El Tribunal Supremo da la razón a JUCIL y anula el decreto de expulsión de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra
La asociación profesional logra del máximo tribunal español la nulidad de la transferencia de la competencia de tráfico a la comunidad de Navarra y precisa que sólo a través de una ley orgánica aprobada en el Parlamento español podrá llevarse a cabo este traspaso, nunca por un decreto ley del Gobierno
JUCIL saluda esta decisión judicial y lamenta haber tenido que recurrir a estas instancias para que se imponga el sentido común y se condene el uso de los guardias civiles como una simple moneda de cambio en los cambalaches políticos para asegurar el gobierno de la comunidad con el apoyo de los independentistas de EH Bildu.
Sólo la asociación profesional de la Guardia Civil (JUCIL) se opuso más allá de las manifestaciones en la calle y defendió en los tribunales la ilegitimidad de las formas usadas por el Gobierno para la cesión a Navarra de las competencias en materia de Tráfico. El Tribunal Supremo ha dado la razón a esta asociación profesional, que defiende los intereses generales, laborales y sociales de los guardias civiles hasta donde le es posible. Y esta vez ha sido posible en el máximo tribunal de Justicia, que confirma las tesis de JUCIL y anula el decreto ley con el que el Ejecutivo pretendía transferir unas competencias que sólo se pueden traspasar a través de una ley orgánica, es decir, una norma aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Vuelta de todo el proceso a la casilla de salida y a iniciar otro camino, el legal, si se quiere, o se puede continuar.
El traspaso en materia tan importante como es el Tráfico no puede hacerse por un mero acuerdo del Consejo de ministros, afirma rotundo el Supremo. Fracasa el sistema exprés que pretendía eliminar la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Si quieren, tendrán que acudir, como marca la ley, a la modificación de la Ley del Amejoramiento del Fuero, el estatuto de autonomía por el que se rige Navarra o bien, la aprobación de una ley específica que traspase esas competencias. En ambos casos tendrá la condición de ley orgánica y exige la mayoría absoluta de la cámara. “Los servicios jurídicos de JUCIL precisaron que, con las prisas de usar a los guardias civiles como moneda de cambio para asegurar el gobierno en Navarra, se saltaban los preceptos legales”, ha afirmado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño. “Desde el primer momento dijimos que ésta no era la forma de hacer estas cosas. En nuestra demanda ante el Supremo admitíamos que, si finalmente es el Parlamento quien decide que sea así, al menos que se cumplan los procedimientos legales. No es lógico que el Gobierno se salte las normas”, ha dicho Vilariño.
Con la rotundidad del fallo judicial: “La competencia ha sido, siempre, de la Guardia Civil”
El fallo del Tribunal Supremo razona que la Ley de Reintegración y Amejoramiento no incluye ningún título competencial que encaje en las tareas que lleva a cabo la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Y cuando se pregunta qué competencia tenía Navarra respecto al tráfico antes de la aprobación de esta norma precisa que “la realidad” es que “la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil” por lo que la Policía Foral se ha limitado a una función “subordinada” en este aspecto, Y son estas funciones que ejerce la Guardia Civil “las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial” ni con la actual ley foral, ni antes de promulgarse, argumentan los magistrados del Supremo.
Respaldo a la demanda de JUCIL
La sentencia desestima las alegaciones planteadas por la Comunidad Navarra de que JUCIL carecía de legitimación activa para llevar adelante el recurso. Y el tribunal utiliza para justificar esta legitimación los razonamientos que eleva la comunidad foral. “La mejor defensa de la legitimación activa de JUCIL la hace la propia comunidad, porque para negársela sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y, a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas en otros destinos geográficos, es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral”, explica el fallo judicial.
“Es obvio que cualquiera de estas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial”, concluyen los magistrados del Tribunal Supremo.
Jugaban con la vida de doscientas familias
“Los guardias civiles hemos sido usados, una vez más, como moneda de cambio para formar una mayoría de gobierno en una región en la que necesitaban los votos de los independentistas de EH Bildu. No les ha importado recurrir a un método ahora declarado nulo por los tribunales para conseguir sus objetivos” afirma Ernesto Vilariño. “Han jugado con la vida de los cerca de doscientos compañeros que componen la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra, pero también con la de sus familias, porque se trata de personas que residen en esta comunidad, muchos incluso son nacidos en ella y, ahora también lo reconoce la sentencia del Supremo, se les imponía la voluntad de unirse a la Policía Foral, si esto era posible, o verse expulsados de Navarra”, agrega Vilariño
La Sentencia ha estimado los argumentos de JUCIL, con sustento adicional en un Dictamen elaborado por el prestigioso jurista navarro Jaime Ignacio del Burgo, en contra de los argumentos de la Abogacía del Estado y de los Servicios jurídicos de la Comunidad Foral de Navarra.
