Se da comienzo la comisión de igualdad con la aprobación del acta de la comisión anterior, dando paso a continuación al tratamiento de dos propuestas recibidas. La primera de ellas está relacionada con la Orden General de permisos, consistente en el aseguramiento de disfrute del permiso parental por cuidado de menor de ocho años en los turnos de vacaciones de verano, a lo que la Administración responde que el disfrute de ese permiso se aplica en la normativa interna propia del cuerpo como corresponde lo regulado en el Real Decreto-Ley 5/2023, de fecha 28 de junio, normativa referente al permiso parental para toda la administración pública y que la Guardia Civil no va a realizar modificaciones distintas.
También se trató una segunda propuesta relativa a que, por parte de la DGGC, se recuerde a todo el personal de la Guardia Civil de la existencia de la “Guía para el uso no sexista del Lenguaje”, así como de la continuación del Plan de Igualdad como formación, todo ello debido a que, en los pasados ensayos para el desfile de Ntra. Patrona en Logroño: un jefe se dirigió a una oficial, se citan palabras textuales: a ver la princesita que no se entera. Se volvió a recordar sobre la importancia que, por parte de algunos mandos, no se actúe con mala praxis en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, Jucil comentó que no basta con recordar, sino que es de obligado cumplimiento que se lleve a cabo y que, en caso contrario, se depuren responsabilidades en aquellos casos en los que no se dirigen al personal femenino, en este caso, como corresponde, con respeto.
Antes de empezar con el plan de seguimiento, se preguntó sobre la existencia de uniformes específicos para las mujeres guardias civiles embarazadas, a lo que desde el gabinete contestaron que ahora mismo no existen, pero les insta a que aquellas compañeras que se encuentren en estado de gestación, lo comuniquen con antelación suficiente para que la Administración disponga del tiempo suficiente para confeccionar un uniforme acorde a la nueva situación de la mujer embarazada.
Nos comunicaron que se creará un nuevo grupo de trabajo relativo al Plan de Igualdad, posiblemente para el mes de abril.
A continuación, se comenta el informe de seguimiento del Plan de igualdad, dentro de los datos que más llaman la atención es el ínfimo número de mujeres que asciende a la escala de suboficiales y oficiales, desde Jucil solicitamos que el periodo de formación para acceder a las dos escalas, consista en un año de formación a distancia y uno de formación presencial, en el mismo sentido que la policía nacional, a diferencia de la actual que consiste en dos años de formación presencial. Con esta petición, Jucil solicita una medida de conciliación y corresponsabilidad tanto para mujeres como para hombres, que se verán favorecidos para ascender compaginando las obligaciones familiares. A esta medida la Administración traslada que no es viable, poniendo en duda la calidad de la formación en policía nacional.
Ruegos y preguntas:
En este espacio, por parte de esta asociación, Jucil, se abordan los temas que a continuación se detallan:
Solicitud de igualdad de retribuciones, jubilación y condición de profesión de riesgo en las mismas condiciones que la policía autonómica.
Solicitud de recordatorio a todas las unidades de la Guardia Civil relativas a las directrices dadas sobre la grabación correcta en caso de baja por embarazo de riesgo y permiso de maternidad y progenitor diferente a la madre biológica, de manera que se perciban las retribuciones correctamente.
Solicitud relativa a la posibilidad de una modificación de la normativa para que el personal masculino pueda llevar el cabello largo. A esta propuesta la Administración nos responde que se está valorando y que nos contestaran de manera oficial.
Solicitud de vestuarios femeninos en todos los acuartelamientos. La respuesta de la administración es la de siempre, que no se puede acometer lo propuesto y que se deben buscar otras alternativas.
Se expone el caso de una compañera que solicitó una reducción de jornada por cuidado de hijo menor de 12 años, y debido a que la Administración no dio respuesta en un plazo prudencial (lo hizo apurando el plazo casi en su totalidad, dejando solo un día de margen al plazo máximo), la guardia civil se vio obligada a la solicitud de una excedencia. Jucil manifestó su incomprensión acerca de cómo la Dirección General de la Guardia Civil, permita la pérdida gratuita de un efectivo que se ve forzado al pase de una excedencia, con el problema sobre falta de personal tan grave que existe en el Cuerpo, por no resolver a una petición de solicitud de reducción de jornada. Desde la Comisión nos responden que analizarán desde el área este asunto y que recordarán que, en lo concerniente a las solicitudes de conciliación, se acorten, en la medida de lo posible, los plazos de respuesta.
