JUCIL ha logrado el compromiso del Partido Popular de que promoverá la comisión de investigación en el Parlamento que esta asociación profesional había reclamado para que se depuren las responsabilidades políticas derivadas del asesinato de dos guardias civiles el 9 de febrero pasado en el puerto de Barbate. La Justicia se ocupa de los responsables penales de este crimen, pero los responsables de que nuestros compañeros iniciaran una misión casi suicida para identificar narcolanchas a bordo de una paupérrima embarcación merecen una sanción. El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, acompañado por el secretario de Comunicación, Agustín Leal, se han reunido hoy 3 de abril con las diputadas del Partido Popular Ana Vázquez, Gema Pérez e Irene Garrido.

Ana Vázquez, diputada y miembro de la Comisión de Interior en el Congreso, se ha comprometido en lograr la puesta en marcha de una comisión de investigación que determine si existen responsabilidades en la inacción de la Administración, “Agradecemos la disposición del principal partido de la oposición para que este trágico resultado no quede en el olvido”, ha manifestado Ernesto Vilariño tras el encuentro.

Somos también acusación particular

JUCIL, personada como acusación particular en la causa contra los hasta ahora investigados como autores de este doble asesinato, confía en que el PP mantenga la disposición expresada hoy, sobre todo tras conocer detalles incorporados en el sumario “que pueden generar una enorme inquietud y zozobra en todos los guardias civiles, ante la sensación de indefensión que muchos sienten frente a la actitud cada vez más violenta de las mafias que controlan el tráfico de estupefacientes y de inmigrantes en el Estrecho” ha dicho Vilariño, tras concluir la reunión en la que han participado además Gema Pérez e Irene Garrido diputadas de la comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Queremos que se sepa toda la verdad

JUCIL afirma que resulta imprescindible que las familias de los fallecidos, los miles de compañeros de Guardia Civil y la sociedad en general conozcan las comunicaciones que se sucedieron el día de la tragedia entre la comandancia de la Guardia Civil en Cádiz con la subdelegación del Gobierno en Cádiz, así como con el Servicio de Vigilancia Aduanera. Según Vilariño, “Se requiere valentía política para una comisión que debe repasar unos hechos incómodos y llamar a declarar a mandos militares, pero sobre todo a políticos, como el subdelegado del Gobierno en Cádiz, el director de la Guardia Civil o el propio ministro del Interior”.