Absuelto un guardia civil acusado de empujar a una conductora en un control de tráfico para comprobar el estado del vehículo
Los servicios jurídicos de JUCIL logran la exoneración de un asociado al que la denunciante acusaba de un delito leve de maltrato de obra
El fallo precisa que los agentes de la autoridad están facultados para adoptar medidas preventivas de su propia seguridad a la hora de practicar la actuación policial
Los servicios jurídicos de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) han logrado la absolución de un guardia civil al que una conductora acusó de un delito leve de maltrato de obra cuando fue apartada por el agente de la discusión que este guardia civil mantenía con la pareja de la denunciante.
Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Calahorra, en La Rioja, donde una patrulla de tráfico detuvo a un vehículo para comprobar si cumplía la normativa en materia del tamaño de la matrícula y al observar un importante desgaste en los neumáticos.
La conductora llamó por teléfono a su pareja, quien se presentó en el lugar de los hechos y discutió con los agentes, una polémica que finalizó en forcejeo por lo que éste fue detenido. En ese momento, la mujer intentó colocarse por delante y fue retirada por el guardia civil.
Argumentos a favor de la actuación policial
La denunciante alegó en su declaración y en el juicio que el guardia civil le había retirado su teléfono móvil para dejarlo sobre el vehículo. Según recoge el texto de la sentencia, los agentes de la autoridad están facultados para adoptar medidas preventivas de su propia seguridad a la hora de practicar la actuación policial. “En base a ello, es legítimo que los funcionarios procedan a realizar un cacheo superficial en busca de armas y objetos con los que podrían ser agredidos, pueden dar instrucciones a los implicados o a otras personas en orden a guardar una mínima distancia de seguridad con los agentes, a fin de que éstos puedan ejercer sus funciones. En definitiva, pueden retirar temporalmente a cualquier persona un objeto cotidiano, como un teléfono móvil, que en potencia puede ser arrojado contra los agentes”, afirma el texto de la sentencia absolutoria. “El nerviosismo de la denunciante y su agitado lenguaje corporal constituyen razón bastante para que se le retirara el terminal momentáneamente y mientras existiera riesgo de agresión”, añade la sentencia.
Los agentes de la autoridad están facultados para adoptar medidas preventivas de su propia seguridad a la hora de practicar la actuación policial. En base a ello es legítimo que los funcionarios procedan a realizar un cacheo superficial en busca de armas u objetos con los que podrían ser agredidos, pueden dar instrucciones a los implicados u otras personas en orden a guardar una mínima distancia de seguridad con los agentes a fin de que los mismos pueden ejercer sus funciones y en definitiva pueden retirar temporalmente a cualquier persona un objeto cotidiano, como un teléfono móvil, que en potencia podría ser arrojado a los agentes. El nerviosismo de la denunciante y su agitado lenguaje corporal constituyen razón bastante para que se le retirara el terminal momentáneamente y mientras existiera riesgo de agresión
Abiertos a la defensa de todos los guardias civiles
Los servicios jurídicos de JUCIL se hallan dispuestos a la defensa de todos los asociados, pero también de todos aquellos compañeros que así lo deseen. Si necesitas la colaboración de JUCIL sólo tienes que ponerte en contacto con los delegados y representantes en tu provincia, en tu demarcación o en tu unidad. Ellos te informarán de los pasos a seguir. Si necesitas más información la puedes encontrar en jucil.es
JUCIL pide un pleno extraordinario del Consejo donde la Dirección General explique todos los hechos en torno al crimen de Barbate
La asociación profesional pretende que el director general, Leonardo Marcos, aclare todos los extremos conocidos de los hechos que concluyeron con el asesinato de dos guardias civiles la tarde del viernes 9 de febrero pasado cuando intentaban identificar a los ocupantes de seis narcolanchas fondeadas en aguas del puerto de esta localidad gaditana
JUCIL recuerda que no admitirá que, como ya hizo el ministro en declaraciones públicas, se asegure que se trató de una operación ‘impecable’ cuando el resultado fue el de dos guardias civiles muertos en acto de servicio arrollados varias veces por la embarcación de los narcotraficantes
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha solicitado en la mañana de hoy lunes, 19 de febrero, la convocatoria de un pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil en el que, el director general del Cuerpo, Leonardo Marcos, explique los últimos extremos conocidos de los hechos que llevaron al asesinato de dos guardias civiles, David Pérez y Miguel Ángel González, arrollados por una lancha rápida pilotada por narcotraficantes en las aguas del puerto de Barbate en la tarde del 9 de febrero último.
