16 de abril de 2025. JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, considera “crítica” la situación de la Guardia Civil y que “el futuro del cuerpo y la seguridad ciudadana están en juego” si no se toman medidas eficaces.

La falta de efectivos y el envejecimiento de la plantilla amenazan con debilitar gravemente su operatividad y eficacia en la seguridad ciudadana, ante lo que considera imprescindible que las ofertas de empleo superen las 5.400 plazas, casi el doble de las plazas publicadas ayer por el Ministerio del Interior, que alcanzan las 3.118.

Desde 1989 hasta 1993 se ofertaron 25.729 nuevos puestos a la Guardia Civil. Esto supone que a partir de 2023 la mayoría de agentes de esas grandes promociones comenzarán a pasar a la reserva y después a jubilarse. Por lo tanto, en pocos años, todos habrán dejado el servicio, reduciendo así el personal de esta institución.

Más concretamente, esto implica que desde el ejercicio pasado abandonan el servicio más agentes de los que entran, chocando frontalmente con la valoración del Ministerio de Interior de “cifras récord” en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En el caso de la Benemérita esta afirmación es contraria a la realidad de las cifras. La última estadística publicada por el propio Ministerio recoge que el Cuerpo contaba con 78.173 guardias en activo al cierre de 2023, un 0,2% menos que el ejercicio anterior, y otros 7.235 en reserva.

Por todo ello, entre 2022 y 2025, el Instituto Armado perderá hasta 1.800 agentes en activo. Ante estas cifras, desde JUCIL, afirman que “sin un plan de reposición adecuado, la Guardia Civil quedará en una situación de extrema vulnerabilidad. Actualmente, uno de cada tres guardias civiles tiene más de 50 años y la mayoría de los agentes que patrullan las calles superan los 40 años. Sin suficientes promociones de ingreso, en pocos años será un cuerpo envejecido, incapaz de afrontar las crecientes necesidades de seguridad. En este sentido, es muy importante recordar que este cuerpo es responsable del 80% del territorio nacional, por su atención a las zonas rurales, y todo el litoral.

Para mantener la ya debilitada plantilla se necesitan al menos 4 promociones de 5.400 guardias cada una. Sin embargo, en los últimos años, las convocatorias han estado muy por debajo de estas cifras: 1.671 plazas en 2022; 2.520 en 2023 y 2.721 en 2024.

JUCIL considera que esta situación es incomprensible. “Ello se suma a la pérdida de competencias en favor de cuerpos autonómicos y locales, que debilita la independencia operativa de la Guardia Civil y facilita el control político sobre la seguridad. Esto tiene graves consecuencias para la población”.

Una situación que ya tiene consecuencias visibles en los aumentos de ofertas de empleo para el ingreso en la Ertzaintza con 525 plazas. Actualmente cuenta con unos 7.500 efectivos.

Igualmente, la Generalitat en Cataluña convocaba exámenes el pasado febrero para 1.300 plazas para acceder a los Mossos d’Esquadra, 850 más que en 2023. Más allá, la Generalitat y el Estado han acordado ampliar la plantilla significativamente para superar los 25.000.

“Es una agravante más a la situación de desigualdad que sufrimos Guardia Civil y Policía Nacional y la muestra de la hoja de ruta política. No sólo no quieren corregir la situación y equiparar condiciones, sino que además nos están debilitando y perjudicando la seguridad ciudadana, donde la cooperación es fundamental para garantizar un servicio efectivo y eficaz”.

Además, con una Guardia Civil envejecida y una delincuencia en aumento, el riesgo crecerá exponencialmente. La reducción de efectivos y la falta de reposición afectará directamente a la seguridad en pueblos, carreteras, costas y fronteras; y la disminución de competencias y efectivos supone una menor capacidad de respuesta ante emergencias y delitos.