Solicitud de modificación de la normativa que regula la evaluación para el ascenso. Jucil solicita que la administración sea más laxa con los plazos, a lo que la administración responde que no es posible lo solicitado por la problemática que podría acarrear a todos los evaluados.
Solicitud de conciliación cuando exista custodia compartida. Nos responden que no es posible una regulación genérica debido a que cada caso es diferente y depende de muchos condicionantes, como el destino, efectivos, etc.
Solicitud de modificación del artículo referente al disfrute del permiso del progenitor por nacimiento distinto de la madre biológica. Jucil solicita que no solo aquellos progenitores cuyas parejas trabajen puedan disfrutar de las 10 semanas posteriores a las 06 semanas obligatorias de manera discontinua, sino que, sea extensivo a todos los.
Progenitores distintos de las madres biológicas que lo disfruten, cuyas parejas trabajen o no. La Administración responde que la normativa está adaptada a la normativa de las administraciones públicas y que está dispuesta a realizar cambios cuando la Administración Pública los haga.
Se les recuerda que Jucil fue pionera en lo que se refiere al permiso de familias monoparentales y que podría ocurrir lo mismo en este caso.
Por último, se tiene constancia de la imposición a título póstumo, de la Gran Cruz de oro a los dos compañeros asesinados salvajemente el pasado viernes 9 de febrero en Barbate, en manos de unos narcotraficantes, así como, de la cruz al mérito militar con distintivo rojo del compañero gravemente herido. Por lo que, aprovechando la comisión de igualdad, se solicita la misma condecoración a todos los ocupantes de la zódiac, debido a la penosidad y peligro al que estuvieron expuestos, ya que la única diferencia entre ellos fue la suerte a la hora de ocupar un asiento u otro en la embarcación.
14 de febrero del 2024
LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA
Se inicia el grupo de trabajo a las 10.00 horas del día 20 de febrero de 2024. Por parte del Presidente del Grupo de trabajo, se explica someramente y haciendo hincapié en lo que a la DGGC le interesa de cada artículo, así como las diferentes disposiciones del borrador.
- Posteriormente, una vez finalizada la presentación del borrador, se da un turno de palabra a las diferentes asociaciones.
- Por parte de jucil una vez estudiado el borrador, el cual ha sido facilitado un día antes, se realiza pregunta sobre las bajas por incapacidad temporal, las cuales deben de presentarse desde el día 1 de incapacidad y en todas las situaciones, no pudiendo presentar el parte asistencia médica, como hasta ahora, con un máximo de tres días consecutivos, significando en la pregunta, que todo parte de baja por incapacidad temporal, conlleva aparejado la perdida de la parte proporcional de las retribuciones por las diferentes productividades de carácter mensual, trimestral, cuatrimestral o anual, como viene recogido en la O.G. de incentivos al rendimiento, y que en la actualidad viene recogida la situación de sin pérdida de retribuciones, desapareciendo en esta nueva regulación. Manifestando el Presidente del Grupo de trabajo, que eso no es una cuestión que deba tratarse en esta mesa de trabajo, sino en la de incentivos al rendimiento.
- Se le menciona que en uno de los puntos viene recogida la retirada de la TIP y que sin esta no se puede realizar la solicitud de Vacantes, Ayudadas de Acción Social, etc., ya que estas aplicaciones precisan del uso de la misma, manifestando que ya se articularían los mecanismos necesarios, pero sin dar información concreta de los mismos.
- Se le pregunta sobre un punto de los cometidos de las funciones de la sanidad de la G.C., concretamente en él se informa al jefe de unidad de destino, acerca de los cometidos que puede realizar una persona que se encuentre en incapacidad temporal y que sean compatibles con la enfermedad o lesión y que beneficie la recuperación del mismo a lo que el Presidente de la Mesa contesta que los servicios médicos de la G.C. podrán dar de alta a un componente de baja y trasladarle los cometidos que este componente puede realizar en su unidad y la adaptación del puesto de trabajo, mientras se permanezca en esta situación.
- Otro de los puntos que llaman la atención es que la sanidad de la Guardia Civil tiene la potestad de dar de alta a un G.C. aun en contra del criterio médico de otro Facultativo y si este hecho se produce, por esa misma causa solo podrá volver a dar la baja la propia sanidad de la Guardia civil durante los siguientes 6 meses.
- También se pretende que los procesos de incapacidad temporal queden en suspenso cuando haya periodos de permisos por nacimiento, adopción, etc., sin hacer en la norma ninguna salvedad en este punto.
