuso querella a la Directora General de la Guardia Civil por un presunto delito de malversación de fondos públicos, prevaricación, administración desleal y apropiación indebida. Se entiende que se realiza una interpretación errónea por parte de la DGGC, con el consentimiento expreso del Ministerio del Interior, al aplicar estos fondos mediante una Orden General, concretamente en la Orden General num. 4, de 12 de febrero de 2021, por la que se regulan los incentivos al rendimiento del personal de la Guardia Civil.
En la disposición adicional primera de la citada Orden General establece,“A partir de la entrada en vigor de esta orden general, se continuarán percibiendo los incentivos 
al rendimiento correspondientes a los periodos de devengo anteriores, sin que le sean aplicables las modificaciones introducidas por esta norma.”, diferenciando claramente entre los incentivos que pudieran percibirse conforme a la norma anterior, y otros incentivos al rendimiento. Aclarando de forma indubitada que los que debieran percibirse conforme a la Orden General anterior no dejarán de percibirse. En el caso de LA PRODUCTIVIDAD POR EQUIPARACIÓN, establece QUE CONTINUARÁN PERCIBÉNDOSE, SIN QUE LE SEAN APLICABLES LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS. Sin embargo, en el mes de marzo de 2021 NO SE HA ABONADO LA PRODUCTIVIDAD DE EQUIPARACIÓN del mes de enero de 2021 a los Guardias Civiles, y en el mes de abril de 2021 TAMPOCO SE HA ABONADO LA PRODUCTIVIDAD DE EQUIPARACIÓN del mes de febrero de 2021.
Igualmente, en JUCIL también elevamos consulta tanto al Ministerio del Interior 
como al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, donde se solicita a ambos organismos la información necesaria sobre el acuerdo entre el Ministerio del Interior y los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, con objeto de garantizar la equiparación salarial efectiva en el periodo comprendido en los ejercicios 2018 a 2020.
Dicho acuerdo establecía una inversión total de 807 millones de euros, más 100 millones de euros anuales que se destinarían a garantizar e incentivar el reingreso al servicio activo del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada. En el marco de dicho requerimiento, esta parte solicita información y contestación relativa a si se han llegado a realizar las inversiones prometidas con el fin de la equiparación salarial, dado que esta parte lo desconoce. Solicitando que, si estas inversiones han llegado a ser realizadas, se le dé traslado A esta parte de las cuantías desembolsadas por tales conceptos y los porcentajes exactos de las mismas que corresponderían al Cuerpo de la Guardia Civil.
Madrid a 13 de mayo de 2.021
#JucilSuma
LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA
Con estas actuaciones judiciales la Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL quiere que se aclaren las razones por las que los agentes no están percibiendo en sus nóminas la productividad incluida en el pago de la equiparación salarial.
La desviación en concepto de productividad y que no han percibido los agentes podría superar a fecha de hoy los 7 millones de euros.
La Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIL ha presentado una querella contra María Gámez al entender que estaría incumpliendo el proceso de equiparación salarial y no se habrían abonado a los agentes la productividad de equiparación durante varias mensualidades, pese a que esas productividades se han devengado por aplicación del Acuerdo suscrito por el Ministerio del Interior el 12 de marzo de 2018, e incluso estando vigente la anterior Orden General.
En la denuncia presentada contra la directora general de la Guardia Civil, se pide que la Justicia investigue a María Gámez como presunta autora de un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal, un delito de malversación por administración desleal, tipificado en el artículo 432.1 y 3 en relación con el artículo 252, todos del Código Penal, y un delito de malversación por apropiación indebida tipificado en el artículo 432.2 y 3 en relación con el artículo 253 todos del Código Penal.
JUCIL admite que con esta denuncia buscan que la Justicia cite a declarar a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez y que aclare las razones por las que su departamento ha dictado una Orden General, concretamente la Orden General núm. 4, de 12 de febrero de 2021, por la que se regulan los incentivos al rendimiento del personal y que perjudica a más de 70.000 agentes de la Guardia Civil.