JUCIL reclama todas las explicaciones
A pesar de que reclamamos, y mantenemos nuestra demanda de que el ministro del Interior y el director general dimitan por estos y otros hechos anteriores que muestran su escaso interés por la suerte de los miles de guardias civiles que integramos este Instituto Armado, JUCIL no renuncia a que en el seno del Consejo de la Guardia Civil, donde esta asociación es la que mayor representación ostenta, sea la Dirección General quien ofrezca todas las explicaciones necesarias sobre qué circunstancias han llevado a este triste crimen. “Queremos que el director general ofrezca todas las explicaciones necesarias sobre estos hechos” asegura el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño. “Que se nos aclare por qué motivos no había ningún dispositivo del Servicio Marítimo disponible, cuáles fueron las razones para que se llegue a esta situación, o por qué se envió a los integrantes del GAR y dos componentes del GEAS con una embarcación a todas luces incapaz para la acción que se les demandaba a los compañeros”, añade Vilariño.
“Lo que sí podemos adelantar que en ningún caso aceptaremos que, como dijo el ministro al día siguiente de estos asesinatos; se trataba de una acción desarrollada de forma ‘impecable”, porque esas fueron sus palabras. Ninguna acción impecable puede acabar con un resultado de dos guardias civiles asesinados”, concluye Ernesto Vilariño.
Comienza la comisión aprobando el acta anterior, y se tratan los siguientes temas:
– Una propuesta remitida al Consejo sobre la posibilidad de eliminar la servidumbre en el curso de capacitación para obtener la habilitación a la especialidad de riesgos laborales, para facilitar la incorporación del personal en la especialidad, siendo negativa la posición de la Administración.
– Dudosas condiciones en las que una mujer embarazada se encuentra trabajando, instando desde Jucil mayor formación para los jefes de unidad y la cadena de mando, concienciando sobre la responsabilidad en materia de riesgos laborales.
– Falta de taquillas y en algunos casos taquillas de pequeñas dimensiones, Jucil recuerda la necesidad buscar asesoramientos en los órganos de prevención cuando se compra material, ya que, dependiendo de las condiciones laborales, se debe asegurar que la ropa de trabajo esté separada de la ropa de paisano. Jucil recuerda que en la normativa que regula las taquillas no se especifica que los trabajadores que viven en el mismo centro de trabajo no tengan derecho a ellas, sino que son un derecho de todos los trabajadores independientes de donde habiten.
– Realización de todas las evaluaciones iniciales básicas durante el año 2024, desde Jucil se ha preguntado si tienen previsión de aumentar el personal en la especialidad o bien contratar una empresa externa para llevar a cabo tal ambiciosa instrucción, a lo que la Administración traslada la negativa a ambas. Por tanto, se traslada la siguiente reflexión, que técnicos intermedios y superior en prevención de riesgos laborales nos han hecho llegar, consistente en la posibilidad de realizar una evaluación de riesgo inicial, teniendo en cuenta la premura de las actuaciones, y que ocurra un accidente laboral y la correspondiente autoridad judicial que lleve el caso, pida explicaciones por la elaboración de un informe incompleto que no haya contemplado el factor de riesgos correspondiente, pudiendo valorar que dicho técnico no está realizando un informe acorde a la titulación exigida en el puesto de trabajo ocupado, con las consecuencias que ello acarrearía. Para hacer una idea de la situación de evaluación en la Guardia Civil, las oficinas de prevención de riesgos laborales, llevan constituidas aproximadamente 11 años, y en este tiempo, y en este tiempo, se ha evaluado el 66,48% de los centros de trabajo.
-Se traslada por parte de la DGGC que se han incluido en los reconocimientos médicos más pruebas como cribado de heces para detectar el cáncer de colon en personal mayor de 50 años, para voluntarios y algunos factores tumorales en mujeres, medida solicitada por Jucil.
-Se muestra un balance del trabajo realizado por el servicio de prevención de riesgos laborales durante el año 2023, añaden que se ha solicitado aumento de catálogo en la especialidad, concretamente 6 vacantes para el empleo de comandante, 4 para capitán, 38 de teniente, 20 para brigada/subteniente.
– Jucil solícita varías temática a tratar, a lo que la DGGC alega que se contestará por escrito, no obstante, dado el impacto y la gravedad de lo sufrido por compañeros en el puerto de Bárbate, donde fueron asesinados a manos de unos narcotraficantes, se ha preguntado por parte de esta asociación si se ha establecido alguna medida preventiva dado el resultado de los hechos, y que en horas siguientes parece ser que dos zódiac volvieron a entrar en el mar para disuadir una narco lancha, trasladando la Administración que se va a proceder a realizar la investigación del accidente acorde a los criterios establecidos.
Preguntamos por el estado de las embarcaciones, porque llevan tanto tiempo averiadas y si tienen intención de licitar la reparación de estas, contestando que no saben qué embarcaciones están averiadas y si están averiadas se procederá a su reparación.