Otro de los puntos que llaman la atención es el acceso a los datos médicos por parte de los facultativos, así como de los psicólogos lo cual es lógico, pero a esos datos médicos según el borrador también van a tener acceso el personal administrativo y Jefes de Unidad, siendo en la mayoría de veces, los propios compañeros destinados en los servicios.
- Otro punto es la pretensión que tiene la administración, al venir recogido expresamente en el borrador, de hacer que se pierda la parte General del complemento específico singular de los Guardias Civiles que cambien de destino y se encuentren en situación de incapacidad temporal, sin hacer distinción alguna sobre esta I.T. incluida la de compañeras en estado de gestación o embarazos de riesgo o Guardias Civiles que hayan sufrido la misma en acto de servicio o con ocasión de él.
Al igual que en la situación anterior, todo componente del cuerpo que perciba los complementos retributivos, por ocasión de destino, como por ejemplo los complementos de insularidad o el zocón y que soliciten el traslado de residencia, durante el tiempo que dure la Incapacidad temporal, fuera de esas zonas concretas, le serán detraídos esos complementos hasta que vuelva a fijar su residencia en las citadas zonas. De nuevo, la norma no hace distinción entre el tipo de Incapacidad Temporal, las cual creemos que al menos deberían de contemplar en la norma.
- Otro Punto en el que se ha hecho especial mención, por la importancia de trasladar esos datos a la D.G.G.C. es sobre la obligación, por parte de los Guardias Civiles de aportar datos sobre algún tipo de discapacidad que se les haya dictaminado, por las C.C.A.A., así como la de dar conocimiento de que un Guardia Civil está en tratamiento Psiquiátrico o Farmacológico.
- Se finaliza el grupo de trabajo a las 11:40 horas, informando que nos remitirán la documentación y habrá diez días para enviar las propuestas. –
Por parte de jucil se va a proceder a realizar las alegaciones oportunas, para la modificación de la citada norma, en el sentido de que los Guardias Civiles no vean recortados sus derechos, por tener que padecer una incapacidad temporal sobrevenida.
21 de febrero del 2024
LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA
El Tribunal Supremo da la razón a JUCIL y anula el decreto de expulsión de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra
La asociación profesional logra del máximo tribunal español la nulidad de la transferencia de la competencia de tráfico a la comunidad de Navarra y precisa que sólo a través de una ley orgánica aprobada en el Parlamento español podrá llevarse a cabo este traspaso, nunca por un decreto ley del Gobierno
JUCIL saluda esta decisión judicial y lamenta haber tenido que recurrir a estas instancias para que se imponga el sentido común y se condene el uso de los guardias civiles como una simple moneda de cambio en los cambalaches políticos para asegurar el gobierno de la comunidad con el apoyo de los independentistas de EH Bildu.
Sólo la asociación profesional de la Guardia Civil (JUCIL) se opuso más allá de las manifestaciones en la calle y defendió en los tribunales la ilegitimidad de las formas usadas por el Gobierno para la cesión a Navarra de las competencias en materia de Tráfico. El Tribunal Supremo ha dado la razón a esta asociación profesional, que defiende los intereses generales, laborales y sociales de los guardias civiles hasta donde le es posible. Y esta vez ha sido posible en el máximo tribunal de Justicia, que confirma las tesis de JUCIL y anula el decreto ley con el que el Ejecutivo pretendía transferir unas competencias que sólo se pueden traspasar a través de una ley orgánica, es decir, una norma aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Vuelta de todo el proceso a la casilla de salida y a iniciar otro camino, el legal, si se quiere, o se puede continuar.
El traspaso en materia tan importante como es el Tráfico no puede hacerse por un mero acuerdo del Consejo de ministros, afirma rotundo el Supremo. Fracasa el sistema exprés que pretendía eliminar la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Si quieren, tendrán que acudir, como marca la ley, a la modificación de la Ley del Amejoramiento del Fuero, el estatuto de autonomía por el que se rige Navarra o bien, la aprobación de una ley específica que traspase esas competencias. En ambos casos tendrá la condición de ley orgánica y exige la mayoría absoluta de la cámara. “Los servicios jurídicos de JUCIL precisaron que, con las prisas de usar a los guardias civiles como moneda de cambio para asegurar el gobierno en Navarra, se saltaban los preceptos legales”, ha afirmado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño. “Desde el primer momento dijimos que ésta no era la forma de hacer estas cosas. En nuestra demanda ante el Supremo admitíamos que, si finalmente es el Parlamento quien decide que sea así, al menos que se cumplan los procedimientos legales. No es lógico que el Gobierno se salte las normas”, ha dicho Vilariño.