Nueva brecha salarial
Agustín Leal, portavoz de JUCIL remarca “que en la querella se hace constar que con la excusa de una Orden General nueva, la querellada presuntamente se habría apropiado indebidamente de todos esos importes de más de 70.000 Guardias Civiles, y supuestamente estaría administrando deslealmente el patrimonio que se le ha entregado para su gestión, concretamente el importe destinado al pago de las nóminas de los Guardias Civiles, y en especial al pago de la productividad de equiparación, anulando esa productividad sin base legal alguna, sin que el Acuerdo por el que se aprobó haya sido denunciado por ninguna de las partes, recibiendo el dinero para proceder al pago de las nóminas”.
Desviación millonaria
Según JUCIL con esta medida se estaría violando el acuerdo del Ministerio del Interior para asegurar que en el futuro no se pudiera producir una disfunción salarial y retornando a crear una brecha salarial que se garantizaba como anulada. Presuntamente se habría desviado las partidas económicas que se contemplan en equiparación salarial a las nóminas de altos mandos de la Benemérita.
La Asociación Profesional de la Guardia Civil estima que la desviación en concepto de productividad y que no han percibido los agentes podría superar a fecha de hoy los 7 millones de euros, ya que a cada uno de los agentes se les adeudaría ahora entorno a los 100 euros, no cobrados en enero y febrero de este año (50 euros cada mes).
Aclaración sobre grave discriminación
En la querella se solicita como diligencias previas que se tome declaración en calidad de investigada a la querellada, María Gámez y se pide numerosa documentación para aclarar si la Dirección General de la Policía Nacional ha abonado en las nóminas de enero, febrero, marzo y abril de 2021 las cantidades establecidas en concepto de productividad- equiparación.
También en las actuaciones judiciales se solicita que la Secretaría de Estado de Seguridad remita todos los informes elaborados por las Consultorías Externas en relación con el Acuerdo de 12 de marzo de 2018, sobre equiparación salarial. Además, se pide que el Servicio de Retribuciones de la Dirección General de la Guardia Civil, certifique si se ha abonado en las nóminas de enero, febrero, marzo y abril de 2021 el concepto productividad – equiparación, y en caso de ser negativa la respuesta en todos o algunos de los meses, que se indique cuál ha sido la razón de su no abono, y quién ha dado en su caso las órdenes de esa forma de actuación.
Acceso a la noticia: https://elcierredigital.com/investigacion/857316530/jucil-querella-maria-gamez-directora-guardia-civil.html?preview=1
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco facilita a la agente el cuidado de un niño de tres años que, sin estar hospitalizado, requería del cuidado “directo, permanente y continuo” de un adulto.
La Justicia está abriendo la conciliación familiar en la Guardia Civil a golpe de sentencia y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ido un paso más allá al ampliar la reducción habitual de jornada para el cuidado de un hijo enfermo. La sentencia dictada por los jueces vascos el pasado 24 de marzo obliga al Ministerio del Interior a reducir al 60% la jornada de trabajo de una agente destinada en el Puerto de Pasaia para poder atender a su hijo de tres años. La agente se topó dos ‘noes’ anteriores de sus superiores, primero en Castellón y luego en San Sebastián, hasta que recurrió a los juzgados que le han dado la razón.
Casi 7.000 mujeres forman parte de la plantilla de los 84.000 agentes de la Guardia Civil en España y una de ellas ha logrado la reducción de su jornada por encima del 50% que establecen las normas internas del Instituto Armado. Una disminución del tiempo de trabajo establecida en el artículo 34 de la orden general que regula la actividad de los guardias y que habilita a la “autoridad competente” a ampliarlo hasta el 99% de la jornada.
Sin embargo, la “autoridad competente” tiende a rechazar la petición de estas reducciones si los menores al cargo no se encuentran “hospitalizados y en tratamiento continuado”. Un criterio que ahora los jueces corrigen amparándose en una sentencia reciente del Supremo y en los informes médicos y educativos aportados, como es el caso, por los agentes de la guardia civil.
La agente ahora destinada en Pasaia (Gipuzkoa) tuvo un hijo en febrero de 2018 cuando se encontraba destinada en Castellón. Un niño al que se le diagnosticó “linfaneictasia intestinal”, enfermedad que le impide absorber determinadas grasas y que obliga a sus padres a mantener muy controlada su alimentación, como consta en la sentencia del TSJPV. Un año más tarde, los pediatras también le detectaron una esclerosis tuberosa que genera tumores no cancerososen diferentes partes del cuerpo del menor.
