Ha ocurrido. No es la primera vez, pero ha vuelto a pasar. Un tripulante de una embarcación de las que habitualmente se utilizan para el narcotráfico falleció ayer tras colisionar esta lancha rápida con la patrullera Río Águeda del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. En la ‘goma’ como denominan a estas embarcaciones en el argot del entorno del tráfico de sustancias estupefacientes, viajaban cuatro personas con una importante carga de bidones de gasolina. La gran cantidad de combustible podría haber provocado una tragedia aún mayor que afortunadamente no se produjo.

La asociación profesional JUCIL denuncia, clama, grita desde hace años por la situación en la que se encuentra esta área del sur de España, donde las mafias del narcotráfico son cada vez más poderosas, sofisticadas y violentas. Los guardias civiles destinados en estas áreas de la provincia de Cádiz lo saben bien y, sin embargo, en la Administración parecen no darse por aludidos. El ministro, Fernando Grande Marlaska, ha prometido en numerosas ocasiones más medios y más personal, pero la realidad se impone. La reacción frente a la sofisticación de las mafias que trafican tanto con droga como con migrantes desde África llegará tarde, ¡cuando llegue!

Una profesión con cada vez más riesgos

JUCIL defiende para los guardias civiles la consideración de profesión de riesgo y circunstancias como las que ayer se vivieron en la desembocadura del Guadalquivir confirman esta demanda. La pérdida del principio de autoridad y la violencia con la que actúan los integrantes de las bandas que mueven las narcolanchas es cada vez mayor. Es habitual que, para evitar el abordaje, lancen las proas de estas embarcaciones sobre las que llevan los guardias civiles y, como ha ocurrido esta vez, no es el primer caso en el que la colisión tiene resultados dramáticos y, por supuesto, indeseados. JUCIL lamenta esta nueva muerte y reclama por este motivo que se dote con más y mejores medios a los guardias civiles que luchan contra el tráfico de drogas y de personas en el sur de España. Necesitamos respuestas a nuestras peticiones, porque la sensación es que los guardias civiles estamos abandonados a nuestra suerte por la Administración pública.

Incentivos

JUCIL reclama además incentivos para los guardias civiles destinados en estas áreas en las que los grupos organizados que controlan el paso de la droga actúan con métodos de creciente violencia en el que los compañeros, y sus familias, se ven señalados en ocasiones por algunos de estos clanes mafiosos. Esta asociación profesional exige para el Campo de Gibraltar la declaración de Zona de Especial Singularidad, de manera que los guardias civiles destinados en ella cuenten con incentivos económicos, al igual que los que prestan servicio en el País Vasco.

La actual situación exige que la declaración quizá deba extenderse también a otras áreas de la provincia de Cádiz como es la desembocadura del río Guadalquivir, donde los encontronazos entre los servidores del orden público y las organizaciones mafiosas son cada vez mayores. JUCIL recuerda que el comportamiento de estos grupos afecta también de una manera directa a la seguridad de los ciudadanos, ya que estas narcolanchas navegan a toda velocidad y, en numerosas ocasiones, con maniobras casi suicidas para evitar ser intervenidas por los miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.