5 junio, 2025
Roquetas de Mar se Une a JUCIL y Reclama al Ministerio del Interior Más Guardia Civil y Recursos


EL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS SE SUMA A JUCIL Y URGIRÁ A INTERIOR A QUE REFUERCE A LA GUARDIA CIVIL COMO CUERPO POLICIAL EN EL MUNICIPIO
• Aprueba una moción en pleno con el apoyo de todos los grupos menos el PSOE para solicitar a Marlaska que incremente la seguridad a través de un mayor número de efectivos y medios materiales.
• Jucil alerta de la presión “insostenible” sobre los agentes, ante el crecimiento poblacional, la inmigración y el narcotráfico.
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5 de junio de 2025. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado en pleno una moción apoyada por todos los grupos excepto el PSOE para instar al Ministerio del Interior a reforzar la plantilla de la Guardia Civil en el municipio y dotarla de más medios materiales. La medida, impulsada tras una reunión entre el consistorio y la asociación profesional JUCIL, busca garantizar que la Benemérita siga siendo el cuerpo policial prioritario en la localidad.
Durante el encuentro, celebrado el pasado martes, se abordaron las crecientes carencias en materia de seguridad que sufre Roquetas de Mar. JUCIL, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, denunció la “presión insostenible” que soportan los agentes debido al incremento de la población, la inmigración, el narcotráfico y la falta de recursos humanos y materiales.
La asociación alertó de que la falta de efectivos impide mantener patrullas permanentes, provoca tiempos de respuesta excesivos ante llamadas de auxilio y genera una sensación de desprotección ciudadana ante delitos contra la propiedad, violencia doméstica, altercados o tráfico de drogas. Cabe recordar que, según datos del Ministerio del Interior, el municipio ha registrado un aumento significativo en delitos como el tráfico de drogas (27,5 %), los robos con violencia (6,65 %) o las riñas tumultuarias.
También señalaron el riesgo de impunidad ante delitos menores y reincidentes, así como la pérdida de confianza institucional por parte de la ciudadanía.
Roquetas de Mar, con una población cercana a los 110.000 habitantes, es el segundo municipio más grande de la provincia de Almería y ha experimentado un crecimiento demográfico de más de 20.000 nuevos residentes en la última década.
Durante el pleno, el alcalde reafirmó su compromiso con la Guardia Civil como pieza clave en la estrategia de seguridad local. La moción aprobada será ahora remitida al Ministerio del Interior, la Subdelegación de Gobierno y a la Dirección General de la Guardia Civil, con el objetivo de que se tomen medidas urgentes para reforzar la seguridad en el municipio.
Desde JUCIL recuerdan que la seguridad ciudadana es un pilar esencial para garantizar la convivencia y la calidad de vida, especialmente en municipios de gran tamaño o en zonas rurales donde la presencia de la Guardia Civil resulta vital. La asociación insiste en que el incremento de efectivos y recursos permitiría mejorar la capacidad operativa, reforzar la prevención del delito y devolver la confianza a los vecinos.


El TSJ de Madrid ordena la ejecución forzosa de la sentencia que anula la Orden General 15/2022 tras la solicitud de JUCIL


EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID INICIA, A INSTANCIAS DE JUCIL, LA EJECUCIÓN FORZOSA DE LA SENTENCIA QUE ANULÓ LA ORDEN GENERAL 15/2022 (MODIFICACIÓN DE JORNADA Y HORARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO MARÍTIMO)
Hace algunas semanas, JUCIL instó la ejecución forzosa de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló la Orden General 15/2022, que modificaba ilegalmente la jornada, horario e incentivos del personal del Servicio marítimo.
Nos hemos visto obligados a ello dado el flagrante incumplimiento de dicha Sentencia, transcurridos ya los plazos establecidos, una vez inadmitido el recurso de casación presentado por la Dirección General de la Guardia Civil ante el Tribunal Supremo.
Mediante Diligencia de Ordenación de 28 de mayo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Dirección General de la Guardia Civil que, en el plazo de diez días, informe al Tribunal sobre las actuaciones practicadas en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el fallo, comunicando el órgano responsable del cumplimiento de la ejecución y remitiendo, en su caso, copia de las actuaciones realizadas, bajo los apercibimientos contenidos en el art. 112 de la LJCA para el caso de no verificarlo (imposición de multas coercitivas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos de la Sala) y, en su caso, deducir el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
En este sentido, deseamos tranquilizar a otras asociaciones profesionales que esta semana han solicitado la ejecución forzosa de esta Sentencia ganada por JUCIL, intentando aprovechar los éxitos judiciales ajenos para generarse auto-publicidad. Aunque sin el ruido al que alguna otra asociación nos tiene acostumbrados, JUCIL VA SIEMPRE POR DELANTE.




JUCIL exige un protocolo urgente para la manipulación de combustible incautado en Almería


JUCIL solicita a la Comandancia de Almería un protocolo claro para la manipulación del combustible aprehendido en intervenciones
Almería, 3 de junio de 2025 – JUCIL ha solicitado formalmente a la Comandancia de Almería que aclare si existen protocolos específicos para el manejo y transporte del combustible intervenido en operaciones contra el narcotráfico, y que, en caso contrario, se desarrollen urgentemente.
En provincias costeras como Almería, los agentes se enfrentan a un creciente número de aprehensiones de gasolina procedente de los denominados “petaqueros”, individuos clave en la logística del narcotráfico encargados de abastecer de combustible a las narcolanchas. Estas embarcaciones, al estar prohibidas, no pueden repostar en puertos, por lo que dependen de este sistema ilegal.
Los guardias civiles deben trasladar grandes cantidades de combustible desde el lugar de la incautación hasta depósitos designados, sin un protocolo de seguridad estandarizado ni medidas preventivas adecuadas, lo que supone un grave riesgo de incendio o explosión y pone en peligro su integridad física.
JUCIL recuerda que tanto la normativa europea como la legislación española en materia de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995 y RD 179/2005) obligan a las administraciones públicas a garantizar la seguridad de su personal, incluyendo evaluaciones de riesgo, formación y equipos adecuados para tareas peligrosas como la manipulación de combustibles.
La asociación considera que esta situación vulnera el derecho de los agentes a trabajar con seguridad, y exige que se informe de inmediato a los efectivos implicados sobre los riesgos que conlleva esta actividad y las medidas de protección existentes.
Los guardias civiles no pueden seguir exponiéndose a situaciones de alto riesgo sin la protección mínima exigida por ley. Es necesario actuar antes de que tengamos que lamentar un incidente.