La guardia civil logró en 2018 una reducción de jornada del 30% aunque la desestimó por la “forma de desarrollo” que le impuso el responsable de la unidad de Benicarló (Castellón) en la que prestaba servicio. Un año más tarde y ante la necesidad de que el menor pasara consultas asiduamente en el Hospital de la Fe de Valencia reclamó una reducción de jornada del 80% que le fue denegada. La misma respuesta de sus superiores fue la que le trasladaron en San Sebastián cuando reclamó la reducción del 60% con los informes del Servicio Vasco de Salud y de la tutora del menor en un colegio guipuzcoano.
Respaldada por los servicios jurídicos de la Asociación de la Guardia Civil Jucil, la agente aportó cuatro informes que, junto a la sentencia del Supremo, han sido determinantes para que la Justicia obligue al Instituto Armado a aplicar esta reducción de jornada. En estos documentos se avala que el menor requiere de “mayor atención y disponibilidad” (Osakidetza), que necesita de “un cuidado directo, continuo y permanente” (Neurología Hospital Donostia), que demanda “controles médicos frecuentes, curas diarias” y un posible tratamiento en Barcelona (pediatra sanidad vasca) y que también en el colegio necesita “atención más personalizada” por sus “ausencias frecuentes para ir al médico”.
“Es un logro que los jueces del Alto Tribunal hayan considerado justificada plenamente la petición que hacia nuestra compañera, madre y agente de la Guardia Civil. En Jucil no podíamos permitir que sean las familias las que asuman solas situaciones en las que deban elegir entre si ir a trabajar o cuidar de sus hijos enfermos”, ha advertido Coral Andrés, secretaria nacional de igualdad de esta asociación del Instituto Armado.
Fuente: El Mundo
Acceso a la noticia: https://www.elmundo.es/pais-vasco/2021/04/14/6075e31cfc6c83f1508b465b.html
Se ha añadido al portal de transparencia las cuentas correspondientes al primer trismestre del presente año
La Asociación Profesional de la Guardia Civil ‘JUCIL’ ha mostrado “su profundo malestar por la grave situación que padecen los agentes de la Benemérita en La Rioja, que a día de hoy los agentes de la Guardia Civil carecen de una dotación individual de chalecos antibalas”.
Una situación “que se lleva denunciando desde hace meses por JUCIL y que aún no ha sido solucionada por parte de la Dirección General de la Guardia Civil”, afirman en un comunicado de prensa.
Jaime Varela, secretario provincial de JUCIL en La Rioja recuerda a la Dirección General de la Guardia Civil “que es la propia Constitución Española, en su artículo 40.2, la que garantiza la seguridad y la higiene en el trabajo, artículo que se está incumpliendo de manera fragante por parte de la Dirección General de la Guardia Civil”.
Para Varela “se hace necesario dar una respuesta a esta preocupante carencia y apelamos a la administración para que sea consciente de la necesidad de contar con los chalecos individuales, sabedores de las características de los servicios con alto grado de peligro que realizan los guardias civiles”.
CHALECOS PARA LAS MUJERES DE LA GUARDIA CIVIL
El secretario provincial de JUCIL en La Rioja confía “en que desde el Ministerio del Interior también se tenga en cuenta a las mujeres que trabajan en la Guardia Civil y que deberían recibir chalecos antibalas para su protección, adaptados a su constitución física y que no ocurra como en numerosas ocasiones que han tenido que ponerse el chaleco de un hombre, lo que provocaba en nuestras compañeras incomodidad y dolores”.
Por último, desde la Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIL “solicitamos a la DGGC que dote de los medios necesarios para que todos los agentes de la Benemérita puedan trabajar con unos niveles de seguridad adecuados y acordes a la situación de pandemia sanitaria y que potencie en la medida de los posible las medidas de prevención de riesgos laborales”, ha añadido Varela.
Acceso a la noticia:
https://www.20minutos.es/noticia/4634325/0/jucil-critica-la-falta-de-chalecos-antibalas-individuales-en-la-guardia-civil-de-la-rioja/