Con la rotundidad del fallo judicial: “La competencia ha sido, siempre, de la Guardia Civil”
El fallo del Tribunal Supremo razona que la Ley de Reintegración y Amejoramiento no incluye ningún título competencial que encaje en las tareas que lleva a cabo la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Y cuando se pregunta qué competencia tenía Navarra respecto al tráfico antes de la aprobación de esta norma precisa que “la realidad” es que “la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil” por lo que la Policía Foral se ha limitado a una función “subordinada” en este aspecto, Y son estas funciones que ejerce la Guardia Civil “las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial” ni con la actual ley foral, ni antes de promulgarse, argumentan los magistrados del Supremo.
Respaldo a la demanda de JUCIL
La sentencia desestima las alegaciones planteadas por la Comunidad Navarra de que JUCIL carecía de legitimación activa para llevar adelante el recurso. Y el tribunal utiliza para justificar esta legitimación los razonamientos que eleva la comunidad foral. “La mejor defensa de la legitimación activa de JUCIL la hace la propia comunidad, porque para negársela sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y, a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas en otros destinos geográficos, es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral”, explica el fallo judicial.
“Es obvio que cualquiera de estas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial”, concluyen los magistrados del Tribunal Supremo.
Jugaban con la vida de doscientas familias
“Los guardias civiles hemos sido usados, una vez más, como moneda de cambio para formar una mayoría de gobierno en una región en la que necesitaban los votos de los independentistas de EH Bildu. No les ha importado recurrir a un método ahora declarado nulo por los tribunales para conseguir sus objetivos” afirma Ernesto Vilariño. “Han jugado con la vida de los cerca de doscientos compañeros que componen la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra, pero también con la de sus familias, porque se trata de personas que residen en esta comunidad, muchos incluso son nacidos en ella y, ahora también lo reconoce la sentencia del Supremo, se les imponía la voluntad de unirse a la Policía Foral, si esto era posible, o verse expulsados de Navarra”, agrega Vilariño
La Sentencia ha estimado los argumentos de JUCIL, con sustento adicional en un Dictamen elaborado por el prestigioso jurista navarro Jaime Ignacio del Burgo, en contra de los argumentos de la Abogacía del Estado y de los Servicios jurídicos de la Comunidad Foral de Navarra.
JUCIL pide un pleno extraordinario del Consejo donde la Dirección General explique todos los hechos en torno al crimen de Barbate
La asociación profesional pretende que el director general, Leonardo Marcos, aclare todos los extremos conocidos de los hechos que concluyeron con el asesinato de dos guardias civiles la tarde del viernes 9 de febrero pasado cuando intentaban identificar a los ocupantes de seis narcolanchas fondeadas en aguas del puerto de esta localidad gaditana
JUCIL recuerda que no admitirá que, como ya hizo el ministro en declaraciones públicas, se asegure que se trató de una operación ‘impecable’ cuando el resultado fue el de dos guardias civiles muertos en acto de servicio arrollados varias veces por la embarcación de los narcotraficantes
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha solicitado en la mañana de hoy lunes, 19 de febrero, la convocatoria de un pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil en el que, el director general del Cuerpo, Leonardo Marcos, explique los últimos extremos conocidos de los hechos que llevaron al asesinato de dos guardias civiles, David Pérez y Miguel Ángel González, arrollados por una lancha rápida pilotada por narcotraficantes en las aguas del puerto de Barbate en la tarde del 9 de febrero último.
JUCIL reclama todas las explicaciones
A pesar de que reclamamos, y mantenemos nuestra demanda de que el ministro del Interior y el director general dimitan por estos y otros hechos anteriores que muestran su escaso interés por la suerte de los miles de guardias civiles que integramos este Instituto Armado, JUCIL no renuncia a que en el seno del Consejo de la Guardia Civil, donde esta asociación es la que mayor representación ostenta, sea la Dirección General quien ofrezca todas las explicaciones necesarias sobre qué circunstancias han llevado a este triste crimen. “Queremos que el director general ofrezca todas las explicaciones necesarias sobre estos hechos” asegura el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño. “Que se nos aclare por qué motivos no había ningún dispositivo del Servicio Marítimo disponible, cuáles fueron las razones para que se llegue a esta situación, o por qué se envió a los integrantes del GAR y dos componentes del GEAS con una embarcación a todas luces incapaz para la acción que se les demandaba a los compañeros”, añade Vilariño.
