• En el primer trimestre se registraron 232 agresiones, lo que supone un 5% menos respecto al periodo anterior.
• "Los guardias carecen del respaldo legal y administrativo suficiente para repeler con seguridad y eficacia las agresiones, sin temor a ser sancionados o sometidos a expedientes disciplinarios”, destaca Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL.
• La asociación mayoritaria considera imprescindible la dotación de defensas extensibles individuales, pistolas eléctricas paralizantes para cada patrull, cámaras unipersonales y chalecos antibalas individuales.
26 de junio de 2025. JUCIL, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, alerta sobre los datos registrados en el primer trimestre del año, cuando se produjeron 232 agresiones a guardias civiles en toda España, lo que equivale a una media de unos tres ataques diarios.
A pesar de que esta cifra supone un descenso del 5% respecto al trimestre anterior, JUCIL insiste en que sigue siendo inaceptable que los agentes no estén reconocidos como profesión de riesgo.
De las agresiones registradas entre enero y marzo, seis fueron cometidas con armas, dos más que en el periodo precedente, lo que refuerza la preocupación por la creciente peligrosidad a la que se enfrentan los guardias civiles durante el ejercicio de sus funciones.
Además, el número de accidentes laborales sufridos por miembros del Cuerpo ascendió a 814 en el trimestre, lo que representa un incremento del 19% en comparación con los tres meses anteriores. Estos datos reflejan un entorno laboral cada vez más exigente y peligroso, tanto por las condiciones físicas como por la naturaleza de los servicios prestados.
Desde JUCIL se denuncia que mientras otros colectivos sí cuentan con el reconocimiento legal como profesiones de riesgo, los guardias civiles de clases pasivas continúan excluidos de esta categoría después de que el Tribunal Supremo dictara una sentencia que condena al Gobierno por su inacción en la regulación anticipada de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
“La sociedad exige mucho a sus guardias civiles, pero no se nos protege con justicia”, señala Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, que añade que es una injusticia institucional que debe corregirse cuanto antes, porque estamos hablando de vidas humanas puestas al servicio de todos los ciudadanos, muchas veces en condiciones precarias y sin respaldo”.
Junto a ello, lamenta que “los guardias carecen del respaldo legal y administrativo suficiente para repeler con seguridad y eficacia las agresiones, sin temor a ser sancionados o sometidos a expedientes disciplinarios”.