Madrid, 24 de junio de 2025. JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, se une a jueces y fiscales en la concentración convocada frente al Tribunal Supremo, en la plaza de la Villa de París de Madrid, el próximo 28 de junio a las 12:30 horas, en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes, y en contra de las reformas legislativas que afectan al poder judicial. Estas reformas promovidas por el gobierno, actualmente en trámite parlamentario, acarrearían consecuencias directas en la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en la independencia de sus investigaciones.

Según la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta unidad especializada en la investigación criminal compleja —con competencias en casos de corrupción política y delitos económicos, crimen organizado, homicidios y secuestros, tráfico de drogas, armas, explosivos y seres humanos, cibercrimen, delitos medioambientales, así como delitos contra el patrimonio histórico y el contrabando— pasaría a actuar bajo la dirección del Ministerio Fiscal, cuando hasta ahora ha actuado como policía judicial bajo mandato de los jueces instructores.

Este cambio supondría que, en el ámbito penal, la UCO quedaría subordinada a la Fiscalía General del Estado, cuyo máximo responsable es nombrado por el gobierno. Es decir, la UCO pasaría a depender de una figura institucional que actúa como parte en el proceso (el fiscal), en lugar de una figura imparcial como el juez instructor, lo que podría comprometer especialmente las investigaciones más sensibles vinculadas a la corrupción política y generar una situación de indefensión para la ciudadanía, así como una preocupante pérdida de autonomía en una de las unidades más especializadas y respetadas del país.

Desde su creación en 1987, durante el gobierno de Felipe González, la UCO ha demostrado un historial impecable e implacable en la lucha contra la corrupción política —en solitario o en coordinación con la Policía Nacional— con independencia del signo político de los investigados o del partido que ostente el poder en cada momento. Entre los casos más relevantes figuran el caso GAL (años 90), Palma Arena (2008, origen del caso Nóos), Pretoria (2009, con implicación de ex altos cargos de CiU y PSC), Malaya, y en la última década los ERE en Andalucía, Gürtel, Púnica, Lezo, Koldo o Begoña Gómez, entre otros, lo que acredita su total independencia del poder ejecutivo. La unidad también ha sido clave en operaciones contra el narcotráfico y contrabando en Galicia durante los años 90, desarticulando redes como las de los “Charlines” o los “Oubiña”, muchas de ellas con conexiones políticas o empresariales.

Las asociaciones de jueces y fiscales convocantes han recalcado que “no se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una manifestación pública sobre la relevancia del Poder Judicial en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales”. JUCIL, como asociación comprometida con la sociedad y el Estado de Derecho, solicita al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que muestre de forma contundente su respaldo a la UCO y defienda su rigor e independencia actuales.

La asociación reafirma su compromiso con la defensa de los intereses de los miembros de la Guardia Civil y continuará trabajando para preservar la independencia operativa de la UCO y del conjunto del Cuerpo.