–Maletero pequeño de los nuevos vehículos de tráfico jeep renegade, a lo que traslada la DGGC que el material no puede ir en la zona de ocupantes trasero, suelto golpeando de un lado a otro y con el peligro de proyección por un alcance, toma nota y se estudiara.
15 de febrero del 2024
LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA
JUCIL lo reclama, los guardias civiles somos profesión de riesgo y de nuevo en Cádiz los compañeros sufren ataques de los traficantes
Un vehículo que escapaba tras, recoger fardos de tabaco de una embarcación golpea a un coche oficial de la Guardia Civil cuando intentaba escapar en una pedanía de la localidad gaditana de San Roque a pesar de que el ministro asegure que la situación está controlada en esta provincia
La asociación profesional resalta que la pérdida del principio de autoridad facilita una acción cada vez más violenta de las mafias que trafican con tabaco, con droga y con personas en el Estrecho de Gibraltar
No ha pasado ni una semana desde el asesinato feroz de nuestros compañeros David y Miguel Ángel a manos de unos narcotraficantes en Barbate cuando hablamos de una acción violenta de las mafias que trafican con tabaco, drogas y personas por el Estrecho de Gibraltar. De nuevo varios compañeros han estado en peligro real cuando un contrabandista, en su intento de escapar de la acción de la Guardia Civil, ha embestido contra el vehículo oficial. Afortunadamente esta vez la acción ha finalizado con la detención de esta persona sin que se hayan registrado lesiones por parte de los guardias civiles que han intervenido.
Pero lo ocurrido, ahora en San Roque, muestra la violencia, cada vez mayor, con la que actúan estos grupos de delincuentes. El principio de autoridad se ha roto y la acción de los guardias civiles está sometida a un peligro constante y creciente. ¡Sin que nuestra profesión sea reconocida como de riesgo!
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado desde hace años, y los hechos nos dan la razón, lamentablemente. Un nuevo caso de contrabando ha acabado con un vehículo policial destrozado tras embestir su conductor contra la pareja de guardias civiles que intentaban detenerlo. Los hechos han este jueves , en torno a las seis de la mañana. Las imágenes que nos han remitido nuestros compañeros y que acompañan a este comunicado dan cuenta de la violencia real de estos hechos. Un vehículo a la fuga que provenía de la refinería de CEPSA situada en San Roque y en dirección a Puente Mayorga ha embestido a un vehículo de la Guardia Civil por su parte trasera dándose posteriormente a la fuga el conductor. Esta persona posteriormente se ha tirado al agua en un muelle deportivo cercano al lugar de los hechos. “Ya decíamos que, durante nuestra estancia en Cádiz, por los funerales de nuestros compañeros asesinados el viernes pasado, vimos con nuestros propios ojos el movimiento de planeadoras en varios puntos de la costa gaditana y de Almería” ha manifestado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño. “Lo ocurrido esta mañana, que afortunadamente no ha tenido consecuencias para los guardias civiles, muestra una vez más cómo es de peligroso este trabajo, sobre todo en el Campo de Gibraltar, y a qué presiones están sometidos nuestros compañeros en esta zona”, ha recordado Vilariño.
Los guardias vieron cómo se descargaban los fardos
“Después de que se localizara a una embarcación que descargaba fardos en un coche, dos agentes, identificados con chalecos, se adelantan a la salida de una curva al principio de una recta con la intención de dar el alto al vehículo. El conductor con la carga no hace caso a las señales para detenerse y se da a la fuga. Al final de esta recta, a más de cien metros el vehículo oficial, en un cruce iluminado y con las luces prioritarias le cierra el paso, pero a pesar de la velocidad, el coche perseguido embiste al vehículo de la Guardia Civil y logra pasar.
Unos cien metros más adelante, el conductor sale y corre en dirección al puerto, pero al ver que no tiene escapatoria, lo intenta arrojándose al agua”, narra un compañero de los dos guardias civiles desde Cádiz. “Lo ocurrido muestra cómo de vacías y falsas han sido las declaraciones de estos últimos días del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, quien aún no ha dimitido pese a su más que evidente fracaso en la lucha contra el tráfico de drogas, de contrabando y de personas por el Estrecho de Gibraltar”, ha afirmado Ernesto Vilariño. “En esta ocasión, afortunadamente, los guardias civiles no han sufrido heridas durante su intervención, pero lo ocurrido expresa cómo ha aumentado la violencia de estas organizaciones mafiosas en sus operaciones. Seguimos reclamando la declaración de actividad peligrosa para el trabajo de los guardias civiles y la consideración de Zona de Especial Singularidad para todo el Campo de Gibraltar”, ha agregado el secretario general de JUCIL