“Lo que sí podemos adelantar que en ningún caso aceptaremos que, como dijo el ministro al día siguiente de estos asesinatos; se trataba de una acción desarrollada de forma ‘impecable”, porque esas fueron sus palabras. Ninguna acción impecable puede acabar con un resultado de dos guardias civiles asesinados”, concluye Ernesto Vilariño.
Comienza la comisión aprobando el acta anterior, y se tratan los siguientes temas:
– Una propuesta remitida al Consejo sobre la posibilidad de eliminar la servidumbre en el curso de capacitación para obtener la habilitación a la especialidad de riesgos laborales, para facilitar la incorporación del personal en la especialidad, siendo negativa la posición de la Administración.
– Dudosas condiciones en las que una mujer embarazada se encuentra trabajando, instando desde Jucil mayor formación para los jefes de unidad y la cadena de mando, concienciando sobre la responsabilidad en materia de riesgos laborales.
– Falta de taquillas y en algunos casos taquillas de pequeñas dimensiones, Jucil recuerda la necesidad buscar asesoramientos en los órganos de prevención cuando se compra material, ya que, dependiendo de las condiciones laborales, se debe asegurar que la ropa de trabajo esté separada de la ropa de paisano. Jucil recuerda que en la normativa que regula las taquillas no se especifica que los trabajadores que viven en el mismo centro de trabajo no tengan derecho a ellas, sino que son un derecho de todos los trabajadores independientes de donde habiten.
– Realización de todas las evaluaciones iniciales básicas durante el año 2024, desde Jucil se ha preguntado si tienen previsión de aumentar el personal en la especialidad o bien contratar una empresa externa para llevar a cabo tal ambiciosa instrucción, a lo que la Administración traslada la negativa a ambas. Por tanto, se traslada la siguiente reflexión, que técnicos intermedios y superior en prevención de riesgos laborales nos han hecho llegar, consistente en la posibilidad de realizar una evaluación de riesgo inicial, teniendo en cuenta la premura de las actuaciones, y que ocurra un accidente laboral y la correspondiente autoridad judicial que lleve el caso, pida explicaciones por la elaboración de un informe incompleto que no haya contemplado el factor de riesgos correspondiente, pudiendo valorar que dicho técnico no está realizando un informe acorde a la titulación exigida en el puesto de trabajo ocupado, con las consecuencias que ello acarrearía. Para hacer una idea de la situación de evaluación en la Guardia Civil, las oficinas de prevención de riesgos laborales, llevan constituidas aproximadamente 11 años, y en este tiempo, y en este tiempo, se ha evaluado el 66,48% de los centros de trabajo.
-Se traslada por parte de la DGGC que se han incluido en los reconocimientos médicos más pruebas como cribado de heces para detectar el cáncer de colon en personal mayor de 50 años, para voluntarios y algunos factores tumorales en mujeres, medida solicitada por Jucil.
-Se muestra un balance del trabajo realizado por el servicio de prevención de riesgos laborales durante el año 2023, añaden que se ha solicitado aumento de catálogo en la especialidad, concretamente 6 vacantes para el empleo de comandante, 4 para capitán, 38 de teniente, 20 para brigada/subteniente.
– Jucil solícita varías temática a tratar, a lo que la DGGC alega que se contestará por escrito, no obstante, dado el impacto y la gravedad de lo sufrido por compañeros en el puerto de Bárbate, donde fueron asesinados a manos de unos narcotraficantes, se ha preguntado por parte de esta asociación si se ha establecido alguna medida preventiva dado el resultado de los hechos, y que en horas siguientes parece ser que dos zódiac volvieron a entrar en el mar para disuadir una narco lancha, trasladando la Administración que se va a proceder a realizar la investigación del accidente acorde a los criterios establecidos.
Preguntamos por el estado de las embarcaciones, porque llevan tanto tiempo averiadas y si tienen intención de licitar la reparación de estas, contestando que no saben qué embarcaciones están averiadas y si están averiadas se procederá a su reparación.
–Maletero pequeño de los nuevos vehículos de tráfico jeep renegade, a lo que traslada la DGGC que el material no puede ir en la zona de ocupantes trasero, suelto golpeando de un lado a otro y con el peligro de proyección por un alcance, toma nota y se estudiara.
15 de febrero del 2024
LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA
