La asociación profesional denuncia la opacidad del Ministerio del Interior y la Generalitat en un proceso que podría debilitar la presencia de la Guardia Civil en Cataluña

Barcelona, 9 de enero de 2025 – JUCIL ha mantenido una reunión con el general jefe de la zona de Cataluña, Pedro Antonio Pizarro, para exigir la defensa de las competencias de la Guardia Civil en materia de aeropuertos, puertos y medio ambiente. Este encuentro se produce en vísperas de la próxima convocatoria de la Junta de Seguridad, en la que se prevé abordar la cesión de competencias a los Mossos d’Esquadra y en la que está prevista la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En la última Junta de Seguridad, celebrada el pasado 5 de diciembre, ya se acordó el traspaso de las competencias —hasta ahora compartidas— del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), lo que para JUCIL supone el desmantelamiento de unidades de esta especialidad en favor de los Mossos d’Esquadra y los agentes rurales.

Ante esta situación, JUCIL ha anunciado que llevará a los tribunales cualquier cesión a la Generalitat de Cataluña en materia de seguridad ciudadana dentro del perímetro interior de este tipo de activos estratégicos para el Estado.

“La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Real Decreto 400/2012 de Estructura del Ministerio del Interior establecen que estas funciones son competencia exclusiva de la Guardia Civil. El resguardo fiscal corresponde en exclusiva a la Guardia Civil y, por tanto, la seguridad dentro de la zona afectada tras los controles de acceso a las instalaciones portuarias y aeroportuarias”, explicaba Ernesto Vilariño, Secretario General de JUCIL, tras la reunión con el jefe de la zona.

Además, la asociación ha criticado la “opacidad” con la que el Ministerio del Interior y la Generalitat están gestionando este proceso, a pesar de las reiteradas solicitudes de información presentadas por JUCIL.

“Esta falta de transparencia ha generado una gran inquietud entre los agentes destinados en Cataluña, donde actualmente hay 3.600 efectivos de la Guardia Civil, una cifra que se incrementaría en 1.200 agentes si se cubrieran todas las plazas previstas en el catálogo de puestos de trabajo”, comentaba Vilariño.

JUCIL ha recordado que el Tribunal Supremo ya declaró ilegal la cesión de las competencias de tráfico en Navarra a la Comunidad Foral, tras estimar un recurso presentado por la propia asociación. Para JUCIL, este precedente refuerza la convicción de que serán los tribunales los que frenen esta posible decisión que afecta gravemente al funcionamiento de la Guardia Civil en Cataluña y el resto del Estado.

“Exigimos al Gobierno de España transparencia y rigor en la toma de decisiones que afectan directamente a la Guardia Civil, una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos”, finalizaba Vilariño.