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Barcelona-Madrid, 4 de marzo de 2025.-  JUCIL, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, considera que el acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios del PSOE y Junts en materia de inmigración responde a una estrategia planificada para desmantelar la presencia de este cuerpo de seguridad del Estado en Cataluña.

La asociación anuncia que defenderá por todos los medios a su alcance la presencia del instituto armado en Cataluña en el marco de las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los acuerdos alcanzados recientemente entre fuerzas políticas que abogan por la independencia de Cataluña y el PSOE relativos a las competencias de los distintos cuerpos policiales presentes en esta comunidad autónoma suponen de facto el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en esta parte del territorio nacional.

De hecho, aunque el documento firmado por ambos partidos se habla de “delegación de competencias”, también señala que “en materia de inmigración Catalunya podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del estado español”.

Algunos de estos acuerdos, que se explican en buena medida por las transacciones a las que se ven abocados los gobiernos de España y Cataluña por su debilidad en los respectivos parlamentos, han sido ya recurridos en los tribunales por las asociaciones profesionales de la Guardia Civil por violentar la legislación vigente.

Tal es el caso del traspaso de competencias en protección de la naturaleza de la Guardia Civil a los Mossos d’Esquadra. De hecho, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió a trámite el recurso interpuesto por JUCIL el pasado 29 de enero contra el acuerdo de la Junta de Seguridad de Cataluña de 5 de diciembre de 2024 por el que se traspasan a los Mossos d’Esquadra las competencias sobre protección de la naturaleza y medio ambiente que actualmente ejerce la Guardia Civil. Se considera que el acuerdo adoptado es contrario a la legislación vigente y que por lo tanto es nulo de pleno derecho, debiendo retornar dichas competencias a la Guardia Civil.

JUCIL seguirá defendiendo la competencia de la Guardia Civil sobre el resguardo fiscal del Estado, así como la custodia, control y vigilancia de las costas, fronteras, puertos, aeropuertos y los espacios marítimos en los que España ejerce soberanía y, en este ámbito, el control de la inmigración irregular. A pesar de las reiteradas solicitudes de información previas, tanto el Ministerio del Interior como la Generalitat han mantenido una gran opacidad sobre este asunto, lo que ha generado mucha inquietud en el seno de la institución y de los agentes afectados.

Actualmente hay desplegados en Cataluña 3.000 efectivos de la Guardia Civil, a los que habría que sumar otros 600 si se cubriesen las plazas contempladas en el catálogo de puestos de trabajo. Este déficit de personal contrasta con la ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra a 25.000 efectivos aprobada el pasado 24 de febrero por la Comisión Bilateral y la Comisión Mixta de Transferencias que integran el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña. A esta ampliación se sumará otra de 1.800 efectivos para dar cumplimiento al acuerdo alcanzado entre el PSOE Y Junts. Estas cifras dejan meridianamente al descubierto la estrategia de ambos gobiernos respecto a la naturaleza del despliegue de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña.

“Nuestro objetivo es asegurar que los ciudadanos de Cataluña estén protegidos por los profesionales más preparados para el ejercicio de los funciones que la ley atribuye y que no se cometen injusticias manifiestas por razones geográficas o políticas”, asegura Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL.